La inmigración también envejece: el debate que España sigue sin abordar

Se ha instaurado en la sociedad un debate sobre los flujos migratorios y, casi exclusivamente, en torno a su papel como motor económico, y la necesidad para cubrir determinados puestos de trabajo, para suplir el envejecimiento de la población, incorporar nuevos cotizantes a la Seguridad Social, etc.etc.

Sin embargo, hay una realidad que apenas ocupa espacio en ese debate: la población inmigrante también envejece, y lo hace a un ritmo cada vez más acelerado.

Un estudio reciente de Funcas señala que en 2025 el 22 % de la población inmigrante residente en España tiene 55 años o más y concluye que la inmigración actúa como un factor de amortiguación del envejecimiento, pero no constituye por sí sola una solución estructural.

El Estado necesita inmigración para sostener el sistema de pensiones. Basta observar la evolución del mercado laboralpara comprobar la enorme aportación que realizan millones de trabajadores extranjeros a la economía y a la Seguridad Social, como cotizantes de nuestro sistema.

Ahora bien, si analizamos la inmigración desde la perspectiva del número, y no de otros factores como su edad, su cualificación profesional. Su incorporación al mercado laboral y su permanencia en España, nos faltaría analizar la composición de las unidades familiares que se establece en el pais. Y este aspecto merece una atención especial

La legislación reconoce el derecho a la reagrupación familiar. Principio legítimo que protege la unidad de las familias y que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico. En ese momento la unidad de análisis deja de ser una persona y pasa a ser una familia

Porque junto al trabajador pueden incorporarse el cónyuge, hijos menores, y en determinados supuestos, familiares de mayor edad. Presentando cada uno de ellos una realidad diferente.

De hecho, el estudio de Funcas sobre los límites de la inmigración `pàra el ajuste demográfico arroja una cifra contundente: entre 2021 y 2024 llegaron a España 558.000 personas con 55 años o más. Este flujo de reagrupación familiar introduce un perfil demográfico que no se incorpora de manera activa al mercado de trabajo, sino que pasa a depender de manera directa del paraguas de cobertura de los servicios públicos del Estado y en el ámbito laboral puede ser muy diferente en función de la edad, la formación o la situación familiar, lo que hace necesario evaluar su impacto demográfico y económico a medio plazo

No se trata de cuestionar ninguno de esos derechos Uno de los vectores políticos y sociales que más acelera esta transformación estructural es la reagrupación familiar, un derecho gestionado bajo las directrices del Ministerio de Inclusion, Seguridad Social y Migraciones. A medida que los proyectos migratorios se consolidan en el territorio tras años de arraigo, se incrementa de forma natural la tramitación para traer a los progenitores (ascendientes). 

El envejecimiento de la población (tanto nativa como extranjera) altera por completo la balanza fiscal del Estado del bienestar. Las necesidades presupuestarias cambian radicalmente al desplazarse la pirámide hacia tramos de edad avanzada, impactando con especial dureza en tres áreas: 

1. El gasto sanitario por habitante se mantiene bajo durante la juventud y se dispara exponencialmente a partir de los 55 años debido a la cronicidad. Si tomamos como referencia el gasto sanitario medio en España, la distribución por tramos de edad evidencia el esfuerzo presupuestario para las Comunidades Autónomas:

Tramo de Edad	Gasto Anual Estimado por Habitante	Multiplicador del coste
Adultos (20-44 años)	~1.100 € - 1.300 €	Línea de base del sistema
Punto de Inflexión (55-64 años)	~2.400 €	Se duplica respecto al tramo joven
Tercera Edad (65-74 años)	~3.800 €	Se triplica (gasto intensivo en farmacia)
Mayores de 75 años	> 5.500 €	Se cuadruplica o quintuplica la base

https://www.airef.es/es/sostenibilidad/ 

https://www.bde.es/wbe/es/publicaciones/

Cuando el sistema nacional de salud asume de forma universal a ciudadanos reagrupados de edad avanzada, pasa a absorber directamente la etapa de máximo coste diario e inversión farmacéutica, sin haber desarrollado necesariamente una carrera completa de cotización en España.

 2. La reagrupación de ascendientes añade una presión directa sobre un mercado inmobiliario ya fuertemente tensionado en las grandes áreas urbanas. Al incorporar a los mayores en hogares donde habitualmente conviven ya padres e hijos en edad escolar, aumentan los índices de densidad habitacional por metro cuadrado. Esto incrementa la demanda potencial de vivienda y de determinados servicios sociales y multiplica la demanda de servicios de asistencia comunitaria, ayudas al alquiler y viviendas de protección social específicas para la tercera edad. 

3. En su reciente Estudio sobre la Regla de Gasto de las Pensiones de la AiReF, la Autoridad Independiente advierte que el mero incremento poblacional a través de flujos migratorios no garantiza la sostenibilidad financiera a largo plazo. La AIReF destaca que la presión sobre el gasto en pensiones, sanidad y dependencia terminará tensionando los niveles de deuda pública si las oleadas de población activa no se acompañan de un cambio estructural en la productividad y en la convergencia de rentas de los hogares de origen extranjero. 

Tres preguntas que inevitablemente habría que realizar:

¿Conocemos la edad media de los familiares reagrupados? ¿Sabemos cuántos trabajan? ¿Existe un estudio oficial que analice su impacto económico veinte años después? Me temo que no.

La inmigración ha funcionado como un factor de amortiguación indispensable que ha retrasado el invierno demográfico en España, pero no es una cura mágica. Los inmigrantes que llegaron jóvenes a principios de siglo hoy rozan los 60 años, reproducen con rapidez las bajas tasas de natalidad del país de acogida y comienzan a demandar las mismas coberturas de jubilación y cuidados que la población nativa. 

El verdadero desafío de la próxima década para las administraciones públicas no será únicamente vigilar la cifra mensual de afiliados a la Seguridad Social, sino redimensionar los presupuestos de salud, dependencia y servicios sociales para gestionar con éxito una sociedad envejecida y multicultural.