Entre titulares y suplentes

Las políticas sociales se juegan en el campo

Vivimos en una permanente campaña preelectoral donde las grandes proclamas, están construidas con promesas, discursos grandilocuentes y, por supuestos, eslóganes construidos al objeto de ocupar titulares. Y en esta precampaña habrá partidos que hablarán de vivienda, sanidad, educación, dependencia y políticas sociales.

Como espectadores de un encuentro de futbol, vaya por delante que no soy un aficionado como tal a este deporte del balompié, salvo cuando juega mi Athletic de Bilbao. Como decía, como espectador, estamos atentos a que jugador participa de una jugada decisiva que allana el camino para ganar el partido, y quien permanece en el banquillo, comentando lo que hacen los jugadores titulares.

Estos dias los medios nos han informado un gran acuerdo para Euzkadi. El Estado financiará el 50% del gasto del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia en Euzkadi.

lLa aportación estatal alcanzará los 280,4 millones de euros en 2026 y ascenderá hasta los 407,2 millones en 2027, frente a los 153,3 millones recibidos en 2024. Estamos hablando, por tanto, de cerca de cerca de 250 millones de euros adicionales al año respecto a la financiación de hace apenas unos ejercicios.

Consecuencia de ello se verán reforzados los recursos destinados a atender a personas dependientes, sostener servicios de ayuda a domicilio. Incrementar y financiar plazas residenciales, reforzar centros de día, apoyar a las familias cuidadoras y responder al progresivo envejecimiento de nuestra sociedad. En definitiva, reforzar las políticas sociales construidas desde nuestras instituciones.

Como todo acuerdo, no ha sido cuestión de un día, sino después de un proceso de negociación iniciado el pasado año. Acuerdo adoptado por unanimidad en la Comisión Mixta del Concierto Económico, incorporando al marco bilateral del Concierto la aportación estatal, reforzando su seguridad al albor de futuros cambios legislativos o de voluntades políticos de los distintos ejecutivos que gobiernen el Estado.

Deberíamos situar el eje de estos acuerdos, la figura del Lehendakari Imanol Pradales y el equipo de negociación del Gobierno Vasco que ha sabido utilizar las herramientas del autogobierno Vasco en resultados concretos para la ciudadanía, ya que el liderazgo consiste en eso: formar un equipo, señalar el camino y conseguir que las instituciones alcancen objetivos tangibles.

Hay quienes observan el partido desde el banquillo impartiendo lecciones teóricas sobre cómo debería darse un pase o cuál debería ser la mejor posición sobre el terreno de juego. Después, cuando termina el encuentro, saltan al césped para felicitarse del resultado.

Frente a quienes pretenden presentar al Gobierno Vasco como falto de iniciativa o instalado en la mera administración de lo existente, los hechos ofrecen una imagen diferente. La negociación desarrollada por el Ejecutivo de Pradales ha conseguido elevar sustancialmente la financiación estatal de la dependencia y, además, protegerla dentro del Concierto Económico.

Como decíamos anteriormente, el jugador suplente, y no quiero citar nombres que a todos nos viene a la cabeza, continúa tratando de apropiarse del discurso de las políticas sociales, como si mencionar reiteradamente la vivienda, la sanidad pública, los cuidados o la desigualdad fuese suficiente para acreditar una supuesta superioridad social.

Volviendo al símil futbolístico, una cosa es dibujar en una pizarra las distintas jugadas posibles, construir un relato de fácil digestión, y otra muy distinta asumir la responsabilidad de estar en el campo y llevar a cabo los objetivos marcados. En definitiva, gobernar.

Seguiremos hablando de “prioridades nacionales” y “prioridades sociales”, intentando enfrentar ambos modelos. Pero la realidad nos enseña que uno de los principales instrumentos para desarrollar policitas sociales se basa en la capacidad de nuestro autogobierno

En las próximas semanas y meses escucharemos nuevamente que existen dos modelos enfrentados: quienes representan las denominadas “prioridades sociales” y quienes supuestamente están más preocupados por las llamadas “prioridades nacionales”.

Y una de las herramientas al servicio de la ciudadanía vasca es el Concierto Económico, que permite negociar bilateralmente, proteger los intereses de Euzkadi y conseguir mas recursos para mejorar la vida de las y los vascos. Y en esa negociación los 407 millones de euros que recibirá Euzkadi en 2027 son una demostración tangible y palpable.

El Gobierno de Imanol Pradales está jugando ese partido. Puede acertar o equivocarse, y deberá ser juzgado por sus resultados. Pero en esta ocasión ha logrado un acuerdo que supone más financiación, mayor estabilidad y una garantía reforzada para uno de los pilares fundamentales de nuestro sistema de bienestar.

Y es labor de la oposición controlar al Gobierno, señalar sus errores y presentar alternativas. Es su función democrática para la cual ha sido elegida. Pero también resulta legitimo recordar quien, en este partido de futbol, asume el rol de capitán, y que jugadores están situados en el terreno de juego, que, a su vez, deben asumir la responsabilidad de ganar el partido. De convertir las propuestas en decisiones.

Otros, mientras tanto, continúan calentando en la banda, esperando que llegue la campaña electoral para presentarse ante la ciudadanía como los verdaderos defensores de las políticas sociales. Sin embargo, las políticas sociales no se miden por la intensidad de los aplausos al final del partido. Se miden en presupuestos, servicios, profesionales y atención a las personas.

Y se miden en acuerdo como el alcanzado esta semana.

 

 

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La política útil desarma los eslóganes. 

Y la gestión convierte los proyectos en viviendas

Cuando hablamos de vivienda, y no se la primera vez que, en este blog, que citamos este problema que acucia a la mayoría de la ciudadanía vasca, es necesario hacernos eco de la información que dedica El Correo Español al inicio de la construcción de 73 viviendas en Loiu.

Es la culminación de una gestión y una colaboración institucional de un proceso urbanístico bloqueado durante años, y que, después de, como decimos, trabajos constantes por parte del Ayuntamiento de Loiu presidido desde hace once años por Josu Andoni Begoña (EAJ-PNV) revalidando la confianza mayoritaria de sus vecinos durante ese tiempo, han hecho posible que proyectos terminen convirtiéndose en realidades, después de que superar limitaciones derivadas de las servidumbres aeronáuticas y acústicas haya obtenido el visto bueno de distintos organismos estatales.

 Lo mas sencillo seria quedarnos con el dato, con la noticia, de que las 73 viviendas, promovidas por Amenábar, serán viviendas libres con un coste de 325.000 euros. Pero eso no seria comprender la verdadera dimensión de la operación.

Ese es el titular de la información, con un gran despliegue tipográfico. Sin embargo, queda relegado al final aquello que realmente afectará a la ciudadanía vasca en el corto y medio plazo.

Como decimos, lo realmente importante aparece al final de la información. El desarrollo urbanístico permitirá generar un importante patrimonio público de suelo. Tanto le Ayto. de Loiu como la Diputación Foral de Bizkaia cederán parte de estos terrenos para la construcción de vivienda pública en régimen de alquiler, incrementando así el parque público residencial y ofreciendo nuevas oportunidades de acceso a la vivienda para quienes más lo necesiten

Durante años resultó mucho más fácil prometer viviendas que hacer posible su construcción. Sin embargo, detrás de cada promoción existe un trabajo silencioso que pocas veces ocupa titulares: modificaciones del planeamiento, informes técnicos, negociaciones entre administraciones y una enorme perseverancia para resolver problemas que parecían enquistados.

Mientras otros municipios son remisos, cuando no contrarios, a la cesión de suelo público, Loiu constituye un buen ejemplo de trabajo para favorecer el desarrollo de promociones públicas. Después de décadas de parálisis urbanística, por motivos ajenos, pero con trabajo tendente a desbloquear planeamientos, edificando consensos entre administraciones, el municipio vuelve a construir viviendas y, al mismo tiempo, sienta las bases para ampliar el parque público de alquiler mediante la colaboración entre Ayuntamiento, Diputación y Gobierno Vasco.

En diversas ocasiones nos hemos hecho eco de planes, proyectos destinados a generar debate público, o, quizás mejor, ruido electoral. Anuncios de miles de viviendas en diez años, presentaciones internacionales para rellenar papel y medios gráficos.

La política de vivienda no empieza cuando se entrega la llave de una casa. Empieza muchos años antes, cuando una administración es capaz de generar suelo, desbloquear planeamientos y trabajar con otras instituciones para que las viviendas, públicas y privadas, dejen de ser una promesa y se conviertan en una realidad.

Sin embargo, las y los ciudadanos vascos necesitan proyectos que se ejecuten ahora. No dentro de una década. Y cuando observen que las grúas empiecen a levantarse, como en el caso de Loiu, tendrán la certeza de que los proyectos dejan de ser tales, para pasar a ser realidades tangibles.

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No hay bienestar sin capacidad de decidir

El secretario general del PSE, Eneko Andueza, durante la reunión del Comité nacional de su partido, en declaraciones efectuadas reivindico un proyecto basado en el fortalecimiento de los servicios públicos, la vivienda, el empleo y las políticas sociales. Lo que el denomina “prioridad social”, en contraposición con lo que para su socio de gobierno, EAJ-PNV, dice ser “prioridad nacional”, sin más argumentos que el slogan.

Nuevamente nos encontramos que un socio de gobierno, necesita marcar perfil propio, más en modo preelectoral que real. Y para ello abre un debate artificial que plantea una cuestión de calado como es la incompatibilidad entre ambas prioridades.

Acusa a EAJ-PNV, repetimos, su socio de gobierno, de “coqueteos” con una agenda nacionalista con propuestas fiscales de “sesgo neoliberal”, situándose en debates identitarios en lugar de en la mejora de la vida cotidiana de la ciudadanía vasca.

Desde su posición “socialdemócrata” es un planteamiento legítimo, aunque bastante superficial. Ya que la experiencia, en Euzkadi, demuestra a lo largo de décadas, el desarrollo de políticas sociales ha sido posible gracias a un mayor grado de autogobierno, con ejecutivos presididos por EAJ-PNV, en coalición con otras fuerzas políticas.

Como socio de gobierno, como integrante del Gobierno Vasco, el propio PSE conoce que cada transferencia asumida amplía la capacidad de las instituciones vascas para diseñar políticas públicas adaptadas a su realidad. Cuanto mayor es el grado de autogobierno, mayores son las herramientas para diseñar políticas sociales. 

Establecer consensos, y hacer cumplir una ley cual es el Estatuto de Gernika, supone negociar traspasos de transferencias que permitan establecer dinámicas para que la ciudadanía mantenga el estado de bienestar del que ahora mismo goza.

Basta observar la evolución del autogobierno vasco durante las últimas décadas para comprobar que competencias como la sanidad, la educación, las políticas activas de empleo, la protección social o la gestión de la RGI han permitido desarrollar un modelo propio que, con sus aciertos y sus carencias, presenta indicadores sociales superiores a la media estatal en numerosos ámbitos.

El propio presidente del EBB, Aitor Esteban, calificó las declaraciones de Andueza de “puro teatro” y las interpretó como un intento de marcar perfil político en el inicio de un nuevo ciclo electoral, pero, incluso EH Bildu, tampoco comparte el planteamiento presentado por el Sr. Andueza

El PSE-EE necesita reforzar un perfil propio dentro del Gobierno Vasco y diferenciarse de su socio principal. Es una estrategia habitual en los gobiernos de coalición cuando comienza a aproximarse una etapa electoral. Y, quizás por ese motivo, el Sr. Andueza, de vez en cuando intente distinguir su discurso de su socio en el gobierno.

En declaraciones de Mertxe Aizpurua, portavoz de la coalición EH Bildu en el Congreso, calificó de “falsa dicotomía” contraponer prioridad nacional y prioridad social. Para EH Bildu el fortalecimiento de los derechos sociales son consecuencia de un mayor reconocimiento nacional.

Dos formaciones políticas que, a su vez, mantienen profundas discrepancias sobre el modelo institucional de Euzkadi, pero que representan a una amplísima mayoría de la ciudadanía vasca, coinciden en rechazar esa incompatibilidad entre agenda nacional y agenda social. No en vano, Euzkadi lleva demostrado, como decíamos, décadas de que ambas dimensiones pueden avanzar de forma paralela.

Una agenda nacional en aras a fortalecer nuestra capacidad de gestión sobre los recursos públicos, mejoras en el Concierto Económico o del Cupo, etc.etc. permite a Euzkadi disponer de instrumentos financieros propios para establecer políticas adaptadas a la realidad del entorno, a la realidad de la ciudadanía vasca.

La “prioridad nacional”, el fortalecimiento del autogobierno, no constituye necesariamente un fin en sí mismo. Es precisamente el instrumento que permite construir una sociedad con mayores cotas de bienestar, igualdad y cohesión social.

La prioridad nacional no compite con la prioridad social. La hace posible. Pero sin capacidad para decidir, tampoco existe capacidad para desarrollar políticas sociales propias.

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La RGI no está en cuestión; su gestión, sí.

Hoy, los medios de comunicación se han hecho eco de una información según la cual, el Servicio Vasco de Empleo, Lanbide, se ha visto obligado a remitir mas de 41.400 notificaciones mediante el Boletín Oficial del País Vasco, como último recurso al no haber conseguido localizar por los cauces ordinarios a miles de afectados durante el último año.

Añadamos un dato: A pesar de la publicación, apenas el 1,13% de los aludidos acude a una oficina a recoger su notificación en los cinco días hábiles de plazo legal. Y, lo preocupante es que hay una tendencia al alza, ya que en 2022 y 2023 la cifra de expedientes no entregados se mantenía por debajo de los 40.000 anuales. Sin embargo, a lo largo del 2025 se rozaron los 75.000 requerimientos fallidos.

El número de avisos no entregados supera el total de personas que perciben la ayuda, ya que en el último ejercicio cerrado el número de titulares de la RGI se situó en 71.807 personas (esto indica que sobre un mismo beneficiario pueden recaer múltiples avisos sin contestar).

Estas comunicaciones, su contenido esta relacionados directamente con el mantenimiento y regularización de la prestación: Aproximadamente un tercio de los avisos corresponde a expedientes y reintegros por medio de los cuales Lanbide reclama la devolución de importes económicos que han sido indebidamente, en su cuantía, a los titulares

Según la información publicada, el resto son expedientes sancionadores que conllevan suspensión temporal o extinción definitiva del derecho a percibir RGI. Ya que una de las condiciones indispensables, por ley, para cobrar esta prestación es estar localizable y empadronado correctamente.

¿Cuáles pueden ser los motivos que lleven a un beneficiario a no responder a los requerimientos? Pues pueden ser varios: Descuidos administrativos, cambios de vivienda no informados, no actualización del padrón o simplemente, o incluso situaciones que pudieran esconder irregularidades, extremo que únicamente puede determinar la propia Administración tras la correspondiente comprobación

Simplemente estos datos deberían haber provocado la comparecencia inmediata de los responsables políticos, en este caso del Consejero Javier Hurtado Mendoza y del director de Lanbide Francisco Moreno Pedraza. Cuando el mismo dia que salta esta información el director general de Lanbide hace declaraciones valorando positivamente las reformas impulsadas desde tres años atrás, reforzando los sistemas de control para evitar fraudes y reducir los indebidos, que, según el mismo añade, han caído a la mitad en un año. Incomprensible estas declaraciones si nos atenemos a sus resultados.

No estamos hablando de un trámite administrativo cualquiera. Estamos hablando del principal instrumento de protección social del Gobierno Vasco, financiado con dinero público y cuya correcta gestión constituye una obligación irrenunciable de cualquier administración seria.

Si se confirman estas informaciones dadas por los medios de comunicación, nos lleva a deducir que las costuras de una administración publica y moderna, en cuanto al Servicio Vasco de Empleo, es, cuando menos, deficiente y nos obliga a establecer algunas preguntas:

¿Qué mecanismos de seguimiento existen realmente?

¿Cuánto tiempo permanecen estos expedientes sin actualizar?

¿Cuántos corresponden simplemente a cambios de domicilio y cuántos esconden otras irregularidades?

¿Cuántos expedientes han terminado suspendidos? ¿Cuántos se han extinguido? ¿Cuántos continúan pagando prestaciones mientras la Administración ni siquiera consigue comunicarse con sus titulares?

Y no para alimentar discursos populistas, donde el racismo y la xenofobia encuentran su ámbito ideal, ya que seria profundamente injusto convertir en sospechosos a miles de personas sin conocer sus circunstancias personales. Lo que está claro es que esconder un problema administrativo de estas dimensiones bajo el silencio institucional es la peor solución.

La excelencia en la transparencia de cualquier administración pública, y ciñéndonos a este caso en concreto, exige conocer cuántas personas distintas están realmente afectadas, por qué no pudieron ser localizadas, qué porcentaje representa sobre el conjunto de perceptores, cuántos expedientes derivaron en suspensión o devolución de prestaciones, y qué medidas piensa adoptar Lanbide para evitar que esta situación vuelva a repetirse.

La RGI constituye uno de los pilares del modelo de protección social vasco. Cuando una Administración no consigue localizar a miles de perceptores de una prestación pública, no basta con publicar anuncios en el BOPV. Debe ofrecer respuestas. Y esas respuestas, por respeto a la ciudadanía, deberían darse donde corresponde: en el Parlamento Vasco.

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La inmigración también envejece: el debate que España sigue sin abordar

Se ha instaurado en la sociedad un debate sobre los flujos migratorios y, casi exclusivamente, en torno a su papel como motor económico, y la necesidad para cubrir determinados puestos de trabajo, para suplir el envejecimiento de la población, incorporar nuevos cotizantes a la Seguridad Social, etc.etc.

Sin embargo, hay una realidad que apenas ocupa espacio en ese debate: la población inmigrante también envejece, y lo hace a un ritmo cada vez más acelerado.

Un estudio reciente de Funcas señala que en 2025 el 22 % de la población inmigrante residente en España tiene 55 años o más y concluye que la inmigración actúa como un factor de amortiguación del envejecimiento, pero no constituye por sí sola una solución estructural.

El Estado necesita inmigración para sostener el sistema de pensiones. Basta observar la evolución del mercado laboralpara comprobar la enorme aportación que realizan millones de trabajadores extranjeros a la economía y a la Seguridad Social, como cotizantes de nuestro sistema.

Ahora bien, si analizamos la inmigración desde la perspectiva del número, y no de otros factores como su edad, su cualificación profesional. Su incorporación al mercado laboral y su permanencia en España, nos faltaría analizar la composición de las unidades familiares que se establece en el pais. Y este aspecto merece una atención especial

La legislación reconoce el derecho a la reagrupación familiar. Principio legítimo que protege la unidad de las familias y que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico. En ese momento la unidad de análisis deja de ser una persona y pasa a ser una familia

Porque junto al trabajador pueden incorporarse el cónyuge, hijos menores, y en determinados supuestos, familiares de mayor edad. Presentando cada uno de ellos una realidad diferente.

De hecho, el estudio de Funcas sobre los límites de la inmigración `pàra el ajuste demográfico arroja una cifra contundente: entre 2021 y 2024 llegaron a España 558.000 personas con 55 años o más. Este flujo de reagrupación familiar introduce un perfil demográfico que no se incorpora de manera activa al mercado de trabajo, sino que pasa a depender de manera directa del paraguas de cobertura de los servicios públicos del Estado y en el ámbito laboral puede ser muy diferente en función de la edad, la formación o la situación familiar, lo que hace necesario evaluar su impacto demográfico y económico a medio plazo

No se trata de cuestionar ninguno de esos derechos Uno de los vectores políticos y sociales que más acelera esta transformación estructural es la reagrupación familiar, un derecho gestionado bajo las directrices del Ministerio de Inclusion, Seguridad Social y Migraciones. A medida que los proyectos migratorios se consolidan en el territorio tras años de arraigo, se incrementa de forma natural la tramitación para traer a los progenitores (ascendientes). 

El envejecimiento de la población (tanto nativa como extranjera) altera por completo la balanza fiscal del Estado del bienestar. Las necesidades presupuestarias cambian radicalmente al desplazarse la pirámide hacia tramos de edad avanzada, impactando con especial dureza en tres áreas: 

1. El gasto sanitario por habitante se mantiene bajo durante la juventud y se dispara exponencialmente a partir de los 55 años debido a la cronicidad. Si tomamos como referencia el gasto sanitario medio en España, la distribución por tramos de edad evidencia el esfuerzo presupuestario para las Comunidades Autónomas:

Tramo de Edad	Gasto Anual Estimado por Habitante	Multiplicador del coste
Adultos (20-44 años)	~1.100 € - 1.300 €	Línea de base del sistema
Punto de Inflexión (55-64 años)	~2.400 €	Se duplica respecto al tramo joven
Tercera Edad (65-74 años)	~3.800 €	Se triplica (gasto intensivo en farmacia)
Mayores de 75 años	> 5.500 €	Se cuadruplica o quintuplica la base

https://www.airef.es/es/sostenibilidad/ 

https://www.bde.es/wbe/es/publicaciones/

Cuando el sistema nacional de salud asume de forma universal a ciudadanos reagrupados de edad avanzada, pasa a absorber directamente la etapa de máximo coste diario e inversión farmacéutica, sin haber desarrollado necesariamente una carrera completa de cotización en España.

 2. La reagrupación de ascendientes añade una presión directa sobre un mercado inmobiliario ya fuertemente tensionado en las grandes áreas urbanas. Al incorporar a los mayores en hogares donde habitualmente conviven ya padres e hijos en edad escolar, aumentan los índices de densidad habitacional por metro cuadrado. Esto incrementa la demanda potencial de vivienda y de determinados servicios sociales y multiplica la demanda de servicios de asistencia comunitaria, ayudas al alquiler y viviendas de protección social específicas para la tercera edad. 

3. En su reciente Estudio sobre la Regla de Gasto de las Pensiones de la AiReF, la Autoridad Independiente advierte que el mero incremento poblacional a través de flujos migratorios no garantiza la sostenibilidad financiera a largo plazo. La AIReF destaca que la presión sobre el gasto en pensiones, sanidad y dependencia terminará tensionando los niveles de deuda pública si las oleadas de población activa no se acompañan de un cambio estructural en la productividad y en la convergencia de rentas de los hogares de origen extranjero. 

Tres preguntas que inevitablemente habría que realizar:

¿Conocemos la edad media de los familiares reagrupados? ¿Sabemos cuántos trabajan? ¿Existe un estudio oficial que analice su impacto económico veinte años después? Me temo que no.

La inmigración ha funcionado como un factor de amortiguación indispensable que ha retrasado el invierno demográfico en España, pero no es una cura mágica. Los inmigrantes que llegaron jóvenes a principios de siglo hoy rozan los 60 años, reproducen con rapidez las bajas tasas de natalidad del país de acogida y comienzan a demandar las mismas coberturas de jubilación y cuidados que la población nativa. 

El verdadero desafío de la próxima década para las administraciones públicas no será únicamente vigilar la cifra mensual de afiliados a la Seguridad Social, sino redimensionar los presupuestos de salud, dependencia y servicios sociales para gestionar con éxito una sociedad envejecida y multicultural.

 

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La botella medio llena o medio vacía: cuando el relato pesa más que la noticia

La forma de informar una misma noticia puede dar lugar a titulares radicalmente diferentes. Todo depende del enfoque que se quiera dar dejando libertad al lector para que los interprete.

Y es lo que a sucedido con la resolución del TC sobre la Ley de Empleo Público Vasco.

Recordemos: El Tribunal Constitucional ha inadmitido la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el TSJPV respecto a un apartado de la Ley de Empleo Público, El Tribunal Constitucional decidió no admitir la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el TSJPV al considerar que éste puede resolver el recurso sin necesidad de un pronunciamiento previo del propio Constitucional.

El Gobierno Vasco calificó la decisión como una buena noticia al entender que fortalece la seguridad jurídica del modelo de perfiles lingüísticos. Tanto el Gobierno Vasco como EAJ-PNV realizaron valoraciones en ese sentido. Incluso EH Bildu a través de Josu Aztiria calificando de una muy noticia.

Pero, parece ser, que la alegría va por barrios, ya que el editorial de Gara, firmado por Iñaki Iriondo rebaja las expectativas dando un titular “el TC reprocha al TSJPV" que puede darle la razón a Vox sin acudir a él”.

Si bien, jurídicamente, es cierto que el procedimiento continúa, convertir esa hipótesis en el eje de la información traslada al lector una percepción distinta de la resolución. Y es aquí donde referimos la botella medio llena, medio vacía. Los hechos son los mismos, pero es el relato el que cambia

Unos destacan que el Constitucional no ha considerado necesario intervenir en este momento. Otros prefieren centrar la atención en la posibilidad de que el TSJPV pueda, en el futuro, estimar el recurso de Vox.

Otros prefieren dirigir la mirada hacia un escenario, más desfavorable posible, argumentando que el TSJPV todavía podría estimar parcialmente el recurso presentado por Vox.

Como comentábamos al comienzo resulta especialmente llamativo que representantes de EH Bildu calificasen públicamente la decisión del TC como una buena noticia, el editorial de su diario de referencia opte por enviar un mensaje de incertidumbre dejando en al aire una posibilidad de una futura victoria judicial de Vox.

No se trata de cuestionar la línea editorial de un medio de comunicación. Está en su legítimo derecho de interpretar la actualidad desde la perspectiva que considere oportuna. Pero sí conviene recordar que los titulares rara vez son neutrales. Un titular nunca es inocente. Antes incluso de comenzar la lectura, ya está orientando al lector sobre qué debe considerar importante y desde qué perspectiva debe interpretar los hechos.

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El euskera crece cuando convence

Las recientes declaraciones de ELA-STV y de su secretario general, Mitxel Lakuntza, anunciando que el sindicato utilizará exclusivamente el euskera en las mesas de negociación colectiva a partir del próximo mes de septiembre, vuelve a generar discusión si la mejor forma de apoyar el euskera es la imposición en lugar del convencimiento.

Si a ello unidos la exigencia de que el Consejo de Relacion es Laborales (CRL) dote de traductores e interpretes de dichas reuniones, vuelve a abrir un debate que va mas allá del ámbito sindical. Y pone en cuestión cual es la mejor estrategia para avanzar en su normalización

Patrimonializar la defensa del euskera con decisiones que no invitan a su conocimiento no es el mejor de los medios. Hay que partir de una premisa fundamental; el euskera constituye un patrimonio común de nuestra sociedad y su promoción y fortalecimiento son objetivos absolutamente legítimos.

Ha costado décadas, partiendo de épocas anteriores de retroceso, en que las instituciones vascas y la propia sociedad llevan realizando un esfuerzo enorme en la recuperación de espacios de uso de nuestra lengua. La enseñanza, los euslkategis, administración pública, etc. etc. y, por supuesto, la implicación de miles de ciudadanos, ha hecho posible que el euskara haya ganado presencia y prestigio social. Y es necesario que este camino siga asi.

Precisamente por eso resulta necesario preguntarse si todas las estrategias contribuyen realmente a ese objetivo.

Partiendo de la base de que el derecho de cualquier persona a expresarse en euskera debe ser respetado, debemos ser conscientes que en Euzkadi contamos dos lenguas oficiales. El objetivo no puede consistir en sustituir una imposición por otra. Si durante décadas el euskera sufrió una posición de inferioridad frente al castellano, la respuesta no puede ser reproducir ese mismo esquema en sentido inverso. La igualdad entre ambas lenguas exige garantizar el derecho a utilizar cualquiera de ellas sin convertir esa elección en un obstáculo para el diálogo. Ya sufrimos, y seguimos sufriendo, esa discriminación durante muchos años, del castellano con respecto al euskara.

El proceso de euskaldunización de la sociedad, ha sido mediante el convencimiento. No mediante la imposición.

Con respecto a las declaraciones del secretario general de ELA, una negociación colectiva tiene como objetivo concreto el de alcanzar acuerdos entre trabajadores y empresas. La comunicación y el consenso es en elemento esencia para que cualquier negociación llegue a buen puerto

Reclamar recursos de traducción puede ser una vía razonable para facilitar el uso del euskera allí donde resulte necesario. Otra cuestión distinta es convertir la ausencia de esos medios en un elemento de bloqueo o confrontación.

Cuando una organización anuncia que utilizará exclusivamente el euskera, aun siendo consciente de que algunos de los interlocutores pueden no comprenderlo, (empresas de implantación estatal o internacional) el idioma deja de ser un instrumento de comunicación para convertirse, inevitablemente, en el centro del conflicto. El debate ya no gira sobre salarios, condiciones laborales o derechos de los trabajadores, sino sobre la lengua utilizada durante la negociación.

No es valida cualquier iniciativa para reforzar la presencia del euskera, cuando puede servir al discurso de quienes lo presentan como elemento de confrontación n o exclusión. En Euzkadi necesitamos fortalecer la euskaldunizacion desde el convencimiento.

Quienes comenzamos a aprender euskera en los años setenta y quienes, décadas después, hemos vuelto a las aulas con más de setenta años cumplidos, no lo hicimos porque nadie nos obligara. Lo hicimos porque entendimos que el euskera forma parte de nuestra identidad y de nuestro patrimonio colectivo. Esa sigue siendo la mejor prueba de que el convencimiento transforma mucho más que cualquier imposición.

La normalización lingüística no puede construirse únicamente sobre derechos; también necesita pedagogía, complicidad y aceptación social. Las lenguas no se fortalecen porque se impongan, sino porque cada vez más personas descubren que merece la pena utilizarlas.

La verdadera fortaleza del euskera reside en conseguir que cada día haya más ciudadanos que quieran hablarlo. Porque una lengua vive cuando convence. Y ese sigue siendo el mejor camino para garantizar su futuro.

 

 

 

 

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Cuando la corrupción se utiliza para blanquear a ETA

"Al PNV le molesta más citarle a Agirre que acusarle de apartheid lingüístico" Con este titular nos sorprendía el día 7, en Gara, Iñaki Iriondo. Y dentro de su argumentación, por mucho que su intención sea vestirlo de análisis político, retrata a quien la formula conteniendo afirmaciones que merece una reflexión mas profunda. Y no, no por la crítica, legítima por otra parte, a EAJ-PNV, sino por el razonamiento empleado.

 Sostiene, como parte de su argumentario, que “cientos de miles de vascos y vascas”, Militantes de ETA”, se han sacrificado mas por Euskal Herria que los condenados por distintos casos de corrupción vinculados al PNV, citando algunos de ellos.

Decir “…. para cientos de miles de vascos y vascas los militantes de ETA se han sacrificado y han hecho más por Euskal Herria……” supone cruzar una linea ética de enorme gravedad, Y nos retrotrae a tiempos pasados de infaustos recuerdos, sumidos en años de violencia que, Al introducir esa afirmación sin matización ni distancia crítica, termina otorgándole una legitimidad política que resulta profundamente inquietante 

Intentar poner en una balanza hechos de corrupción, personas vinculadas o no a partidos políticos. Juzgadas y condenadas, en la misma balanza de quienes asesinaron a más de 850 personas, extorsionó a empresarios (¿acaso esto no es también corrupción?), que condiciono la vida política durante décadas, éticamente Sr. Iriondo, no tiene un pase. 

Hoy en día, vivimos en un Estado de derecho con los instrumentos necesarios para perseguir la corrupción. ETA pretendía sustituir ese Estado de Derecho por la violencia. Por eso inquieta que pasados los años haya quienes siguen recurriendo a viejo recurso de minimizar el terrorismo comparándolo con cualquier otra conducta por muy reprobable que sea.

Enfrentar corrupción y terrorismo para sugerir que los segundos merecen un reconocimiento histórico superior a los primeros. Ese razonamiento no repara la memoria. La distorsiona.

Es especialmente llamativo que estas posturas aparezcan cuando EH Bildu intenta reivindicar la figura del Lehendakari de José Antonio Aguirre como referente político. El lehendakari José Antonio Aguirre defendió la democracia frente al totalitarismo. Jamás justificó la violencia política y nunca sostuvo que matar pudiera ser un instrumento legitimo para construir Euzkadi

Invocar su legado mientras se normalizan afirmaciones según las cuales los miembros de ETA "hicieron más por Euskal Herria" constituye una contradicción difícil de explicar.

Y esa diferencia debería seguir siendo evidente para cualquiera que aspire a construir una memoria verdaderamente democrática.

 

 

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El Constitucional avala los perfiles lingüísticos y desmonta años de recursos

Durante años hemos asistido a continuas controversias, cuando no resoluciones judiciales sobre la exigencia del euskera en la administración pública vasca. Por fin, el Tribunal Constitucional ha dictado sentencia, dando un giro definitivo y ha tomado una decisión clave que, en la práctica, supone un importante respaldo jurídico al sistema de perfiles lingüístico en el empleo público en Euzkadi. avalando la constitucionalidad del artículo 187.5

Para partidos como EAJ-PNV, este movimiento debería servir para cerrar de una vez por todas el constante cuestionamiento en los tribunales de los requisitos idiomáticos. Pero, ¿qué es exactamente lo que ha pasado y qué consecuencias reales tiene? Vamos a desgranarlo de forma sencilla muy sencilla el devenir de esta resolución y sus consecuencias reales

El Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco (TSJPV) había acudido al Constitucional con una cuestión de inconstitucional. En concreto si el art. 187.5 de la Ley de Empleo Público vasco se ajustaba o no a la Carta Magna, a la Constitución.

El TC rechaza en sentencia esta consulta, dejando la ley intacta y plenamente vigente, dando un aval absoluto a su legalidad. Y estableciendo que todos los puestos de trabajo en la administración publicas vascas (incluidos temporales o coyunturales), debe contar con un perfil lingüístico obligatorio, determinado según las necesidades de comunicación reales de cada puesto.

Volviendo a los orígenes, el origen de este laberinto judicial y sus posteriores decisiones del TSJPV, dimana de los recursos planteados por el Partido Popular (PP) y su socio VOX muy proclives y firmes defensores de la imposición de una lengua, la suya, castellana o española, en detrimento, cuando no menosprecio de otra lengua, también oficial en Euzkadi como el euskera.

Sus recursos se dirigieron contra el Decreto 19/2024 de normalización del uso del euskera en el Sector Publico Vasco. Ha pasado el tiempo desde que el tribunal vasco decidiese congelar su veredicto final, y opto por preguntar primero al Constitucional si la ley en la que se basaba ese decreto era constitucional. Con esta resolución el TC despeja las dudas del RSJPV, y los recursos de la oposición pierden su principal punto de apoyo

Esta resolución del Tribunal Constitucional, para EAJ-PNV, para la formación jeltzale, supone un respaldo a un modelo de bilingüismo en la administración, esperando que esta decisión sirva para acabar con la judicialización de la política lingüística, y años llenando los juzgados de recursos y sentencias contradictorias.

Como dato curioso de calendario: la decisión del TC se tomó a finales de junio, apenas dos días antes de que el Parlamento Vasco aprobara una nueva reforma de la ley de empleo público con los votos a favor de EAJ-PNV y la abstención de EH Bildu, reforzando aún más el marco normativo autonómico.

Mientras EAJ-PNV optó por fortalecer jurídicamente el sistema de perfiles lingüísticos, el PSE prefirió alinearse con el voto negativo de PP, Sumar y Vox. La posterior decisión del Tribunal Constitucional refuerza la posición de quienes defendían que el problema no estaba en la ley, sino en la interpretación restrictiva que algunos tribunales estaban realizando de ella.

Aquellos que optaron por mantener reservas o distanciarse de la reforma legislativa deberán El Tribunal Constitucional avala el modelo que el PSE se negó a reforzar en el Parlamento Vasco. Y deja, políticamente, más difícil de justificar aquellas reservas

Esta resolución del Tribunal Constitucional, permitirán a las administraciones vascas tener seguridad jurídica para seguir exigiendo los perfiles de euskera, adaptados a cada puesto de trabajo. No vamos a pecar de ilusos, Sabemos que la tensión política y el debate social seguirá ahí, pero ahora si tenemos constancia de que el frente judicial parece haber encontrado su punto de destino final

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