El truco del "delito de odio": (II)
la excusa del Gobierno central para vulnerar las
competencias de la Ertzaintza
Ayer refería en este blog, con cierta diplomacia, como así me ha lo ha hecho
sabe un buen amigo, la actuación de la Policía Nacional dentro de los
incidentes del Mundial, adjetivándolas como interferencia policial, y una intromisión
fuera de lugar.
Desde la Delegación del Gobierno español han negado que la Policía se haya atribuido unas funciones que no le corresponden y la delegada, Marisol Garmendia, defendió que la actuación policial se ajustó plenamente a la legalidad y explicó que, «al tratarse de un presunto delito de odio, la competencia no corresponde de forma exclusiva a la Ertzaintza», por lo que «los agentes actuaron dentro de las facultades que les reconoce el ordenamiento jurídico».. Y,
aquí es donde la diplomacia y el “fair play” pierden su razón de ser, ya que lo
que estamos presenciando no es una mera disputa generada por un celo
profesional. Es un ataque directo y consciente al Estatuto de Gernika, y a nuestro
sistema competencial.
Las declaraciones tanto de la delegación del Gobierno como del Ministerio
de Interior, donde envuelven una serie de explicaciones en una legalidad constituyen
un atropello a nuestras instituciones. Tildar como “delito de odio” las
agresiones a aficionados de la “roja” habilita automáticamente tanto a la PN
como a la GC para operar autónoma e independiente en Euzkadi y es una manera
burda y simple de enturbiar unas relaciones institucionales tan necesarias en estos
tiempos.
¿Va a suponer estas declaraciones una especie de carta blanca para que
cualquier altercado en Euzkadi sirva de excusa para invocar el “delito de odio”
para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan efectuar
detenciones sin contar con la Ertzaintza, y relegar a un mero decorada el
autogobierno que, democráticamente, nos hemos dotados las vascas y vascos.?
No voy a poner en duda la actual solvencia y profesionalidad de la Policía
Nacional y de la Guardia Nacional, No obstante, y si hay quienes están dispuestos
a retroceder en el tiempo, en épocas preautonómicas, están en su derecho. El
mismo que nos asiste a quienes, también tenemos memoria histórica, de hacer lo propio.
Hay quien decía que para conducir bien un coche, hay que mirar al frente,
estando pendiente del espejo retrovisor. Es una metáfora, evidentemente, pero
su enseñanza puede estar de actualidad.
El Estatuto de Autonomía de Gernika y los acuerdos de la Junta de Seguridad
dejan claro y sin atenuantes que el mantenimiento del orden público y la
seguridad ciudadana en Euskadi corresponden de manera exclusiva e integral a la
Ertzaintza.
Al margen de señalar como “delito de odio” ciertos comportamientos, lo que
no deja de ser un truco un tanto simplista. Resulta insostenible que
el Gobierno central pretenda justificar este atropello achacando ineficacia o
lentitud a la Ertzaintza.
La firme postura del consejero Bingen Zupiria y de la portavoz María Ubarretxena denunciando esta injerencia inaceptable es la respuesta
institucional mínima que exige la gravedad del asunto. Presionar con un
"goteo de arrestos" mediatizado por parte de la Policía Nacional para
tomar el control político del caso no busca hacer justicia; busca imponer un
relato de subordinación.
Hay tics del pasado que parecen reacios a desaparecer dentro del Ministerio
del Interior. Acompañados por la complacencia de la Delegación del Gobierno en
Bizkaia, da la sensación de que ciertos sectores albergan una profunda
nostalgia por los tiempos en que las competencias de Euzkadi se tutelaba o
ninguneaba desde los despachos de Madrid por quienes nunca han aceptado
plenamente una Euzkadi competencial.
Las competencias no son un objeto de regateo ni un adorno de quita y pon
según las conveniencias políticas del Gobierno central. Si el Gobierno de
España cree que instrumentalizando la tipificación de los delitos puede pasar
por encima del Estatuto y desplazar a las instituciones vascas, se equivoca de
plano. Euzkadi no aceptará el regreso a tiempos de tutela policial ni el
atropello silencioso de un autogobierno plenamente legítimo.
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