La RGI no está en cuestión; su gestión, sí.

Hoy, los medios de comunicación se han hecho eco de una información según la cual, el Servicio Vasco de Empleo, Lanbide, se ha visto obligado a remitir mas de 41.400 notificaciones mediante el Boletín Oficial del País Vasco, como último recurso al no haber conseguido localizar por los cauces ordinarios a miles de afectados durante el último año.

Añadamos un dato: A pesar de la publicación, apenas el 1,13% de los aludidos acude a una oficina a recoger su notificación en los cinco días hábiles de plazo legal. Y, lo preocupante es que hay una tendencia al alza, ya que en 2022 y 2023 la cifra de expedientes no entregados se mantenía por debajo de los 40.000 anuales. Sin embargo, a lo largo del 2025 se rozaron los 75.000 requerimientos fallidos.

El número de avisos no entregados supera el total de personas que perciben la ayuda, ya que en el último ejercicio cerrado el número de titulares de la RGI se situó en 71.807 personas (esto indica que sobre un mismo beneficiario pueden recaer múltiples avisos sin contestar).

Estas comunicaciones, su contenido esta relacionados directamente con el mantenimiento y regularización de la prestación: Aproximadamente un tercio de los avisos corresponde a expedientes y reintegros por medio de los cuales Lanbide reclama la devolución de importes económicos que han sido indebidamente, en su cuantía, a los titulares

Según la información publicada, el resto son expedientes sancionadores que conllevan suspensión temporal o extinción definitiva del derecho a percibir RGI. Ya que una de las condiciones indispensables, por ley, para cobrar esta prestación es estar localizable y empadronado correctamente.

¿Cuáles pueden ser los motivos que lleven a un beneficiario a no responder a los requerimientos? Pues pueden ser varios: Descuidos administrativos, cambios de vivienda no informados, no actualización del padrón o simplemente, o incluso situaciones que pudieran esconder irregularidades, extremo que únicamente puede determinar la propia Administración tras la correspondiente comprobación

Simplemente estos datos deberían haber provocado la comparecencia inmediata de los responsables políticos, en este caso del Consejero Javier Hurtado Mendoza y del director de Lanbide Francisco Moreno Pedraza. Cuando el mismo dia que salta esta información el director general de Lanbide hace declaraciones valorando positivamente las reformas impulsadas desde tres años atrás, reforzando los sistemas de control para evitar fraudes y reducir los indebidos, que, según el mismo añade, han caído a la mitad en un año. Incomprensible estas declaraciones si nos atenemos a sus resultados.

No estamos hablando de un trámite administrativo cualquiera. Estamos hablando del principal instrumento de protección social del Gobierno Vasco, financiado con dinero público y cuya correcta gestión constituye una obligación irrenunciable de cualquier administración seria.

Si se confirman estas informaciones dadas por los medios de comunicación, nos lleva a deducir que las costuras de una administración publica y moderna, en cuanto al Servicio Vasco de Empleo, es, cuando menos, deficiente y nos obliga a establecer algunas preguntas:

¿Qué mecanismos de seguimiento existen realmente?

¿Cuánto tiempo permanecen estos expedientes sin actualizar?

¿Cuántos corresponden simplemente a cambios de domicilio y cuántos esconden otras irregularidades?

¿Cuántos expedientes han terminado suspendidos? ¿Cuántos se han extinguido? ¿Cuántos continúan pagando prestaciones mientras la Administración ni siquiera consigue comunicarse con sus titulares?

Y no para alimentar discursos populistas, donde el racismo y la xenofobia encuentran su ámbito ideal, ya que seria profundamente injusto convertir en sospechosos a miles de personas sin conocer sus circunstancias personales. Lo que está claro es que esconder un problema administrativo de estas dimensiones bajo el silencio institucional es la peor solución.

La excelencia en la transparencia de cualquier administración pública, y ciñéndonos a este caso en concreto, exige conocer cuántas personas distintas están realmente afectadas, por qué no pudieron ser localizadas, qué porcentaje representa sobre el conjunto de perceptores, cuántos expedientes derivaron en suspensión o devolución de prestaciones, y qué medidas piensa adoptar Lanbide para evitar que esta situación vuelva a repetirse.

La RGI constituye uno de los pilares del modelo de protección social vasco. Cuando una Administración no consigue localizar a miles de perceptores de una prestación pública, no basta con publicar anuncios en el BOPV. Debe ofrecer respuestas. Y esas respuestas, por respeto a la ciudadanía, deberían darse donde corresponde: en el Parlamento Vasco.