Ceuta, Melilla y el triángulo geopolítico: Rabat, Washington y Bruselas (II)

En lineal con el anterior artículo de opinión, vamos a analizar la posición de Ceuta y Melilla, no ya desde únicamente de las periódicas crisis migratorias, sino de su posición en una partida de ajedrez geopolítica donde Marruecos aplica una estrategia deliberada de lo que se viene a llamar “zona gris”.

Medios de comunicación marroquíes califican a ambas ciudades españolas, como "presidios coloniales" o territorios pendientes de recuperación. Ha sido y es una constante en la política exterior marroquí, pero la correlación de fuerzas ha dado un vuelco decisivo a favor del Reino Magrebí gracias a su articulación diplomática con Washington y Tel Aviv.

La historia nos enseña que esta relación no es fruto casual, sin que en enraíza en la diplomacia histórica. En 1777, el Sultanato (bajo el reinado de Sidi Mohammed III) permitió la libre entrada de los buques de la joven república norteamericana en los puertos bajo su dominio, lo que condujo a la firma del Tratado de Paz y Amistad de 1786, el acuerdo bilateral ininterrumpido más antiguo en la historia diplomática de Washington.

Esta sintonía se consolidó institucionalmente en 2004 con la concesión del estatus de Aliado Mayor No-OTAN (Major Non-NATO Ally o MNNA, por sus siglas en inglés). Es una designación oficial que otorga el Gobierno de Estados Unidos a países aliados que no forman parte de la OTAN pero con los que mantiene una cooperación militar, de inteligencia y estratégica de primer nivel.

El punto de inflexión definitivo de la era reciente se fraguó en diciembre de 2020 con los Acuerdos de Abraham. Mediante esta red de pactos de normalización diplomática entre países árabes e Israel, Rabat obtuvo de Washington el reconocimiento formal de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental a cambio del restablecimiento de relaciones con Tel Aviv.

Aunque los primeros Acuerdos de Abraham se firmaron meses antes (septiembre de 2020) entre Israel, Emiratos Árabes Unidos y Baréin, el 10 de diciembre de 2020 se produjo el acuerdo a tres bandas impulsado por la Casa Blanca que involucró directamente a Marruecos y cuyas consecuencias son:

La Proclamación de EE. UU. sobre el Sáhara: El presidente de Estados Unidos (Donald Trump) firmó una proclamación oficial por la que EE. UU. reconocía formalmente la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Fue el primer país del P5 (miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU) en dar este paso decisivo.

Reanudación de relaciones con Israel: A cambio, Marruecos acordó la normalización y reanudación inmediata de relaciones diplomáticas plenas con el Estado de Israel, reabriendo oficinas de enlace en Tel Aviv y Rabat.

El impulso tecnológico y defensivo: Este pacto derivó en la firma de acuerdos históricos entre Tel Aviv y Rabat en 2021, permitiendo a Marruecos acceder a drones de última generación, sistemas de defensa antiaérea e inteligencia cibersegura.

Con esta alianza Marruecos se ha dotado de un blindaje geopolítico y tecnológico, mediante una cobertura geopolítica y tecnológica sin precedentes, materializada en la adquisición de armamento de última generación y en acuerdos de cooperación militar y ciberseguridad con Israel

Contar con un activo de inteligencia prioritario para la arquitectura de seguridad norteamericana en el Norte de África supone reducir a la mínima expresión el margen de la Unión Europea para imponer sanciones o exigir contrapartidas a Rabat en materia fronteriza.

Pero además, los Acuerdos de Abraham no solo reforzaron a Marruecos frente a EE. UU., sino que rompieron el equilibrio con Argelia (provocando el cierre del gasoducto Magreb-Europa). Esto dejó a España atrapada en una pinza diplomática donde cualquier movimiento hacia Rabat tensionaban la relación energética con Argel.

En este tablero, España y la UE chocan además con el histórico vacío defensivo de la Alianza Atlántica. El redactado del Artículo 6 del Tratado de Washington delimita el ámbito geográfico de cobertura defensiva de la OTAN a Europa, Norteamérica y las islas situadas al norte del Trópico de Cáncer, asi como las islas Canarias, pero dejando a las dos ciudades autónomas españolas ubicadas en el continente africano fuera del paraguas explícito del Artículo 5 sobre defensa colectiva. Aunque en el Concepto Estratégico de la Cumbre de la OTAN de Madrid se introdujo la premisa de defender la integridad territorial de "todos los aliados", el texto formal del tratado se mantiene inalterado.

Asimismo, frente a tácticas como el cierre unilateral de la aduana comercial de Melilla o episodios de presión como la crisis migratoria de Ceuta, la doctrina de la Alianza no prevé la activación de mecanismos de respuesta ante maniobras por debajo del umbral del conflicto armado. Mientras el espacio comunitario prefiera mirar hacia otro lado ante este limbo de seguridad, la estabilidad de las plazas españolas continuará subordinada a la agenda estratégica de Rabat y a su blindaje tras los Acuerdos de Abraham

 

 

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Externalizar la frontera: La trampa estratégica de la Unión Europea (I)

La crisis migratoria que ha tenido como epicentro Ceuta, ha destapado una política europea errónea y errática, basándose en una premisa, tan débil como frágil, que se basa en creer que delegar la custodia de sus fronteras a terceros países, disfrazando de “cooperación al desarrollo” las transferencias de recursos o asignaciones económicas, sería la panacea al control de los movimientos migratorios.

Según datos disponibles, el volumen asignado a este modelo no es baladí. Solo dentro del presupuesto plurianual europeo y de los paquetes de asistencia bilateral, la UE acordó paquetes de cooperación con Marruecos de más de 624 millones de euros, destinados en gran medida a la gestión de fronteras y la contención del tráfico irregular. A esto se suman las subvenciones directas aprobadas por España, que acumula más de 120 millones de euros concedidos a Marruecos a fondo perdido para despliegues policiales y vigilancia en las inmediaciones de Ceuta, Melilla y la costa atlántica.

Pero los informes del Consejo de la Unión Europea sobre flujos migratorios demuestran que la efectividad de este desembolso depende enteramente de la coyuntura política. Estos tratados o convenios con países como Marruecos, no garantizan un control absoluto de las fronteras respectivas, sino que otorga una herramienta geopolítica de indudable valor que dispone de ella en función o al albur de sus necesidades políticas o ambiciones territoriales. Pudiendo abrir o cerrar el grifo en función de renegociaciones de fondos cuando entienden que ya no son suficientes.

Recordemos que Ceuta y Melilla componen parte de la frontera sur europea, y que la cesión, aunque sea temporal, de su soberanía sitúa a Europa en una posición permanente de vulnerabilidad. Cada vez que la UE intenta exigir el cumplimiento estricto de los derechos humanos o condicionar las partidas financieras, la amenaza velada de levantar la presión policial en las vallas o en las costas de salida desactiva cualquier firmeza diplomática.

En el caso que nos ocupa, Ceuta y Melilla, cada vez que la política exterior española no es del agrado de las autoridades de Marruecos, la amenaza de iniciar represalias usando a su población como herramienta de presión, es latente y evidente. Sin que la vida de sus ciudadanos, de sus jóvenes tenga mayor valor que veleidades políticas.

El nuevo marco del Pacto de Migración y Asilo de la UE insiste en profundizar en estos acuerdos de contención previa e identificación rápida en origen, perpetuando una paradoja peligrosa: Europa no ha resuelto la gestión de sus fronteras; simplemente ha entregado la llave de la puerta europea a despachos ajenos. Marruecos ha demostrado que comprar seguridad y/o estabilidad mediante una hipoteca política permanente no es la solución

Mientras Bruselas no asuma la gestión directa, legal y comunitaria de sus propios límites, la política migratoria del continente seguirá dependiendo de la voluntad, la agenda y el chantaje de despachos ajenos Pulsa aqui para leer más...

Frente a los planes, las grúas

Seguimos hablando de vivienda, de realidades, y de promesas. Mientras la ciudadanía vasca observa como las grúas se mueven y las construcciones de vivienda prosiguen. Por eso conviene distinguir entre quienes convierten este problema en un eslogan permanente y quienes, con mayor o menor acierto, están impulsando actuaciones que ya pueden verse sobre el terreno.

Hace apenas dos meses, Pello Otxandiano (EH Bildu) presentó su plan para movilizar en 10 años, 60.000 viviendas asequibles, entre ellas 30.000 de nueva construcción. Plan que intento dar mayor visibilidad en el plano internacional.

Pero mientras, y dejando planes y promesas, a largo plazo la realidad continúa avanzando.

Este mismo domingo, el medio de comunicación El Correo, informaba de que más de la mitad de las viviendas previstas en Zorrotzaurre ya están terminadas o en construcción. Promociones que cualquier ciudadano puede contemplar recorriendo la isla. Además, el desarrollo residencial continúa extendiéndose por distintos barrios de Bilbao. 

Zorrotzaurre no constituye un caso aislado.

En este mismo blog hemos venido recogiendo durante los últimos meses numerosos ejemplos que muestran cómo distintas instituciones continúan incrementando la oferta residencial:

• La construcción de 73 nuevas viviendas en Loiu, culminando un proceso urbanístico bloqueado durante años gracias a la colaboración institucional.
• El desarrollo de nuevas promociones protegidas en Donostia, con viviendas destinadas tanto a venta como, especialmente, al alquiler asequible.
• Las 1.082 viviendas protegidas en alquiler impulsadas por el Gobierno Vasco en Zorrotzaurre, cuyas primeras promociones ya se encuentran en ejecución. 
• Las promociones que continúan desarrollándose en Bolueta, Rekalde, Txurdinaga, Basurto y otros barrios bilbaínos, tal y como refleja la información publicada este fin de semana por El Correo. 
• A ello se suma la nueva Estrategia de Rehabilitación Urbana de Bilbao 2036, que pretende rehabilitar 40.000 viviendas durante la próxima década, incrementando además la oferta residencial disponible.

El día a día resume una realidad que no esta sujeta a futuros inciertos. Las viviendas no aparecen el mismo día que un dirigente político presenta un plan estratégico. Empiezan cuando un Ayto. aprueba un planteamiento, cede suelo, el GV financia. Y se visualizan cuando las excavadoras entran en las parcelas y las grúas comienzan a levantar edificios.

Quizá sea menos efectistas, o menos electoral, que una o varias fotos anunciado proyectos futuros para disponer de decenas de miles de viviendas. Pero la realidad para miles de familias que esperan acceder a su hogar está ahí,

Las instituciones deben dar respuesta al principal problema de las vascas y los vascos. Poner suelo público a disposición del Gobierno Vasco, agilizar licencias, movilizar vivienda vacía, rehabilitar barrios y ampliar el parque público.

Ahora bien, los debates se deben basar en hechos tangibles, más allá de anunciar objetivos a bombo y platillo

Menos planes, menos objetivos a largo plazo, que también. Menos promesas grandilocuentes, mientras otros hace ya tiempo se pusieron manos a la obra

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¿Marcha Verde II? La inmigración como instrumento de presión geopolítica

Cíclicamente se producen hechos que se repiten con episodios similares a los que han provocado estos dias una crisis migratoria de gran calado. Asi en 2005 (Ceuta y Melilla), 2014 (Tarajal), 2018, 2021, 2026. Cada cierto tiempo la historia parece repetirse. Miles de personas intentan acceder irregularmente a Ceuta o Melilla en apenas unas horas. Imágenes de caos, administraciones publicas desbordadas carentes de respuestas de emergencia, y Europa preguntarse, una vez más, si está preparada para proteger su frontera sur.

Las hemerotecas recuerdan la crisis de Ceuta de 2021, cuando miles de personas cruzaron la frontera después de que Marruecos relajara sus controles en plena crisis diplomática con España. Hoy vuelven a aparecer imágenes similares y la pregunta resulta inevitable: ¿estamos asistiendo a una nueva utilización de los flujos migratorios como instrumento de presión política?

Las sucesivas crisis migratorias y la propia hemeroteca muestran un patrón que numerosos analistas interpretan como la utilización del control fronterizo por parte de Marruecos como instrumento de presión diplomática de 'zona gris'.

Un par de datos: Históricamente, cada acercamiento del Gobierno español a Argelia (suministrador de gas) o cualquier gesto percibido como hostil por Rabat (como la atención médica al líder del Frente Polisario en 2021) ha desencadenado una "relajación" inmediata del control fronterizo marroquí. A su vez, cuando Pedro Sánchez apoyó el plan de autonomía marroquí para el Sáhara en 2022, el conflicto diplomático se trasladó a las relaciones con Argelia, pais con el que España ha recuperado recientemente su interlocución

Pero circunstancia que puede afectar y ser una posible causa de la pasividad con la que el gobierno marroquí ha actuado en esta crisis sea que, en 2020, EE. UU. reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental a cambio de la normalización de relaciones de Marruecos con Israel (Acuerdos de Abraham).

Las ultimas declaraciones del presidente de Trump. El bautizo de la arteria de más de 1.000 km entre Tiznit y Dajla como «Autopista Presidente Donald J. Trump» es un guiño explícito para blindar el apoyo de Washington y reforzando alianzas estratégicas con Israel. En ese tablero geopolítico, el control de la frontera sur de Europa constituye un instrumento de enorme valor diplomático.

Si esta hipótesis que se ha instalado en diversos medios fuera cierta el verdadero debate dejaría de ser exclusivamente migratorio para convertirse también en un problema de seguridad y política exterior

A este escenario se añade otro factor reciente: la sentencia del Tribunal Supremo que limita la aplicación del denominado "rechazo en frontera" para quienes acceden a Ceuta nadando. El Alto Tribunal dictamina que la a Disposición Adicional Décima de la Ley de Extranjería habla del rechazo de quienes intentan entrar superando los elementos físicos de contención fronteriza.

Estos elementos son las vallas, muros o barreras físicas. Pero quien llega nadando no supera una valla, sino que entra por vía marítima. Por tanto, ya no puede aplicársela el rechazo inmediato, sino el procedimiento ordinario de devolución previsto en el artículo 58 de la Ley de Extranjería, con las garantías correspondientes (identificación, asistencia letrada, posibilidad de solicitar protección internacional, resolución administrativa, etc.).

El propio Supremo sugiere que, si la ley menciona "elementos de contención", el Estado tendría que desplegar barreras o estructuras marítimas homologadas para poder aplicar jurídicamente el rechazo inmediato en el agua.

Por otro lado, es absolutamente erróneo pensar que las crisis migratorias se detendrán mediante transferencias de financiación a los Estados de origen, en este caso Marruecos, o plegándose a las exigencias de cada momento. Mientras Rabat pueda abrir o cerrar el grifo migratorio cuando exista una tensión diplomática, España seguirá viviendo crisis periódicas.

Financiar a un pais para que haga de guardián de costas y ciudades como Ceuta y Melilla, genera dependencia hacia ese pais, y supone delegar en un tercer Estado una parte esencial del control efectivo de las fronteras exteriores de España y, por extensión, de la Unión Europea. Y si cuando las arcas o apetencias de ese pais, cambian, y sus compromisos son incumplidos, sin consecuencias seguirá utilizando deliberadamente los flujos migratorios para obtener ventajas diplomáticas.

Por ello, para romper esta dinámica seria necesario desactivar la capacidad de Marruecos para usar la frontera como una baza política. Utilizar la utilización de la desesperación de sus ciudadanos, en lugar de luchar contra el desempleo juvenil, la desigualdad social que lanzan a los jóvenes marroquíes a buscarse una vida nueva, en aventuras que pueden acabar con su propia vida

Las crisis migratorias no se detendrán únicamente con medidas policiales ni con concesiones diplomáticas aisladas. Los medios de opinión verbalizan la necesidad de europeizar las fronteras de Ceuta y Melilla con la integración plena en la Unión Aduanera y espacio Schengen elevando la frontera de “española” a “europea”.

Mientras la frontera sur de Europa siga dependiendo, en gran medida, de la voluntad política de un tercer país, seguiremos asistiendo periódicamente a nuevas crisis. Cambiarán las fechas y las circunstancias, pero las imágenes volverán a repetirse.

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El truco del "delito de odio":  (II)

la excusa del Gobierno central para vulnerar las competencias de la Ertzaintza

Ayer refería en este blog, con cierta diplomacia, como así me ha lo ha hecho sabe un buen amigo, la actuación de la Policía Nacional dentro de los incidentes del Mundial, adjetivándolas como interferencia policial, y una intromisión fuera de lugar.

En medios de comunicación ya advierten que tanto la Policía Nacional como la Guardia civil prevén un goteo de detenciones por las agresiones a aficionados a la "roja"

Desde la Delegación del Gobierno español han negado que la Policía se haya atribuido unas funciones que no le corresponden y la delegada, Marisol Garmendia, defendió que la actuación policial se ajustó plenamente a la legalidad y explicó que, «al tratarse de un presunto delito de odio, la competencia no corresponde de forma exclusiva a la Ertzaintza», por lo que «los agentes actuaron dentro de las facultades que les reconoce el ordenamiento jurídico».. Y, aquí es donde la diplomacia y el “fair play” pierden su razón de ser, ya que lo que estamos presenciando no es una mera disputa generada por un celo profesional. Es un ataque directo y consciente al Estatuto de Gernika, y a nuestro sistema competencial. 

Las declaraciones tanto de la delegación del Gobierno como del Ministerio de Interior, donde envuelven una serie de explicaciones en una legalidad constituyen un atropello a nuestras instituciones. Tildar como “delito de odio” las agresiones a aficionados de la “roja” habilita automáticamente tanto a la PN como a la GC para operar autónoma e independiente en Euzkadi y es una manera burda y simple de enturbiar unas relaciones institucionales tan necesarias en estos tiempos.

¿Va a suponer estas declaraciones una especie de carta blanca para que cualquier altercado en Euzkadi sirva de excusa para invocar el “delito de odio” para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan efectuar detenciones sin contar con la Ertzaintza, y relegar a un mero decorada el autogobierno que, democráticamente, nos hemos dotados las vascas y vascos.?

No voy a poner en duda la actual solvencia y profesionalidad de la Policía Nacional y de la Guardia Nacional, No obstante, y si hay quienes están dispuestos a retroceder en el tiempo, en épocas preautonómicas, están en su derecho. El mismo que nos asiste a quienes, también tenemos memoria histórica, de hacer lo propio.

Hay quien decía que para conducir bien un coche, hay que mirar al frente, estando pendiente del espejo retrovisor. Es una metáfora, evidentemente, pero su enseñanza puede estar de actualidad.

El Estatuto de Autonomía de Gernika y los acuerdos de la Junta de Seguridad dejan claro y sin atenuantes que el mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana en Euskadi corresponden de manera exclusiva e integral a la Ertzaintza.

Al margen de señalar como “delito de odio” ciertos comportamientos, lo que no deja de ser un truco un tanto simplista. Resulta insostenible que el Gobierno central pretenda justificar este atropello achacando ineficacia o lentitud a la Ertzaintza.

La firme postura del consejero Bingen Zupiria y de la portavoz María Ubarretxena denunciando esta injerencia inaceptable es la respuesta institucional mínima que exige la gravedad del asunto. Presionar con un "goteo de arrestos" mediatizado por parte de la Policía Nacional para tomar el control político del caso no busca hacer justicia; busca imponer un relato de subordinación.

Hay tics del pasado que parecen reacios a desaparecer dentro del Ministerio del Interior. Acompañados por la complacencia de la Delegación del Gobierno en Bizkaia, da la sensación de que ciertos sectores albergan una profunda nostalgia por los tiempos en que las competencias de Euzkadi se tutelaba o ninguneaba desde los despachos de Madrid por quienes nunca han aceptado plenamente una Euzkadi competencial.

Las competencias no son un objeto de regateo ni un adorno de quita y pon según las conveniencias políticas del Gobierno central. Si el Gobierno de España cree que instrumentalizando la tipificación de los delitos puede pasar por encima del Estatuto y desplazar a las instituciones vascas, se equivoca de plano. Euzkadi no aceptará el regreso a tiempos de tutela policial ni el atropello silencioso de un autogobierno plenamente legítimo.

 

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Las competencias no se discuten con insultos (I)

Cuando pensábamos que los rescoldos de la final del campeonato Mundial de Futbol ya se habían apagado salta la noticia de la detención de dos jóvenes implicados en la agresión a un seguidor de la “Roja”, por parte de la Policía Nacional.

A este respecto el consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria ha realizado unas declaraciones cuestionando tanto la actuación como el ámbito de actuación de la Policía Nacional, abriendo un debate con connotaciones graves respecto a la interpretación del autogobierno vasco por parte de ciertas fuerzas del Orden del estado español.

Asumir, por parte de estas fuerzas del orden que, existe un reparto competencial establecido en el Estatuto de Gernika, sería lo deseable para no abrir debates estériles. No estamos ante una polémica o un simple desencuentro entre responsables políticos. Estamos hablando de autogobierno, y las declaraciones del consejero me parecen más que acertadas, como defensa del mismo, ante quienes, con sus actuaciones lo cuestionan

El Gobierno Vasco sostiene que el mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana corresponden, con carácter ordinario, a la Ertzaintza, conforme al Estatuto de Gernika, y a los acuerdos alcanzados en la Junta de Seguridad. A partir de ahí la actuación de otros cuerpos policiales debe ajustarse al marco competencial existente. La cuestión, por tanto, no es quién realizó las detenciones, sino si estas se produjeron respetando el modelo policial que el propio ordenamiento jurídico ha diseñado para Euzkadi.

Es realmente preocupante la airada reacción del Sindicato Unificado de Policía (SUP). En lugar de entrar en un debate jurídico sobre el reparto competencial previsto en el Estatuto de Gernika, opta por exigir una rectificación pública al consejero y califica de "irresponsable" su posición, llegando incluso a afirmar que limitar la actuación de la Policía Nacional convertiría a Euzkadi en una "república bananera”

Insinuar que el departamento de Seguridad ha sido permisivo y ha hecho la vista gorda ante los incidentes y agresiones que han sufrido varios hinchas de la selección española, para intentar justificar sus actuaciones policiales no son de recibo y si demandan una rectificacion por parte del SUP, y una explicacion por parte de ministerio de seguridaad correspondiente

Utilizar un lenguaje brusco, que pudiéramos tildarlo de zafio, es impropio de quien pretende participar en un debate institucional serio. Los desacuerdos sobre competencias se resuelven con argumentos jurídicos y respeto al marco legal, no mediante descalificaciones o expresiones destinadas a desacreditar las instituciones de autogobierno.

Acusar, como lo ha hecho el Sindicato Unificado de Policía (SUP), de actuar con "irresponsabilidad", exigiendo, ni más ni menos, una rectificación pública, defendiendo que la Policía Nacional actuó dentro de sus competencias, deriva el debate, no ya en lo exclusivamente institucional, sino lo convierte en una confrontación publica sobre el alcance del autogobierno.

Por otro lado, es curioso comprobar cómo ciertos medios emplean distintos términos, cuando casos esporádicos como los ocurridos en Bilbao, son magnificados, y a la vez ocultan otros hechos como por ejemplo, en Madrid, donde la Asociación de Migrantes de Argentina Residentes en España (MARES) que afirma haber sufrido agresiones por parte de simpatizantes de la selección española en Madrid. Si unas agresiones merecen atención, las otras también deberían merecerla.

Cuestionar la profesionalidad de la Ertzaintza, y su capacidad para ejercer las competencias que tiene atribuidas va en dirección contrario de una buena colaboración entre las distintas fuerzas policiales. Al contrario, alimentan enfrentamientos entre dichos cuerpos, que en diversas ocasiones ya trabajan de manera coordinada y conjunta.

Se trata de determinar si el reparto de competencias aprobado democráticamente esta siendo respetado, y, aunque no sea del agrado de algunos, deba seguir siéndolo.

Si el Gobierno Vasco entiende que ese marco competencial ha sido vulnerado, tiene del deber y el derecho institucional de plantearlo en los órganos bilaterales previstos para ello. El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, tiene la obligación de defender el autogobierno, defender las competencias propias, y eso no debe suponer atacar ninguna institución del Estado.

Defender el Estatuto de Gernika y las competencias de la Ertzaintza no es un acto de hostilidad hacia la Policía Nacional. Es, sencillamente, exigir que cada institución actúe dentro del marco competencial que el ordenamiento jurídico establece. Quienes pretenden ridiculizar esa reivindicación con expresiones grandilocuentes y despectivas deberían recordar que el Estado de Derecho se fundamenta precisamente en el respeto a la ley y a las competencias legalmente atribuidas.

Si el Estatuto debe respetarse cuando atribuye competencias al Estado, también debe respetarse cuando las atribuye a Euzkadi. Aunque todavía haya quienes se resistan a asumir con normalidad el modelo de autogobierno que la ciudadanía vasca aprobó democráticamente y que el Estatuto de Gernika consagra.

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