En política hay dos caminos: el debate
institucional o la denuncia penal. Ambos son legítimos.
Lo que deja de ser sano para la democracia es
convertir la vía judicial en una herramienta recurrente de confrontación
política. Y En Euzkadi tenemos ejemplos recientes que invitan a la reflexión.
La Fiscalía de Álava ha archivado la denuncia presentada por EH Bildu contra el
alcalde de Laguardia (PNV) al no apreciar indicios constitutivos de delito. Y
no, no hablamos de matices técnicos. Hablamos de que el Ministerio Fiscal
concluye que no existe base penal suficiente.
El titular fue inmediato y el archivo discreto
Uno de los casos más mediáticos de la última década ha sido el Caso Bidegi/AP1 (Gipuzkoa)
Acusaciones graves interpuestas por la misma formación política, EH BIldu, como Malversación. Pagos
irregulares. Sobrecostes en obra pública.
Años de titulares. Y años de desgaste reputacional
Sobreseimientos y autos que reiteran la
inexistencia de delito en determinadas actuaciones, con rechazo de
recursos.
La justicia dictaminó, y el relato penal no
prosperó
Y no, no es un caso aislado. Son diversos y con
la misma finalidad
- Se judicializa el conflicto político.
- Se formulan acusaciones de alto impacto penal.
- Se genera sospecha pública.
- El procedimiento termina archivado o sobreseído.
Archivar no es absolver tras juicio. pero sí
significa que no hay indicios suficientes para sostener la acusación penal.
Y aquí surge una cuestión democrática relevante:
En ninguno de estos casos ha habido retractación
pública, disculpas o petición de perdón por parte de quien promovió la
denuncia.
Cuando la acusación se lanza, se hace con
contundencia, pero cuando el archivo llega, el silencio es ensordecedor
Denunciar es legítimo, y rectificar también debería
serlo.
La denuncia penal es un instrumento serio del
Estado de Derecho. Y No puede convertirse en un atajo político.
Si la justicia no confirma el relato, lo mínimo
exigible en términos éticos es asumirlo públicamente.
La maniobra es de sobra conocida:
- Se lanza la sospecha.
- Se obtiene el titular.
- Se produce el desgaste.
- Y cuando el juzgado archiva… no hay autocrítica.
Laguardia y Bidegi evidencian algo más profundo
que simples autos judiciales.
La política no puede sustituir al juez. Y cuando
el juez no valida la acusación, el silencio no puede sustituir a la
responsabilidad.
La credibilidad institucional exige coherencia. Y
Quien denuncia debe asumir también las consecuencias cuando la justicia no le
da la razón.
La mera sospecha, o denuncia, se antepone a la presunción de inocencia, y lo vemos en casos de reciente actualidad, se convierte en arma política sin responsabilidades posteriores en caso de fallos judiciales en contra de los denunciantes
Quien asume el coste personal, profesional o político infringido por este tipo de actuaciones??
La justicia está para perseguir delitos. No
para sostener estrategias.
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