Cuando el euskera molesta: la OPE de Errenteria y la ofensiva contra nuestra lengua
La polémica surgida en torno a la OPE del Ayuntamiento de Errenteria vuelve a poner sobre la mesa un debate que en Euskadi aparece una y otra vez: el intento de cuestionar la normalización del euskera en la administración pública.
El Ayuntamiento había convocado una OPE para cubrir 25 plazas administrativas, estableciendo como requisito el perfil lingüístico C1 de euskera. Una exigencia que no es nueva ni excepcional. De hecho, en convocatorias anteriores con perfiles similares no se produjo ningún problema.
Sin embargo, en esta ocasión el proceso ha quedado paralizado tras un recurso, en un movimiento que algunos medios han señalado como parte de una estrategia organizada para judicializar este tipo de convocatorias.
Pero lo verdaderamente revelador no es solo el recurso judicial.
Lo que resulta más preocupante es el clima que se genera alrededor de estos casos.
Basta leer algunos comentarios publicados en medios digitales para comprobar hasta qué punto el debate lingüístico se contamina con discursos cada vez más agresivos.
En ellos aparecen acusaciones de “racismo”, “supremacismo” o “fanatismo”.
Otros afirman que el euskera se utiliza para “humillar” a la población.
Incluso hay quien compara la situación con persecuciones históricas o introduce discursos xenófobos completamente fuera de lugar.
No estamos ante un simple desacuerdo técnico sobre un perfil lingüístico.
Estamos ante algo más profundo: una reacción visceral contra la presencia del euskera en el espacio público.
Y conviene recordar algo muy básico.
El euskera no es una imposición política reciente.
Es una lengua propia, histórica y oficial, reconocida por el Estatuto de Autonomía y protegida por la legislación vasca.
Garantizar que la ciudadanía pueda ser atendida en cualquiera de las dos lenguas oficiales no es una extravagancia ideológica.
Es simplemente cumplir la ley y respetar los derechos lingüísticos de la ciudadanía.
Porque ese es el verdadero punto del debate.
Cuando una persona entra en un ayuntamiento, tiene derecho a ser atendida en euskera si así lo desea.
Y para que ese derecho sea real, alguien tiene que conocer la lengua.
Tan simple como eso.
Por eso resulta llamativo que lo que en cualquier país europeo sería considerado normal —que la administración conozca la lengua del territorio— aquí se convierta periódicamente en objeto de campañas, recursos y polémicas.
El Ayuntamiento de Errenteria ha anunciado que defenderá la OPE hasta el final.
Y hace bien.
Porque lo que está en juego no es solo una convocatoria de empleo público.
Lo que está en juego es algo mucho más importante: si la normalización del euskera en las instituciones se decide en Euskadi o se intenta bloquear mediante recursos y campañas de desgaste.
El euskera no sobra en la administración.
El euskera forma parte de lo que somos.
Y garantizar su presencia en los servicios públicos no es excluir a nadie.
Es simplemente asegurar que nuestra lengua pueda vivir con normalidad en nuestra propia casa.
Porque el verdadero problema no es el perfil lingüístico de una OPE.
El verdadero problema es que todavía hay sectores que no aceptan algo muy sencillo: que el euskera es una lengua propia de este país y que tiene derecho a vivir con normalidad en sus instituciones.
Cada vez que el euskera avanza un paso en su normalización aparece el mismo reflejo: recursos, polémicas, campañas y ruido mediático. Siempre el mismo patrón.
Pero conviene recordar algo esencial.
El euskera no es una concesión política ni una moda pasajera.
Es una lengua milenaria, un patrimonio colectivo y un elemento central de nuestro autogobierno.
Y garantizar que pueda ser utilizado en las instituciones públicas no es discriminar a nadie.
Es simplemente asegurar que en Euskadi podamos vivir también en euskera.
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