Cuando pensábamos que los rescoldos de la final del campeonato Mundial de
Futbol ya se habían apagado salta la noticia de la detención de dos jóvenes implicados en la agresión a un seguidor de la “Roja”, por parte de la Policía Nacional.
A este respecto el consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria ha realizado unas declaraciones cuestionando tanto la actuación como el
ámbito de actuación de la Policía Nacional, abriendo un debate con
connotaciones graves respecto a la interpretación del autogobierno vasco por
parte de ciertas fuerzas del Orden del estado español.
Asumir, por parte de estas fuerzas del orden que, existe un reparto
competencial establecido en el Estatuto de Gernika, sería lo deseable para no
abrir debates estériles. No estamos ante una polémica o un simple desencuentro
entre responsables políticos. Estamos hablando de autogobierno, y las
declaraciones del consejero me parecen más que acertadas, como defensa del
mismo, ante quienes, con sus actuaciones lo cuestionan
El Gobierno Vasco sostiene que el mantenimiento del orden público y la
seguridad ciudadana corresponden, con carácter ordinario, a la Ertzaintza,
conforme al Estatuto de Gernika, y a los acuerdos alcanzados en la Junta de
Seguridad. A partir de ahí la actuación de otros cuerpos policiales debe
ajustarse al marco competencial existente. La cuestión, por tanto, no es quién
realizó las detenciones, sino si estas se produjeron respetando el modelo
policial que el propio ordenamiento jurídico ha diseñado para Euzkadi.
Es realmente preocupante la airada reacción del Sindicato Unificado de Policía (SUP). En lugar de entrar en un debate jurídico sobre el reparto competencial previsto en el Estatuto de Gernika, opta por exigir una rectificación pública al consejero y califica de "irresponsable" su posición, llegando incluso a afirmar que limitar la actuación de la Policía Nacional convertiría a Euzkadi en una "república bananera”
Insinuar que el departamento de Seguridad ha sido permisivo y ha hecho la vista gorda ante los incidentes y agresiones que han sufrido varios hinchas de la selección española, para intentar justificar sus actuaciones policiales no son de recibo y si demandan una rectificacion por parte del SUP, y una explicacion por parte de ministerio de seguridaad correspondiente
Utilizar un
lenguaje brusco, que pudiéramos tildarlo de zafio, es impropio de quien pretende
participar en un debate institucional serio. Los desacuerdos sobre competencias
se resuelven con argumentos jurídicos y respeto al marco legal, no mediante
descalificaciones o expresiones destinadas a desacreditar las instituciones de
autogobierno.
Acusar, como lo ha hecho el Sindicato Unificado de Policía (SUP), de actuar
con "irresponsabilidad", exigiendo, ni más ni menos, una
rectificación pública, defendiendo que la Policía Nacional actuó dentro de sus
competencias, deriva el debate, no ya en lo exclusivamente institucional, sino
lo convierte en una confrontación publica sobre el alcance del autogobierno.
Por otro lado, es curioso comprobar cómo ciertos medios emplean distintos términos,
cuando casos esporádicos como los ocurridos en Bilbao, son magnificados, y a la
vez ocultan otros hechos como por ejemplo, en Madrid, donde la Asociación de Migrantes de Argentina Residentes en España (MARES) que afirma haber sufrido agresiones por parte de simpatizantes de la selección española en Madrid. Si unas agresiones
merecen atención, las otras también deberían merecerla.
Cuestionar
la profesionalidad de la Ertzaintza, y su
capacidad para ejercer las competencias que tiene atribuidas va en dirección contrario de una buena colaboración entre
las distintas fuerzas policiales. Al contrario, alimentan enfrentamientos entre
dichos cuerpos, que en diversas ocasiones ya trabajan de manera coordinada y
conjunta.
Se
trata de determinar si el reparto de competencias aprobado democráticamente esta
siendo respetado, y, aunque no sea del agrado de algunos, deba seguir siéndolo.
Si
el Gobierno Vasco entiende que ese marco competencial ha sido vulnerado, tiene
del deber y el derecho institucional de plantearlo en los órganos bilaterales previstos
para ello. El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, tiene la obligación de defender
el autogobierno, defender las competencias propias, y eso no debe suponer
atacar ninguna institución del Estado.
Defender el
Estatuto de Gernika y las competencias de la Ertzaintza no es un acto de
hostilidad hacia la Policía Nacional. Es, sencillamente, exigir que cada
institución actúe dentro del marco competencial que el ordenamiento jurídico
establece. Quienes pretenden ridiculizar esa reivindicación con expresiones
grandilocuentes y despectivas deberían recordar que el Estado de Derecho se
fundamenta precisamente en el respeto a la ley y a las competencias legalmente
atribuidas.
Si el Estatuto
debe respetarse cuando atribuye competencias al Estado, también debe respetarse
cuando las atribuye a Euzkadi. Aunque todavía haya quienes se resistan a asumir
con normalidad el modelo de autogobierno que la ciudadanía vasca aprobó
democráticamente y que el Estatuto de Gernika consagra.
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