El euskera crece cuando convence

Las recientes declaraciones de ELA-STV y de su secretario general, Mitxel Lakuntza, anunciando que el sindicato utilizará exclusivamente el euskera en las mesas de negociación colectiva a partir del próximo mes de septiembre, vuelve a generar discusión si la mejor forma de apoyar el euskera es la imposición en lugar del convencimiento.

Si a ello unidos la exigencia de que el Consejo de Relacion es Laborales (CRL) dote de traductores e interpretes de dichas reuniones, vuelve a abrir un debate que va mas allá del ámbito sindical. Y pone en cuestión cual es la mejor estrategia para avanzar en su normalización

Patrimonializar la defensa del euskera con decisiones que no invitan a su conocimiento no es el mejor de los medios. Hay que partir de una premisa fundamental; el euskera constituye un patrimonio común de nuestra sociedad y su promoción y fortalecimiento son objetivos absolutamente legítimos.

Ha costado décadas, partiendo de épocas anteriores de retroceso, en que las instituciones vascas y la propia sociedad llevan realizando un esfuerzo enorme en la recuperación de espacios de uso de nuestra lengua. La enseñanza, los euslkategis, administración pública, etc. etc. y, por supuesto, la implicación de miles de ciudadanos, ha hecho posible que el euskara haya ganado presencia y prestigio social. Y es necesario que este camino siga asi.

Precisamente por eso resulta necesario preguntarse si todas las estrategias contribuyen realmente a ese objetivo.

Partiendo de la base de que el derecho de cualquier persona a expresarse en euskera debe ser respetado, debemos ser conscientes que en Euzkadi contamos dos lenguas oficiales. El objetivo no puede consistir en sustituir una imposición por otra. Si durante décadas el euskera sufrió una posición de inferioridad frente al castellano, la respuesta no puede ser reproducir ese mismo esquema en sentido inverso. La igualdad entre ambas lenguas exige garantizar el derecho a utilizar cualquiera de ellas sin convertir esa elección en un obstáculo para el diálogo. Ya sufrimos, y seguimos sufriendo, esa discriminación durante muchos años, del castellano con respecto al euskara.

El proceso de euskaldunización de la sociedad, ha sido mediante el convencimiento. No mediante la imposición.

Con respecto a las declaraciones del secretario general de ELA, una negociación colectiva tiene como objetivo concreto el de alcanzar acuerdos entre trabajadores y empresas. La comunicación y el consenso es en elemento esencia para que cualquier negociación llegue a buen puerto

Reclamar recursos de traducción puede ser una vía razonable para facilitar el uso del euskera allí donde resulte necesario. Otra cuestión distinta es convertir la ausencia de esos medios en un elemento de bloqueo o confrontación.

Cuando una organización anuncia que utilizará exclusivamente el euskera, aun siendo consciente de que algunos de los interlocutores pueden no comprenderlo, (empresas de implantación estatal o internacional) el idioma deja de ser un instrumento de comunicación para convertirse, inevitablemente, en el centro del conflicto. El debate ya no gira sobre salarios, condiciones laborales o derechos de los trabajadores, sino sobre la lengua utilizada durante la negociación.

No es valida cualquier iniciativa para reforzar la presencia del euskera, cuando puede servir al discurso de quienes lo presentan como elemento de confrontación n o exclusión. En Euzkadi necesitamos fortalecer la euskaldunizacion desde el convencimiento.

Quienes comenzamos a aprender euskera en los años setenta y quienes, décadas después, hemos vuelto a las aulas con más de setenta años cumplidos, no lo hicimos porque nadie nos obligara. Lo hicimos porque entendimos que el euskera forma parte de nuestra identidad y de nuestro patrimonio colectivo. Esa sigue siendo la mejor prueba de que el convencimiento transforma mucho más que cualquier imposición.

La normalización lingüística no puede construirse únicamente sobre derechos; también necesita pedagogía, complicidad y aceptación social. Las lenguas no se fortalecen porque se impongan, sino porque cada vez más personas descubren que merece la pena utilizarlas.

La verdadera fortaleza del euskera reside en conseguir que cada día haya más ciudadanos que quieran hablarlo. Porque una lengua vive cuando convence. Y ese sigue siendo el mejor camino para garantizar su futuro.

 

 

 

 

Pulsa aqui para leer más...

Cuando la corrupción se utiliza para blanquear a ETA

"Al PNV le molesta más citarle a Agirre que acusarle de apartheid lingüístico" Con este titular nos sorprendía el día 7, en Gara, Iñaki Iriondo. Y dentro de su argumentación, por mucho que su intención sea vestirlo de análisis político, retrata a quien la formula conteniendo afirmaciones que merece una reflexión mas profunda. Y no, no por la crítica, legítima por otra parte, a EAJ-PNV, sino por el razonamiento empleado.

 Sostiene, como parte de su argumentario, que “cientos de miles de vascos y vascas”, Militantes de ETA”, se han sacrificado mas por Euskal Herria que los condenados por distintos casos de corrupción vinculados al PNV, citando algunos de ellos.

Decir “…. para cientos de miles de vascos y vascas los militantes de ETA se han sacrificado y han hecho más por Euskal Herria……” supone cruzar una linea ética de enorme gravedad, Y nos retrotrae a tiempos pasados de infaustos recuerdos, sumidos en años de violencia que, Al introducir esa afirmación sin matización ni distancia crítica, termina otorgándole una legitimidad política que resulta profundamente inquietante 

Intentar poner en una balanza hechos de corrupción, personas vinculadas o no a partidos políticos. Juzgadas y condenadas, en la misma balanza de quienes asesinaron a más de 850 personas, extorsionó a empresarios (¿acaso esto no es también corrupción?), que condiciono la vida política durante décadas, éticamente Sr. Iriondo, no tiene un pase. 

Hoy en día, vivimos en un Estado de derecho con los instrumentos necesarios para perseguir la corrupción. ETA pretendía sustituir ese Estado de Derecho por la violencia. Por eso inquieta que pasados los años haya quienes siguen recurriendo a viejo recurso de minimizar el terrorismo comparándolo con cualquier otra conducta por muy reprobable que sea.

Enfrentar corrupción y terrorismo para sugerir que los segundos merecen un reconocimiento histórico superior a los primeros. Ese razonamiento no repara la memoria. La distorsiona.

Es especialmente llamativo que estas posturas aparezcan cuando EH Bildu intenta reivindicar la figura del Lehendakari de José Antonio Aguirre como referente político. El lehendakari José Antonio Aguirre defendió la democracia frente al totalitarismo. Jamás justificó la violencia política y nunca sostuvo que matar pudiera ser un instrumento legitimo para construir Euzkadi

Invocar su legado mientras se normalizan afirmaciones según las cuales los miembros de ETA "hicieron más por Euskal Herria" constituye una contradicción difícil de explicar.

Y esa diferencia debería seguir siendo evidente para cualquiera que aspire a construir una memoria verdaderamente democrática.

 

 

Pulsa aqui para leer más...

El Constitucional avala los perfiles lingüísticos y desmonta años de recursos

Durante años hemos asistido a continuas controversias, cuando no resoluciones judiciales sobre la exigencia del euskera en la administración pública vasca. Por fin, el Tribunal Constitucional ha dictado sentencia, dando un giro definitivo y ha tomado una decisión clave que, en la práctica, supone un importante respaldo jurídico al sistema de perfiles lingüístico en el empleo público en Euzkadi. avalando la constitucionalidad del artículo 187.5

Para partidos como EAJ-PNV, este movimiento debería servir para cerrar de una vez por todas el constante cuestionamiento en los tribunales de los requisitos idiomáticos. Pero, ¿qué es exactamente lo que ha pasado y qué consecuencias reales tiene? Vamos a desgranarlo de forma sencilla muy sencilla el devenir de esta resolución y sus consecuencias reales

El Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco (TSJPV) había acudido al Constitucional con una cuestión de inconstitucional. En concreto si el art. 187.5 de la Ley de Empleo Público vasco se ajustaba o no a la Carta Magna, a la Constitución.

El TC rechaza en sentencia esta consulta, dejando la ley intacta y plenamente vigente, dando un aval absoluto a su legalidad. Y estableciendo que todos los puestos de trabajo en la administración publicas vascas (incluidos temporales o coyunturales), debe contar con un perfil lingüístico obligatorio, determinado según las necesidades de comunicación reales de cada puesto.

Volviendo a los orígenes, el origen de este laberinto judicial y sus posteriores decisiones del TSJPV, dimana de los recursos planteados por el Partido Popular (PP) y su socio VOX muy proclives y firmes defensores de la imposición de una lengua, la suya, castellana o española, en detrimento, cuando no menosprecio de otra lengua, también oficial en Euzkadi como el euskera.

Sus recursos se dirigieron contra el Decreto 19/2024 de normalización del uso del euskera en el Sector Publico Vasco. Ha pasado el tiempo desde que el tribunal vasco decidiese congelar su veredicto final, y opto por preguntar primero al Constitucional si la ley en la que se basaba ese decreto era constitucional. Con esta resolución el TC despeja las dudas del RSJPV, y los recursos de la oposición pierden su principal punto de apoyo

Esta resolución del Tribunal Constitucional, para EAJ-PNV, para la formación jeltzale, supone un respaldo a un modelo de bilingüismo en la administración, esperando que esta decisión sirva para acabar con la judicialización de la política lingüística, y años llenando los juzgados de recursos y sentencias contradictorias.

Como dato curioso de calendario: la decisión del TC se tomó a finales de junio, apenas dos días antes de que el Parlamento Vasco aprobara una nueva reforma de la ley de empleo público con los votos a favor de EAJ-PNV y la abstención de EH Bildu, reforzando aún más el marco normativo autonómico.

Mientras EAJ-PNV optó por fortalecer jurídicamente el sistema de perfiles lingüísticos, el PSE prefirió alinearse con el voto negativo de PP, Sumar y Vox. La posterior decisión del Tribunal Constitucional refuerza la posición de quienes defendían que el problema no estaba en la ley, sino en la interpretación restrictiva que algunos tribunales estaban realizando de ella.

Aquellos que optaron por mantener reservas o distanciarse de la reforma legislativa deberán El Tribunal Constitucional avala el modelo que el PSE se negó a reforzar en el Parlamento Vasco. Y deja, políticamente, más difícil de justificar aquellas reservas

Esta resolución del Tribunal Constitucional, permitirán a las administraciones vascas tener seguridad jurídica para seguir exigiendo los perfiles de euskera, adaptados a cada puesto de trabajo. No vamos a pecar de ilusos, Sabemos que la tensión política y el debate social seguirá ahí, pero ahora si tenemos constancia de que el frente judicial parece haber encontrado su punto de destino final

Pulsa aqui para leer más...

810 millones sin gastar: el relato frente a los datos

Cómo convertir una ejecución presupuestaria del 94,9 % en un supuesto problema de gestión.

El pasado 6 de julio, el editorial de El Correo abría con un titular llamativo: “810 millones sin gastar, problema de gestión” Sin extrañarnos demasiado conociendo la linea editorial de este medio de comunicación, también conocido para algunos como “El Ilustre” (título concedido, graciosamente por el gran Alkate de la Villa, Iñaki Azkuna), el texto analizaba el cierre del ejercicio presupuestario del Gobierno Vasco poniendo el foco en esos 810 millones de euros que se han quedado “sin gastar”. en la recámara.

A primera vista, la cifra asusta. "¡810 millones atrapados en los despachos mientras la ciudadanía tiene necesidades!", podría pensar cualquiera. Sin embargo, en la economía del sector público, analizar el dinero sin contextualizar el porcentaje es, en el mejor de los casos, un análisis incompleto; una interpretación parcial de la realidad presupuestaria y una lectura incompleta de los datos

La realidad de los números: ¿Qué significa un 94,9%?

En cualquier administración pública (ya sea la OCDE, la Unión Europea o tu ayuntamiento), la ejecución del 100% del presupuesto es un mito utópico. Los procesos de licitación pública que quedan desiertos, las bajas temerarias en las contrataciones o los inevitables tiempos burocráticos hacen que siempre quede un remanente. De hecho, la prudencia financiera exige tener un colchón de tesorería.

Cuando el propio editorial admite de pasada que Euzkadi ha ejecutado el 94,9% de sus presupuestos (15.728 M€ totales), lo que en realidad está describiendo —mal que pese a su línea editorial— es un éxito de gestión.

Para entender por qué, basta con levantar la vista y comparar al Gobierno Vasco con el resto de administraciones públicas:

Si aplicamos el mismo baremo de El Correo a otras latitudes, nos encontraríamos con titulares de ciencia ficción. ¿Diremos que la Comunidad de Madrid tiene un "caos administrativo intolerable" porque se ha dejado sin ejecutar más de 2.400 millones de euros? ¿O que el Gobierno Central sufre una "parálisis total" por tener 24.000 millones en el tintero? Evidentemente no. Se entiende como la lógica fluctuación de las cuentas públicas.

Una ejecución cercana al 95 % vuelve a presentar al Gobierno Vasco entre las administraciones con un elevado grado de ejecución presupuestaria, aunque esa cifra solo adquiere sentido cuando se compara con otras comunidades y con la Administración General del Estado Euzkadi se sitúa, un año más, aparece como ejemplo de gestión respecto a la eficiencia presupuestaria del Estado, perdiendo apenas un 5,1% por el camino burocrático, frente al 8% o 10% que se "dejan" de media el resto de comunidades autónomas.

Administración	Presupuesto Total	% Ejecución	% No Ejecutado	Dinero "Sin Gastar"
Gobierno Vasco	15.728 M€	94,9 %	5,1 %	810 M€
Comunidad de Madrid	~29.000 M€	91,5 %	8,5 %	~2.465 M€
Administración del Estado (IGAE)	~274.000 M€	91,2 %	8,8 %	~24.112 M€
Junta de Andalucía	~46.700 M€	90,2 %	9,8 %	~4.576 M€
Generalitat de Cataluña	~45.000 M€	89,8 %	10,2 %	~4.590 M€

 

Criticar la gestión de los recursos públicos es sano y necesario en una democracia. Discutir si esos 810 millones deberían haber ido a vivienda, Osakidetza o educación es un debate político legítimo.

Pero tildar de "problema de gestión" a una de las tasas de ejecución más altas de todo el Estado español es, simplemente, puede llevar al lector a extraer una conclusión que el dato, por sí solo, no permite sostener. Dicho de otra manera, intentar cuadrar el relato, una interpretación basada únicamente en cifras absolutas. En la pizarra de la economía real, un 94,9% sigue siendo un sobresaliente alto.

 

Pulsa aqui para leer más...

Los datos avalan a Osakidetza: Euskadi supera la media europea en enfermería
Los medios de comunicación han informado, estos últimos días, sobre el número de enfermeras en Euskadi. Según los datos difundidos a partir del informe del Consejo General de Enfermería, Euskadi alcanza ya 8,21 enfermeras por cada 1.000 habitantes,solo por detrás de Navarra, con 8,97, y por encima de la media europea, situada en 8,12. La media española queda bastante más abajo, en 6,45La media española queda bastante más abajo, en 6,45.

Decir que la enfermería constituye uno de los pilares básicos de cualquier sistema sanitario moderno, no es descubrir nada nuevo. Allí donde hay más enfermeras, hay mayor capacidad de seguimiento, más cuidados, más prevención y mejor atención a la cronicidad. Los datos que presenta la información reflejan que Euzkadi supera la media europea, Indicador relevante de la solidez de nuestro sistema sanitario.

Es cierto que estos datos pueden llevarnos a la autocomplacencia. Euzkadi, como el conjunto de los sistemas sanitarios avanzados, tiene retos evidentes a corto y medio plazo. Envejecimiento de la población, dificultades de atención sanitaria en determinados periodos. Relevo generacional, y, muy importante, una creciente demanda de atención en salud mental.

Reconociendo los problemas actuales y futuros es una cosa, pero construir un relato permanente sobre el deterioro de Osakidetza como si fuera una excepción negativa, es, cuando menos, partidista, interesada y falta de rigor.

Otro dato importante es la reducción de la temporalidad en Osakidetza. Según el Gobierno Vasco, la eventualidad se redujo en 2025 hasta el 13,6%, frente al 37,5% con que se cerró 2024. Todavía queda camino hasta el objetivo europeo del 8%, pero la tendencia indica una mejora relevante en la estabilidad de la plantilla.

También en recursos económicos la fotografía es significativa. El gasto corriente en salud en Euskadi alcanzó en 2023 los 8.554 millones de euros, con un crecimiento del 6%. Hablamos, por tanto, de una de las principales políticas públicas del autogobierno vasco y de una apuesta sostenida por el bienestar de la ciudadanía. 

También la percepción ciudadana ofrece datos relevantes. El Barómetro Sanitario 2025 sitúa a Euskadi como la comunidad con mejor valoración de la coordinación entre Atención Primaria y hospitalaria, con un 65,8% de opiniones positivas y solo un 8,5% de valoración negativa. 

Sería un error congratularnos de estos datos. Osakidetza tiene retos para afrontar los problemas actuales y venideros, pero no parte, en modo alguno, de una posición débil. Necesita reformas, cierto, pero, a pesar de ciertas actitudes cicateras, sigue siendo uno de los sistemas sanitarios más sólidos del Estado.

Volviendo a la noticia de las ratios de enfermeras por habitante, esta no nos debe ocultar que su funcionamiento sea imperfecto. En Euzkadi contamos con un sistema sanitario público homologable a los estándares europeos, y con un margen de mejora necesario para, como digo, afrontar los problemas venideros

La noticia en relacion a enfermeria, y el ratio por habitante no nos debe hacer creer que todo funciona perfectamente. Pero a pesar de declaraciones políticas interesadas, hay un hecho: Osakidetza sigue siendo uno de los grandes pilares de nuestro autogobierno y un de las herramientas mas importantes de cohesión social de nuestros territorios.

Pulsa aqui para leer más...

Los pactos de la exclusión y sus consecuencias para Euzkadi

Los recientes pactos de gobernabilidad que, sucesivamente, están siendo firmados entre el Partido Popular y Vox en aquellas comunidades como Aragón, Castilla y León, Extremadura y más recientemente Andalucía suponen el rechazo frontal al reparto de menores no acompañados.

Cláusulas pactadas como vetos explícitos a la apertura de nuevas plazas, reducción drástica de recursos de acogida de los ya existentes, etc.etc. suponen blindar sus fronteras internas y dar la espalda, no ya al Decreto estatal sobre esta problemática, introduciendo medidas que numerosos juristas y organizaciones de defensa de la infancia consideran difíciles de conciliar con el principio del interés superior del menor recogido

Las directivas de la UE así como la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU son claras e insisten que la condición del menor y su protección deben prevalecer siempre sobre cualquier política de fronteras. Pero observamos que el Partido Popular con sus acuerdos, por motivos absolutamente espurios avanza hacia una insolidaridad institucional sin precedentes

Por mucho que se empeñen ambas formaciones políticas, las fronteras administrativas de una comunidad no van a detener las dinámicas migratorias. El ocultar un problema no lo resuelve. En este caso, invisibilizar a los menores no los hace desaparecer. Privados de una tutela efectiva o ante la perspectiva de un sistema asistencial precario y hostil se desplazan, por sus propios medios hacia otras comunidades, en este caso a Euzkadi.

Debido a un modelo de servicios sociales fortalecido y con una histórica responsabilidad con los derechos humanos se convierte en el destino final de un flujo migratorio desordenado. Prueba de ello las recientes noticias de que Euzkadi se está convirtiendo en el destino final de un número creciente de menores migrantes que en teoría, habían sido asignados ala Comunidad de Madrid en el marco del reparto de acogidos procedentes de Canarias. Según informa el Correo, medio centenar de estos jóvenes, en su mayoría de origen gambiano, han llegado en las ultimas semanas “por oleadas” a Bizkaia, algunos dias hasta tres de una vez.

Euzkadi mantiene cerca de un millar de menores bajo su protección, que no corresponde con la densidad poblacional en comparación con comunidades de mayor extensión territorial. La consecuencia directa de este fenómeno la asumen las tres Diputaciones Forales que ostentan la competencia directa de tutela

Mantener una red de centros de acogida con una ocupación del 150% de su capacidad exige una reordenación constante de los presupuestos para tal fin. Gastos no planificados en personal especializado, mediadores y programas de reinserción deben ser asumidas por las diputaciones.

El derecho internacional y la propia normativa vasca exigen una atención médica, una escolarización o formación profesional inmediata. Pudiendo causar sobresaturación de las plazas de educación secundaria y de los módulos de Formación Profesional en determinados municipios

La atención de estos jóvenes no debe terminan al alcanzar la mayoría de edad. A diferencia de otras comunidades las instituciones vascas han desarrollado programas para evitar que caigan en la exclusión social y la marginalidad. Y eso perpetúa la inversión pública

Euzkadi, el Gobierno español, reconociendo el esfuerzo y la labor de Euzkadi ha eximido, temporalmente a nuestro territorio d recibir nuevos grupos procedentes de Canarias.

Determinadas comunidades autónomas regidas por el PP, con el concurso de VOX ateniéndose a los acuerdos pactados en aras de poder conservar el poder, no pueden hacer de una obligación jurídica y humanitaria, un activo electoral de consumo interno.

El modelo vasco de bienestar no puede seguir asumiendo un sobreesfuerzo humano y económico, mientras otras comunidades se ponen de soslayo. Euzkadi no puede seguir pagando en solitario el cumplimiento de las directivas que sobre protección al menor están reconocidas, como señaláramos al principio, por las directivas de la UE así como la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU.

Ello no exime al Estado de su responsabilidad. La política migratoria corresponde al Gobierno central y la distribución de menores debe ir acompañada de financiación suficiente, planificación y mecanismos eficaces de seguimiento para evitar que unos territorios soporten cargas muy superiores al resto

 

Pulsa aqui para leer más...