Protección de menores sí, bloqueos no: el debate tras el caso Bernedo

El caso de las colonias de Bernedo ha evidenciado una necesidad urgente en Euskadi: reforzar los controles sobre las actividades juveniles en las que participan menores.

Ante denuncias graves formuladas por familias afectadas, la reacción institucional solo puede ser una: protección inmediata. En materia de infancia, no caben dilaciones.

Por ello, el Gobierno Vasco ha impulsado la modificación de la Ley de Juventud incorporando medidas concretas y verificables:

• Autorización administrativa obligatoria previa para ejercer la actividad.

• Creación o actualización de registros oficiales de entidades de tiempo libre.

• Protocolos obligatorios de prevención frente a la violencia sexual y situaciones de riesgo.

• Verificación de antecedentes y formación específica del personal en protección de menores.

No se trata de declaraciones de intenciones, sino de instrumentos jurídicos que refuerzan la supervisión y la responsabilidad.

Mientras se tramita la reforma legal, el Ejecutivo ha decidido aprobar un decreto para que estas garantías estén vigentes antes del próximo verano. El objetivo es claro: que las familias dispongan de mayor seguridad cuanto antes.

La reforma podría aprobarse por lectura única, un procedimiento que exige unanimidad parlamentaria y que permitiría acelerar su entrada en vigor. Sin embargo, EH Bildu ha decidido bloquear esta vía alegando que “no se puede legislar deprisa”.

La pregunta es inevitable: cuando existe alarma social y denuncias graves, ¿debe la respuesta institucional ser lenta o eficaz?

En protección infantil, cada mes cuenta. Retrasar controles más estrictos no mejora las garantías; las pospone.

EH Bildu ha situado la lucha contra la violencia sexual y la defensa de las víctimas como eje central de su discurso político. Pero cuando se trata de concretar medidas normativas, endurecer requisitos y acelerar su aplicación, opta por frenar el procedimiento más rápido disponible.

La protección de menores no puede convertirse en terreno de cálculo político.

Las familias necesitan garantías antes del verano.
Y la protección de la infancia debe estar por encima de cualquier estrategia parlamentaria.

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Amaiur: Historia, memoria y símbolo del Pueblo Vasco

¿Qué es Amaiur?

Amaiur (también conocido como Maya) es un pequeño pueblo del Valle de Baztán (Navarra), en la zona navarro-bascófona, con apenas unas centenas de habitantes. Su nombre está íntimamente ligado a un castillo medieval que se alzaba en la colina sobre el caserío, vigilancia clave sobre el paso de los Pirineos entre Pamplona y Baiona.

La batalla de 1522: último bastión navarro

El hecho más trascendental de Amaiur ocurrió en 1522 durante la conquista de Navarra por las fuerzas castellanas tras la invasión de 1512. El castillo resistió el avance de las tropas castellanas mucho más tiempo que otros puntos del Reino, convirtiéndose en el último bastión de resistencia navarra.

Según diversas crónicas, apenas un centenar o dos de defensores plantaron cara a un ejército muy superior en número, defendiendo su soberanía hasta la rendición final.

La caída de Amaiur marcó prácticamente el fin de la resistencia organizada al control castellano sobre Navarra, consolidando su incorporación permanente a la Corona de Castilla (y, con el tiempo, a la Monarquía Hispánica).

Amaiur como símbolo de resistencia

Desde el punto de vista histórico y cultural, Amaiur se transformó rápidamente en un símbolo de resistencia y defensa de libertades propias. En la memoria colectiva vasca fue valorado como ejemplo de espíritu de lucha frente a la imposición exterior.

Este simbolismo se consolidó particularmente en el siglo XX, cuando en 1922 se erigió un monolito en el lugar donde se encontraba el castillo para honrar a sus defensores. El monolito fue destruido por dinamita en 1931 y luego reconstruido en 1982, en un contexto social y político en el que la memoria de Amaiur adquiría relevancia en debates sobre identidad y libertades.

La caída del castillo en julio de 1522 no fue solo una derrota militar. Fue el cierre forzado de un ciclo histórico. Pero también el nacimiento de un símbolo.

Hay quien intenta reducir Amaiur a un episodio menor o a una bandera partidista.

Amaiur es la constatación de que hubo una pérdida de soberanía y que esa memoria sigue viva.

Reivindicar Amaiur no es vivir en el pasado. Es recordar que las decisiones políticas tienen consecuencias que atraviesan siglos.

Amaiur no es patrimonio de una sigla. Es patrimonio de la memoria colectiva vasca. Pero aquí empiezan los contrastes actuales.

Hoy vemos posiciones muy distintas ante lo que simboliza Amaiur:

Por un lado reivindican soberanía historia, hablan del derecho a decidir, etc. pero al mismo tiempo sostienen mayorías en Madrid sin avances estructurales en reconocimiento nacional.

Votan leyes estatales que refuerzan el marco competencial del Estado y priorizan influencia coyuntural frente a redefinición estructural del encaje político

No se puede invocar la memoria cuando conviene y relativizarla cuando incomoda.
No se puede hablar de dignidad histórica y al mismo tiempo vaciar de contenido político esa historia.

O se reconoce que hubo una pérdida de soberanía y se actúa en consecuencia en el debate político actual. O se convierte el símbolo en folklore vacío.

Lo que no vale es la ambigüedad interesada.

La pregunta es si estamos dispuestos a actuar con la misma claridad de principios.

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Irán y el derecho internacional: ¿Cuando es legal empezar una guerra?

Irán y el derecho internacional: Diplomacia frente a unilateralismo

El conflicto en torno a Irán vuelve a colocar sobre la mesa una cuestión esencial: ¿quién decide cuándo empieza una guerra y bajo qué legitimidad?

La Carta de la Organización de las Naciones Unidas establece con claridad la prohibición del uso de la fuerza salvo en dos supuestos: legítima defensa ante un ataque armado o autorización expresa del Consejo de Seguridad. Todo lo demás entra en el terreno del unilateralismo, cuando no directamente en la vulneración del orden jurídico internacional.

La pregunta es evidente:
¿Se puede combatir una teocracia autoritaria saltándose las reglas del derecho internacional?
¿O el remedio termina erosionando el mismo orden jurídico que se dice defender?

Otro debate es el uso de bases militares situadas en terceros países para operaciones ofensivas.

Desde el punto de vista jurídico, el uso de instalaciones militares en territorio de un Estado requiere consentimiento del país anfitrión. Pero ese consentimiento no es neutro: implica asumir responsabilidad política e incluso jurídica por las acciones realizadas desde ese territorio.

Si una operación militar no cuenta con cobertura de Naciones Unidas ni responde a un ataque previo en legítima defensa, el debate deja de ser meramente estratégico y pasa a ser jurídico y ético.

Nadie discute que el régimen iraní presenta rasgos teocráticos y restricciones severas de derechos políticos y civiles. Pero el derecho internacional no contempla la “abolición de una dictadura” como causa autónoma para iniciar una guerra.

Aquí aparece la otra dimensión: la geopolítica.
Equilibrios regionales, seguridad energética, rivalidades globales, alianzas estratégicas.

Cuando el discurso de la liberación en este caso de Irán,  convive con intereses estratégicos, la línea entre principios y poder se vuelve difusa.

Si el orden internacional se basa en reglas, esas reglas deben aplicarse también cuando resultan incómodas para las grandes potencias.

La coherencia en política exterior no consiste en elegir enemigos correctos, sino en mantener principios estables.

Porque si hoy se normaliza que cada Estado decida unilateralmente cuándo intervenir, mañana ese mismo criterio podrá aplicarse en cualquier otro lugar.

El conflicto en torno a Irán vuelve a plantear una pregunta incómoda: ¿quién decide cuándo empieza una guerra?

La Carta de la Organización de las Naciones Unidas es clara: el uso de la fuerza solo es legal en caso de legítima defensa o con autorización del Consejo de Seguridad. Fuera de esos supuestos, hablamos de decisiones unilaterales que erosionan el orden internacional.

Nadie discute que el régimen iraní sea una teocracia con graves déficits democráticos. Pero el derecho internacional no contempla el “cambio de régimen” co
mo causa legítima para iniciar una guerra. Si se normaliza que cada potencia actúe por su cuenta invocando valores, el sistema de reglas se convierte en papel mojado.

Y entonces la cuestión ya no es Irán.

La cuestión es si queremos un orden internacional basado en normas… o en el u la fuerza.

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Muskiz confinado por el benceno: cuando la tranquilidad salta por los aires

Nuevamente el reciente suceso, en la refinería Petronor, S.A. ubicada en  Muzkiz, reabre, otra vez, el debate en Euzkadi, sobre el debate el equilibro que debe haber entre la actividad industrial y la seguridad ambiental. Y, por descontado, el derecho de los vecinos a vivir sin sobresaltos.

Cuando se aconseja a los vecinos confinarse en sus casas, aunque fuese de forma temporal, su preocupación es lógica y comprensible.

Desde la empresa se ha trasladado que se trata de un incidente concreto, y que la situación quedo bajo control. Los protocolos funcionaron.

Pero a pesar de ello la pregunta que nos hacemos, que se hacen los vecinos es:

¿Son episodios aislados o es un patrón que exige medidas adicionales? Y, ante esto la respuesta institucional no puede limitarse a un simple comunicado técnico.

Que Petronor es una infraestructura estratégica para Euzkadi está fuera de toda duda. Genera empleo, directo e indirecto, actividad económica y forma parte de nuestro tejido industrial. Negar esta realidad sería irresponsable.

Pero ello no elude su responsabilidad en minimizar el impacto emocional y sanitario.

No hay debate entre elegir industria o salud. Ambas pueden y deben ser compatibles. Y para ello es obligatoria una transparencia inmediata de los datos de emisiones, Auditorías técnicas independientes, y una explicación clara de que ha fallado, el porque y que medidas adicionales se piensan tomar.

Si los niveles detectados de concentraciones elevadas de benceno obligaron a los vecinos al confinamiento, debe explicarse con precisión, con claridad, con certezas y no con silencios ni evasivas.

La confianza de, los vecinos en su entorno, y en las empresas que le rodean, se construye día a día. Con transparencia

Euzkadi es un país industrial y debe seguir siéndolo. Y ello exige unos estándares altos de seguridad y protección ambiental.

Lo sucedido tiene que servir para reforzar protocolos, mejorar comunicación y demostrar que la salud pública está por encima de cualquier otro interés.

La industria es una de las fortalezas de Euzkadi, sino la más importante, por ello la exigencia de transparencia es legítima. Y exigibles, también, el estableciendo de protocolos necesarios para que sucesos como los habidos la semana pasada no se vuelvan a repetir

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La huelga de comedores y el relato del bocadillo

Los trabajadores de los comedores escolares de gestión directa han llevado a cabo tres días de huelga reivindicando el desbloqueo de la negociación del convenio colectivo, con un seguimiento que los sindicatos califican de masivo.

El derecho a la huelga es incuestionable. Forma parte del marco democrático y laboral.
Las trabajadoras defienden sus condiciones laborales para garantizar un servicio de calidad, estable y digno. Hasta ahí, nada que objetar

En medio del conflicto se ha generado un intenso debate social. Varias familias denunciaron que en algunos colegios se retiraron los bocadillos y comidas que sus hijos habían llevado desde casa, ante la previsión de que no habría servicio de comedor durante la huelga.

Paralelamente, ha circulado con fuerza —promovida por portavoces del sindicato ELA— la afirmación de que:

“No está permitido que los niños lleven bocadillos al colegio durante los días de huelga.”

Y eso no se ajusta ni a la realidad normativa ni a los hechos.

Lo que dice realmente la normativa:

La legislación que regula los jantokis incluye normas sobre higiene y seguridad alimentaria que pueden restringir la entrada de alimentos no gestionados por el servicio de catering.

Es cierto que, por motivos sanitarios, los centros pueden no admitir comida externa al comedor en condiciones normales.

Pero el propio Departamento de Educación del Gobierno Vasco ha aclarado que:

• La normativa general limita la entrada de alimentos externos sin autorización por motivos sanitarios y organizativos.
• En situaciones excepcionales, como una huelga, podría permitirse con autorización de las direcciones de los centros.

Y eso es clave.

Porque eso no equivale a una prohibición absoluta de llevar bocadillos.

La afirmacion de ELA-STV no es solo exagerada, Es falsa, tanto en términos legales como técnicos.

Lo que ocurrió, según las propias denuncias de las familias, es que en determinados centros se impidió a algunos alumnos consumir la comida que habían llevado de casa y, en algunos casos, incluso se retiraron bocadillos de mochilas.

Eso puede ser discutible desde el punto de vista organizativo o de gestión puntual.
Pero convertirlo en una supuesta prohibición general es otra cosa muy distinta.

ELA necesita que las huelgas tengan impacto. Que provoquen indignación social. Que generen un símbolo.

Pero cuando un sindicato recurre a la exageración para reforzar su relato, erosiona su credibilidad.
La defensa de condiciones laborales dignas no necesita apoyarse en medias verdades.

El derecho a la huelga es legítimo.
Las reivindicaciones laborales pueden ser justas.

Pero mezclar conflicto laboral con menores y con mensajes simplificados que no se ajustan a la realidad normativa es cruzar una línea.

La sociedad vasca merece un debate serio.
No relatos construidos sobre medias verdades

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3,6% frente al 12,9%: los datos que explican la diferencia educativa vasca

Frente al ruido y las simplificaciones interesadas, los datos son claros:

Según datos recogidos en la Evaluación Diagnóstica 2025 presentada este miércoles en el Parlamento Vasco por la consejera de Educación, Begoña Pedrosa. Presenta una evaluación positiva, destacando entre otros factores una disminución de la tasa de abandono escolar en Euzkadi en torno al 3,6% en 2025, frente al 12,9% de media en España y del 9,3% en la Unión Europea, 

Analizando los datos, el sistema educativo presenta una realidad positiva sin discusión.

Y esto por es por azar.

Euzkadi destina el 5,4% del PIB a educación, frente al 4,9% de media estatal. Cuantitativamente suponen cientos de millón es euros destinados a centros, profesorado, etc. etc.,

Euzkadi se sitúa entre las comunidades con mayor gasto por alumno del Estado. En torno a los 9.000 euros anuales por alumno. Frente a la media estatal que ronda los 6.000/5.000 euros.

La mejora en matemáticas ha sido significativa y las tasas de repetición son inferiores a la media española.

Esto no es casualidad. La capacidad de decisión propia, fruto y consecuencia de nuestro autogobierno nos permite situar la educación como eje estratégico.del pais. No es un slogan sino una política publica con resultados palpables.

El sistema tiene retos evidentes, uno de ellos el Euzkera, su utilización en la vida diaria, administrativa, servicios, etc.

Inversión sostenida, planificación y prioridad política es la base de un Ejecutivo que prioriza la educación como una de las bases de nuestro estado de bienestar.

 

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