La derecha y su ley de punto final
Las últimas elecciones autonómicas en el estado español son
demostrativas del alza de un fenómeno que adquiere rasgos propios. La normalización
de la extrema derecha y su creciente influencia en la agenda política, que
condiciona discursos, pactos y prioridades
Discursos que se alimentan del miedo, de la desinformación y
de una narrativa que identifica, como amenazas, derechos sociales, pluralidad
nacional o, políticas redistributivas. Ocultando que son pilares básicos de
cualquier sociedad democrática avanzada,
La llamada transición se ha presentado durante décadas como
un modelo ejemplar. Sin embargo, ha resultado, cada vez mas evidente, que fue
una ley de punto final.
Una ley de punto final donde no hubo depuración real del
aparato del Estado, No se juzgaron responsabilidades, otorgando inmunidad, a la
vez que opacidad a una derecha que se ha mantenido en la retaguardia a la
espera de tiempos mas favorables, donde la memoria quedase diluida y sus, como
digo, responsabilidades caducas.
Esta derecha, que nunca ha adjurado de tiempos pasados,
resurge con discursos autoritarios sin complejos, sin ruptura simbólica ni política
con el pasado dictatorial.
Utilizando discursos populistas, y medios afines como vías para
la desinformación ha conseguido que una parte de la ciudadanía apoye opciones políticas
que cuestionen los derechos laborales consolidados, rechacen políticas públicas
de protección social y medidas que benefician directamente a amplias capas
sociales. El ultimo ejemplo, el rechazo a la subida de las pensiones.
Otros factores han contribuido al resurgimiento de esta
derecha. El uso del agravio identitario como sustituto del bienestar material.
La desmovilización política tras décadas de promesas incumplidas, la criminalización
de lo público y la idealización de un mercado que no protege a los más
vulnerables.
Resulta paradójico que personas trabajadoras, pensionistas o
jóvenes sin expectativas voten proyectos que, explícitamente, empeoran sus
condiciones de vida.
Ejemplos de avances sociales en España que han sido objeto de
rechazo o reticencia por parte de la derecha extrema:
Incremento
del Salario Mínimo (SMI)
Medida que ha mejorado ingresos de trabajadores con salarios bajos, pero ha
enfrentado críticas de PP y Vox. que han
expresado oposición o reticencias frente a este tipo de subida del SMI,
cuestionándolas como una carga para empresas o economía,
Subida
de pensiones y su revalorización Incluida en decreto social, rechazada
en votación con votos de PP y Vox. En enero de 2026, votaron en el Congreso en contra de la votación de un decreto que
incluía la revalorización de las pensiones dentro de un “paquete” de medidas
sociales (decreto ómnibus)
El Ingreso Mínimo Vital (IMV) se ha
extendido y aumentado, beneficiando a cientos de miles de hogares en situación
de vulnerabilidad.
El IMV es una prestación social aprobada con
un amplio respaldo parlamentario en 2020, aunque Vox se abstuvo en aquella votación, lo que ya marcó una
posición reticente ante un derecho social universal.
Para Euskadi, el auge de la derecha y la extrema derecha no es una cuestión
abstracta ni ajena. Es una amenaza directa
al autogobierno, al euskera y al modelo social propio.
Es necesario activar una respuesta cívica y política clara.
Explicar sin complejos que el autogobierno no es un privilegio, sino una
herramienta para garantizar mejores servicios públicos, pensiones dignas y cohesión
social.
Quienes votan contra pensiones, salarios y derechos sociales
no defienden a la mayoría: defienden un proyecto recentralizador que
reduce nuestra capacidad de decidir aquí.
Ante esto solo cabe una respuesta: Memoria, conciencia nacional y compromiso civico





