Los datos avalan a Osakidetza: Euskadi supera la media europea en enfermería
Los medios de comunicación han informado, estos últimos días, sobre el número de enfermeras en Euskadi. Según los datos difundidos a partir del informe del Consejo General de Enfermería, Euskadi alcanza ya 8,21 enfermeras por cada 1.000 habitantes,solo por detrás de Navarra, con 8,97, y por encima de la media europea, situada en 8,12. La media española queda bastante más abajo, en 6,45La media española queda bastante más abajo, en 6,45.

Decir que la enfermería constituye uno de los pilares básicos de cualquier sistema sanitario moderno, no es descubrir nada nuevo. Allí donde hay más enfermeras, hay mayor capacidad de seguimiento, más cuidados, más prevención y mejor atención a la cronicidad. Los datos que presenta la información reflejan que Euzkadi supera la media europea, Indicador relevante de la solidez de nuestro sistema sanitario.

Es cierto que estos datos pueden llevarnos a la autocomplacencia. Euzkadi, como el conjunto de los sistemas sanitarios avanzados, tiene retos evidentes a corto y medio plazo. Envejecimiento de la población, dificultades de atención sanitaria en determinados periodos. Relevo generacional, y, muy importante, una creciente demanda de atención en salud mental.

Reconociendo los problemas actuales y futuros es una cosa, pero construir un relato permanente sobre el deterioro de Osakidetza como si fuera una excepción negativa, es, cuando menos, partidista, interesada y falta de rigor.

Otro dato importante es la reducción de la temporalidad en Osakidetza. Según el Gobierno Vasco, la eventualidad se redujo en 2025 hasta el 13,6%, frente al 37,5% con que se cerró 2024. Todavía queda camino hasta el objetivo europeo del 8%, pero la tendencia indica una mejora relevante en la estabilidad de la plantilla.

También en recursos económicos la fotografía es significativa. El gasto corriente en salud en Euskadi alcanzó en 2023 los 8.554 millones de euros, con un crecimiento del 6%. Hablamos, por tanto, de una de las principales políticas públicas del autogobierno vasco y de una apuesta sostenida por el bienestar de la ciudadanía. 

También la percepción ciudadana ofrece datos relevantes. El Barómetro Sanitario 2025 sitúa a Euskadi como la comunidad con mejor valoración de la coordinación entre Atención Primaria y hospitalaria, con un 65,8% de opiniones positivas y solo un 8,5% de valoración negativa. 

Sería un error congratularnos de estos datos. Osakidetza tiene retos para afrontar los problemas actuales y venideros, pero no parte, en modo alguno, de una posición débil. Necesita reformas, cierto, pero, a pesar de ciertas actitudes cicateras, sigue siendo uno de los sistemas sanitarios más sólidos del Estado.

Volviendo a la noticia de las ratios de enfermeras por habitante, esta no nos debe ocultar que su funcionamiento sea imperfecto. En Euzkadi contamos con un sistema sanitario público homologable a los estándares europeos, y con un margen de mejora necesario para, como digo, afrontar los problemas venideros

La noticia en relacion a enfermeria, y el ratio por habitante no nos debe hacer creer que todo funciona perfectamente. Pero a pesar de declaraciones políticas interesadas, hay un hecho: Osakidetza sigue siendo uno de los grandes pilares de nuestro autogobierno y un de las herramientas mas importantes de cohesión social de nuestros territorios.

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Los pactos de la exclusión y sus consecuencias para Euzkadi

Los recientes pactos de gobernabilidad que, sucesivamente, están siendo firmados entre el Partido Popular y Vox en aquellas comunidades como Aragón, Castilla y León, Extremadura y más recientemente Andalucía suponen el rechazo frontal al reparto de menores no acompañados.

Cláusulas pactadas como vetos explícitos a la apertura de nuevas plazas, reducción drástica de recursos de acogida de los ya existentes, etc.etc. suponen blindar sus fronteras internas y dar la espalda, no ya al Decreto estatal sobre esta problemática, introduciendo medidas que numerosos juristas y organizaciones de defensa de la infancia consideran difíciles de conciliar con el principio del interés superior del menor recogido

Las directivas de la UE así como la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU son claras e insisten que la condición del menor y su protección deben prevalecer siempre sobre cualquier política de fronteras. Pero observamos que el Partido Popular con sus acuerdos, por motivos absolutamente espurios avanza hacia una insolidaridad institucional sin precedentes

Por mucho que se empeñen ambas formaciones políticas, las fronteras administrativas de una comunidad no van a detener las dinámicas migratorias. El ocultar un problema no lo resuelve. En este caso, invisibilizar a los menores no los hace desaparecer. Privados de una tutela efectiva o ante la perspectiva de un sistema asistencial precario y hostil se desplazan, por sus propios medios hacia otras comunidades, en este caso a Euzkadi.

Debido a un modelo de servicios sociales fortalecido y con una histórica responsabilidad con los derechos humanos se convierte en el destino final de un flujo migratorio desordenado. Prueba de ello las recientes noticias de que Euzkadi se está convirtiendo en el destino final de un número creciente de menores migrantes que en teoría, habían sido asignados ala Comunidad de Madrid en el marco del reparto de acogidos procedentes de Canarias. Según informa el Correo, medio centenar de estos jóvenes, en su mayoría de origen gambiano, han llegado en las ultimas semanas “por oleadas” a Bizkaia, algunos dias hasta tres de una vez.

Euzkadi mantiene cerca de un millar de menores bajo su protección, que no corresponde con la densidad poblacional en comparación con comunidades de mayor extensión territorial. La consecuencia directa de este fenómeno la asumen las tres Diputaciones Forales que ostentan la competencia directa de tutela

Mantener una red de centros de acogida con una ocupación del 150% de su capacidad exige una reordenación constante de los presupuestos para tal fin. Gastos no planificados en personal especializado, mediadores y programas de reinserción deben ser asumidas por las diputaciones.

El derecho internacional y la propia normativa vasca exigen una atención médica, una escolarización o formación profesional inmediata. Pudiendo causar sobresaturación de las plazas de educación secundaria y de los módulos de Formación Profesional en determinados municipios

La atención de estos jóvenes no debe terminan al alcanzar la mayoría de edad. A diferencia de otras comunidades las instituciones vascas han desarrollado programas para evitar que caigan en la exclusión social y la marginalidad. Y eso perpetúa la inversión pública

Euzkadi, el Gobierno español, reconociendo el esfuerzo y la labor de Euzkadi ha eximido, temporalmente a nuestro territorio d recibir nuevos grupos procedentes de Canarias.

Determinadas comunidades autónomas regidas por el PP, con el concurso de VOX ateniéndose a los acuerdos pactados en aras de poder conservar el poder, no pueden hacer de una obligación jurídica y humanitaria, un activo electoral de consumo interno.

El modelo vasco de bienestar no puede seguir asumiendo un sobreesfuerzo humano y económico, mientras otras comunidades se ponen de soslayo. Euzkadi no puede seguir pagando en solitario el cumplimiento de las directivas que sobre protección al menor están reconocidas, como señaláramos al principio, por las directivas de la UE así como la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU.

Ello no exime al Estado de su responsabilidad. La política migratoria corresponde al Gobierno central y la distribución de menores debe ir acompañada de financiación suficiente, planificación y mecanismos eficaces de seguimiento para evitar que unos territorios soporten cargas muy superiores al resto

 

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Cuando defender Euzkadi se llama oportunismo

Hay quienes se empeñan en mostrar una realidad, mientras que otros buscan crear un relato a su medida. El publicado por El Correo bajo el título «Nueces y harakiri» pertenece claramente a esta segunda categoría.

No le vamos a negar legitimidad en defender una posición crítica hacia EAJ-PNV, pero convertir opiniones en realidades presentando como oportunismo lo que, en realidad constituye el trabajo parlamentario. Calificar el trabajo del Grupo Vasco (EAJ-PNV) de exprimir los minutos basura de la legislatura, es una forma soez, cuando no despectiva, de describir el trabajo parlamentario.

Hay que recordar como funciona un sistema parlamentario. Un Gobierno necesita apoyos y otros grupos, previa negociación y acuerdos, prestan lo prestan. Lo mismo Junts, Coalición Canaria, ERC, o el BNG o cualquier otro grupo parlamentario.

El Grupo Vasco no negocia causas judiciales particulares, ni amnistías, ni situaciones procesales, etc.etc. Negocia inversiones, competencias, sobre todo, cumplimiento del Estatuto de Gernika, Y eso no es oportunismo. Eso es cumplir con el mandato recibido de sus electores

El articulista presenta como si fueran cesiones gratuitas cuestiones como los puertos, el Fondo de Garantía Salarial o la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. Sin embargo, muchas de ellas no constituyen concesiones políticas, sino competencias previstas en el Estatuto de Gernika o comprometidas en acuerdos

Presentar el cumplimiento de una Ley Orgánica como si fuera un chantaje político supone deslegitimar el propio Estado de Derecho. Porque cumplir una ley no puede convertirse en una concesión graciable del Gobierno de turno.

Han pasado casi cincuenta años de la aprobación de Estatuto de Gernika (1.979). aprobado en un referéndum. Y después de varias décadas seguimos reclamando las competencias que no han sido transferidas.

La realidad parlamentaria consiste precisamente en eso: alcanzar acuerdos. El Grupo Vasco ha utilizado en numerosas ocasiones su capacidad de negociación para avanzar en el autogobierno de Euzkadi. Y, como ocurre en cualquier democracia parlamentaria, el Gobierno de turno ha obtenido a cambio los apoyos necesarios para sacar adelante sus iniciativas. No existe nada extraordinario en ello; así funcionan los sistemas parlamentarios.

Si debemos pararnos en analizar lo que el Grupo Vasco. Que es lo que obtiene a cambio. Ampliar el autogobierno y mejorar las capacidades institucionales de Euzkadi. Puede que al articulista pueda gustar o menos, pero tachar de oportunismo el trabajar para defender los intereses del pais resulta absolutamente ridículo. Ya que, en definitiva, para hacer esa labor fueron elegidos.

Mientras algunos convierten cada negociación en un espectáculo permanente de bloqueo, el Grupo Vasco suele hacerlo con un objetivo muy concreto: ampliar el autogobierno y mejorar las capacidades institucionales de Euzkadi.

 

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Gobiernos amplios: Del discurso a los hechos

Arnaldo Otegi, Coordinador General de EH Bildu ha intensificado en las últimas fechas un discurso en favor de gobiernos amplios capaces de afrontar los grandes desafíos del país. Y para ello presenta la figura del lehendakari José Antonio Aguirre, como ejemplo de un Gobierno compuesto por diferentes sensibilidades políticas, por encima de las ideológicas.

Los discursos, sus proclamas, pueden ser entendidas desde el ámbito electoralista, y/o de cara al consumo interno, e intento de llegar a la ciudadanía mostrando una posición comedida y abierta. En definitiva, como adalides del consenso y la moderación. Pero toda propuesta política debe ser contrastada con los hechos. Y es ahí donde surgen las principales contradicciones.

La hemeroteca del día a día nos remite distintos ejemplos:

Demanda acuerdos amplios. Pero la realidad es que mantiene una posición deliberada y monótona, votando en contra de los presupuestos del Parlamento Vasco. Año tras año. Curiosa comparación con su actitud en el Parlamento español, aprobando si o si todos los presupuestos y propuestas que le son presentados por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Oposición a la reforma fiscal. Oposición sistemática a iniciativas sobre vivienda o desarrollo económico. Volvemos a señalar su actitud con el Parlamento Español, aprobando leyes sobre vivienda, aun a sabiendas que invaden competencias de nuestro autogobierno

La sociedad vasca ya conoció grandes llamamientos a la unidad nacional que ahora predica Arnaldo Otegi (EH Bildu). El mas conocido, el denominado Pacto de Lizarra-Estella. Lo que paso después también es conocido por lo que todavía tenemos memoria histórica.

Por tanto, y con referencias similares, la historia nos aconseja prudencia, sobre todo cuando los grandes discursos no vienen acompañados de una práctica coherente

El Lehendakari Jose Antonio Aguirre edificó un Gobierno, huyendo de declaraciones grandilocuentes. Lo hizo desde el reconocimiento institucional y el respeto al pluralismo. Con un objetivo muy claro, la búsqueda permanente de acuerdos para resolver los problemas reales de la ciudadanía, en unos momentos trágicos para Euzkadi.

Invocar su nombre es no respetar su legado por quienes en su práctica diaria, durante décadas, su forma de hacer política ha sido precisamente la contraria. Si alguien quiere emular al lehendakari, primero tendrá que actuar como él, y para llegar a eso Sr. Otegi, le queda un largo recorrido que hacer. Practicar una cultura política basada en el acuerdo, el reconocimiento institucional y la búsqueda constante del interés general. Quien aspire a presentarse como heredero de esa tradición deberá demostrarlo con hechos y no únicamente con declaraciones.

Euzkadi necesita acuerdos útiles y reales, que ayuden a resolver los problemas de los vascos y vascas, y menos fotos y declaraciones de claros tintes electoralistas. Menos apelaciones simbólicas y más apoyo para la mejora de la vida cotidiana. Los gobiernos amplios no se construyen los fines de semana, ni en un mitin, conferencia, con un altavoz en la mano. Se construyen, como hemos comentado anteriormente, aportando y construyendo consensos.

 

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Cuando la participación ciudadana cambia el debate sobre las energías renovables

La noticia del inicio de la instalación del parque eólico de Labraza supone mucho más que la puesta en marcha de una nueva infraestructura energética. Representa un ejemplo de colaboración entre iniciativa privada, instituciones públicas y participación ciudadana, una fórmula que puede marcar el camino para futuros proyectos de transición energética.

Durante años, el parque eólico de Labraza fue presentado como un proyecto incompatible con la protección del paisaje de Rioja Alavesa. Como ha sido una constante de algunos partidos políticos, entre ellos EH Bildu, y movimientos ciudadanos de su órbita, la oposición a estos proyectos se ha manifestado en movilizaciones, presentación de recursos, alegaciones etc.etc. solicitando expresamente su paralización, apelando al impacto ambiental, patrimonial y paisajístico.

En el caso del proyecto de Labraza, una vez pasado todos los trámites administrativos y ambientales exigidos por la legislación vigente, el propio Ayuntamiento de Oion, ha resuelto conceder las autorizaciones necesarias al reconocer que no existía base jurídica para impedir su ejecución.

Todo ello ha supuesto años de recursos, alegaciones y confrontación social mientras Euskadi continúa dependiendo en gran medida de la energía producida fuera de nuestro territorio. Una realidad difícilmente compatible con el objetivo, tantas veces proclamado, de avanzar hacia una mayor soberanía energética.

La oferta de inversión ciudadana vinculada al parque eólico, por parte de Iberdrola, socia de Aixeindar junto al Gobierno Vasco, ha despertado un interés muy superior al previsto. La demanda prácticamente ha duplicado el capital que se pretendía captar y una parte significativa de los inversores procede precisamente del entorno más próximo al proyecto.

Sería fácil concluir que quienes ayer se oponían al proyecto hoy son quienes quieren invertir en él. Pero sería una conclusión que no podemos sostener con los datos disponibles. Pero si cuestiona la idea de que el rechazo social unánime e inamovible que algunos predicaban fuese tal y como argumentaban. Lo que nos permite abrir una reflexión de mayor alcance.

Cuando hablamos de transición energética uno de los desafíos debe ser explicar los beneficios ambientales de las energías renovables. Pero al margen de esto, que también, el reto debe ser conseguir que las comunidades donde se implantan estos proyectos participen de forma directa en los beneficios económicos que generan.

La pregunta que nos hacemos es ¿habría habido tanta oposición si desde el principio los vecinos hubieran podido participar también de los beneficios del proyecto?

Al hacer partícipes de la inversión a los vecinos estos dejan de ser meros espectadores al convertirse en partícipes de la inversión. Su percepción cambia, y estos proyectos necesarios para la transición energética no solamente es percibida como un sacrificio impuesto a una comunidad. Los vecinos de Labraza, Barrioibusto y Oyon así lo han entendido

Aunque veinte años después, los parques eólicos vuelven a ser una pieza en el engranaje de la transición energética. El caso de Labraza demuestra que existen fórmulas capaces de compatibilizar la protección del territorio con la implicación de la ciudadanía.

Este proyecto nos enseña que construir un parque eólico, puede y debe ser con el consenso social necesario para hacerlo posible. Una política colaborativa entre capital público y privado, donde los vecinos formen parte de estas iniciativas puede ser una de las mejores fórmulas para otros proyectos que aún están siendo cuestionados

Labraza probablemente marque un antes y un después. No porque desaparezcan los debates ambientales, que seguirán siendo necesarios, sino porque demuestra que el consenso también puede construirse compartiendo los beneficios que generan las grandes infraestructuras.

La transición energética necesita molinos, pero también necesita confianza. Y esa confianza difícilmente se consigue enfrentando a las comunidades con los proyectos que llegan a su territorio. Se consigue haciéndolas partícipes de ellos. Quizá esa sea la principal lección que deja Labraza y una de las claves para desbloquear otros proyectos estratégicos que Euzkadi seguirá necesitando durante los próximos años.

 

 

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Las viviendas no se construyen al ritmo de una flauta

Cualquier noticia que refiera soluciones al principal problema que preocupa a los ciudadanos de Euskadi, es conveniente ponerla en valor. Máxime que si las noticias implican realidades y no simples promesas. Por ello, el inicio de las obras de 98 viviendas protegidas de Ciudad Jardín, en Donostia, constituye un ejemplo de lo decimos.

Se trata de una promoción impulsada por el Gobierno Vasco, que incorpora 63 viviendas de protección oficial y 35 viviendas tasadas, todas ellas en regimen de alquiler. Formula que amplia las opciones para quienes encuentran enormes dificultades a la hora de acceder a una vivienda.

Esto es consecuencia de una labor conjunta entre instituciones, Ayto. de Donostia y Gobierno Vasco. Ya que no hubiera sido posible sin la cesión gratuita de parcelas por parte del consistorio. Once meses después de la firma del convenio, se pone la primera piedra. En definitiva, nuevamente, los hechos rompen el relato basado en promesas

Este proyecto de Ciudad Jardín no es un hecho aislado sino un eslabón más de una cadena de realidades con el objetivo de ir dando soluciones a la ciudadanía.

Ya en artículos anteriores, en este mismo blog, nos hemos hecho eco de protocolos de colaboración entre el Gobierno Vasco y el Ayto. de Donostia, que contempla futuras cesiones de parcelas, de ámbitos urbanísticos municipales, para promover mas de 5.000 viviendas protegidas y alojamientos dotacionales. Txomin Enea II, Playa de Vías de Easo, Cuarteles de Loiola, Auditz Akular, Antzita, Jolastokieta, Campos Elíseos, Apostolado, Rodil y Sarrueta presenta claros ejemplos.

Dentro de esa política de cesiones municipales, hay otras actuaciones ya comprometidas, como los 263 apartamentos dotacionales en Riberas de Loiola y Morlans Behera, en regimen de alquiler asequible, y dirigidos a jóvenes y personas mayores.

Desde el Gobierno Vasco se ha convenido en que la cesión de suelo publico es muy necesario si se quiere dar respuesta al problema de la vivienda Ese modelo demuestra una realidad evidente: sin suelo público disponible no puede construirse vivienda pública.

Dar solución a las necesidades de vivienda, exige planificación urbanística, cesión de suelo, financiación y capacidad de gestión. En este caso concreto Donostia es un buen ejemplo de colaboración institucional.

Aquí es donde se contraponen dos modelos distintos: De aquellos que se limitan a portadas en medios, presentando promesas y de quienes están manos a la obra para dar soluciones día tras día. Y prueba de ello es el reciente Contrato Programa de Visesa para 2027, que prevé la promoción de 801 nuevas viviendas protegidas alquiler, el mayor programa aprobado hasta la fecha por la sociedad pública.

Consecuencias de esta planificación, en Vitoria-Gasteiz, ya han arrancado las obras de 225 viviendas protegidas en alquiler en Salburua, integradas en un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y el Gobierno Vasco que contempla más de un millar de viviendas. Más de la mitad de esas promociones ya están entregadas o en fase de construcción, demostrando que cuando existe colaboración institucional, las actuaciones dejan de ser anuncios para convertirse en viviendas reales.

Ese es precisamente el valor del protocolo suscrito con el Ayuntamiento de Donostia. No se limita a anunciar futuras promociones; establece un marco estable para identificar suelos, agilizar el urbanismo, formalizar cesiones y acelerar el inicio de las obras.

Nos puede gustar una melodía atrayente, recordando la leyenda alemana del Flautista de Hamelin. Las familias que esperan una vivienda no necesitan música. Necesitan suelo, proyectos, grúas y llaves. Las viviendas no se construyen al ritmo de una flauta, sino con planificación, colaboración institucional y trabajo diario. Quizás convendría entonar menos musica, y ponerse a trabajar para buscar suelo público donde construir.

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