La huelga general del 17-M ha vuelto a situar en
el centro del debate una cuestión que conviene aclarar sin ambigüedades: el
derecho a la huelga es incuestionable. Forma parte de los pilares de cualquier
sociedad democrática. Pero lo que también debería ser incuestionable es que ese
derecho termina donde empieza la coacción.
Porque lo ocurrido en nuestras calles dista mucho
de una movilización libre y voluntaria. Comercios obligados a cerrar,
trabajadores presionados para secundar la huelga, situaciones de tensión en
distintos puntos… No estamos ante una simple jornada reivindicativa, sino ante
un escenario donde, en demasiadas ocasiones, la libertad individual ha quedado
en un segundo plano.
Una
reivindicación sin competencia real
La huelga se ha articulado en torno a la exigencia de un salario mínimo vasco. Pero conviene recordar algo básico: Euzkadi no tiene competencia para fijar el SMI. Y los propios sindicatos convocantes lo saben.
Tal es así que estos mismos sindicatos han trasladado la reivindicación al
Congreso. Y formaciones políticas, incluida EAJ-PNV, se encuentran en fase
de negociación para lograr un SMI propio para Euzkadi (CAV y CFN),
reivindicación que comparte la formación jeltzale.
Esto plantea una contradicción evidente. Si la
capacidad de decisión reside en el Estado, ¿por qué se dirige la presión hacia
el Gobierno Vasco?
La respuesta no es técnica, sino política.
No estamos ante una reivindicación viable en el
corto plazo, sino ante una herramienta de confrontación. Una forma de mantener
la tensión en la calle y de erosionar a un Gobierno que ha salido de las urnas.
Más pronto que tarde Euzkadi tendrá un Salario Mínimo superior al
del resto del Estado, pero no será gracias a las formas empleadas en el día de Más
pronto que tarde pero “no será gracias a
las formas empleadas en el día de hoy”, ha afirmado el
Grupo Vasco (EAJ) en el Congreso
La estrategia
de la confrontación permanente
En este contexto, el papel de ELA y LAB resulta
clave, junto al respaldo político de EH Bildu.
No es la primera vez que vemos este esquema: Movilización
máxima en Euzkadi, Discurso de confrontación constante, señalamiento del
Gobierno Vasco.Y, al mismo tiempo, apoyo o escasa presión en Madrid, donde
realmente se decide el SMI
La paradoja es evidente. Quienes dicen defender
un salario mínimo propio no utilizan su influencia donde podrían acercarlo a la
realidad.
Porque quizá el objetivo no sea ese.
El pequeño comercio, una vez más, ha sido uno de
los principales perjudicados. Autónomos que han tenido que bajar la persiana no
por convicción, sino por miedo o presión. Trabajadores que han visto
cuestionado su derecho a decidir libremente si secundaban o no la huelga.
Y todo ello en un contexto donde la convivencia
se resiente. Porque cuando una parte intenta imponer su posición sobre la otra,
el resultado no es más justicia social, sino más división.
Una huelga pierde su legitimidad moral cuando
deja de ser una herramienta de libertad colectiva para convertirse en un
instrumento de presión sobre quienes no quieren secundarla.
La huelga del 17-M no ha sido solo una jornada de
reivindicación, sino también un reflejo preocupante de una forma de hacer
política basada en la tensión permanente.
Cuando se utilizan reivindicaciones sin
competencia real, cuando se presiona a comercios y trabajadores, y cuando el
objetivo parece más el desgaste institucional que la mejora efectiva de las
condiciones laborales, conviene hacerse una pregunta incómoda:
¿estamos ante una defensa sincera de los derechos
de los trabajadores o ante una estrategia de confrontación política?
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