La inmigración también envejece: el debate que España sigue sin abordar

Se ha instaurado en la sociedad un debate sobre los flujos migratorios y, casi exclusivamente, en torno a su papel como motor económico, y la necesidad para cubrir determinados puestos de trabajo, para suplir el envejecimiento de la población, incorporar nuevos cotizantes a la Seguridad Social, etc.etc.

Sin embargo, hay una realidad que apenas ocupa espacio en ese debate: la población inmigrante también envejece, y lo hace a un ritmo cada vez más acelerado.

Un estudio reciente de Funcas señala que en 2025 el 22 % de la población inmigrante residente en España tiene 55 años o más y concluye que la inmigración actúa como un factor de amortiguación del envejecimiento, pero no constituye por sí sola una solución estructural.

El Estado necesita inmigración para sostener el sistema de pensiones. Basta observar la evolución del mercado laboralpara comprobar la enorme aportación que realizan millones de trabajadores extranjeros a la economía y a la Seguridad Social, como cotizantes de nuestro sistema.

Ahora bien, si analizamos la inmigración desde la perspectiva del número, y no de otros factores como su edad, su cualificación profesional. Su incorporación al mercado laboral y su permanencia en España, nos faltaría analizar la composición de las unidades familiares que se establece en el pais. Y este aspecto merece una atención especial

La legislación reconoce el derecho a la reagrupación familiar. Principio legítimo que protege la unidad de las familias y que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico. En ese momento la unidad de análisis deja de ser una persona y pasa a ser una familia

Porque junto al trabajador pueden incorporarse el cónyuge, hijos menores, y en determinados supuestos, familiares de mayor edad. Presentando cada uno de ellos una realidad diferente.

De hecho, el estudio de Funcas sobre los límites de la inmigración `pàra el ajuste demográfico arroja una cifra contundente: entre 2021 y 2024 llegaron a España 558.000 personas con 55 años o más. Este flujo de reagrupación familiar introduce un perfil demográfico que no se incorpora de manera activa al mercado de trabajo, sino que pasa a depender de manera directa del paraguas de cobertura de los servicios públicos del Estado y en el ámbito laboral puede ser muy diferente en función de la edad, la formación o la situación familiar, lo que hace necesario evaluar su impacto demográfico y económico a medio plazo

No se trata de cuestionar ninguno de esos derechos Uno de los vectores políticos y sociales que más acelera esta transformación estructural es la reagrupación familiar, un derecho gestionado bajo las directrices del Ministerio de Inclusion, Seguridad Social y Migraciones. A medida que los proyectos migratorios se consolidan en el territorio tras años de arraigo, se incrementa de forma natural la tramitación para traer a los progenitores (ascendientes). 

El envejecimiento de la población (tanto nativa como extranjera) altera por completo la balanza fiscal del Estado del bienestar. Las necesidades presupuestarias cambian radicalmente al desplazarse la pirámide hacia tramos de edad avanzada, impactando con especial dureza en tres áreas: 

1. El gasto sanitario por habitante se mantiene bajo durante la juventud y se dispara exponencialmente a partir de los 55 años debido a la cronicidad. Si tomamos como referencia el gasto sanitario medio en España, la distribución por tramos de edad evidencia el esfuerzo presupuestario para las Comunidades Autónomas:

Tramo de Edad	Gasto Anual Estimado por Habitante	Multiplicador del coste
Adultos (20-44 años)	~1.100 € - 1.300 €	Línea de base del sistema
Punto de Inflexión (55-64 años)	~2.400 €	Se duplica respecto al tramo joven
Tercera Edad (65-74 años)	~3.800 €	Se triplica (gasto intensivo en farmacia)
Mayores de 75 años	> 5.500 €	Se cuadruplica o quintuplica la base

https://www.airef.es/es/sostenibilidad/ 

https://www.bde.es/wbe/es/publicaciones/

Cuando el sistema nacional de salud asume de forma universal a ciudadanos reagrupados de edad avanzada, pasa a absorber directamente la etapa de máximo coste diario e inversión farmacéutica, sin haber desarrollado necesariamente una carrera completa de cotización en España.

 2. La reagrupación de ascendientes añade una presión directa sobre un mercado inmobiliario ya fuertemente tensionado en las grandes áreas urbanas. Al incorporar a los mayores en hogares donde habitualmente conviven ya padres e hijos en edad escolar, aumentan los índices de densidad habitacional por metro cuadrado. Esto incrementa la demanda potencial de vivienda y de determinados servicios sociales y multiplica la demanda de servicios de asistencia comunitaria, ayudas al alquiler y viviendas de protección social específicas para la tercera edad. 

3. En su reciente Estudio sobre la Regla de Gasto de las Pensiones de la AiReF, la Autoridad Independiente advierte que el mero incremento poblacional a través de flujos migratorios no garantiza la sostenibilidad financiera a largo plazo. La AIReF destaca que la presión sobre el gasto en pensiones, sanidad y dependencia terminará tensionando los niveles de deuda pública si las oleadas de población activa no se acompañan de un cambio estructural en la productividad y en la convergencia de rentas de los hogares de origen extranjero. 

Tres preguntas que inevitablemente habría que realizar:

¿Conocemos la edad media de los familiares reagrupados? ¿Sabemos cuántos trabajan? ¿Existe un estudio oficial que analice su impacto económico veinte años después? Me temo que no.

La inmigración ha funcionado como un factor de amortiguación indispensable que ha retrasado el invierno demográfico en España, pero no es una cura mágica. Los inmigrantes que llegaron jóvenes a principios de siglo hoy rozan los 60 años, reproducen con rapidez las bajas tasas de natalidad del país de acogida y comienzan a demandar las mismas coberturas de jubilación y cuidados que la población nativa. 

El verdadero desafío de la próxima década para las administraciones públicas no será únicamente vigilar la cifra mensual de afiliados a la Seguridad Social, sino redimensionar los presupuestos de salud, dependencia y servicios sociales para gestionar con éxito una sociedad envejecida y multicultural.

 

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La botella medio llena o medio vacía: cuando el relato pesa más que la noticia

La forma de informar una misma noticia puede dar lugar a titulares radicalmente diferentes. Todo depende del enfoque que se quiera dar dejando libertad al lector para que los interprete.

Y es lo que a sucedido con la resolución del TC sobre la Ley de Empleo Público Vasco.

Recordemos: El Tribunal Constitucional ha inadmitido la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el TSJPV respecto a un apartado de la Ley de Empleo Público, El Tribunal Constitucional decidió no admitir la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el TSJPV al considerar que éste puede resolver el recurso sin necesidad de un pronunciamiento previo del propio Constitucional.

El Gobierno Vasco calificó la decisión como una buena noticia al entender que fortalece la seguridad jurídica del modelo de perfiles lingüísticos. Tanto el Gobierno Vasco como EAJ-PNV realizaron valoraciones en ese sentido. Incluso EH Bildu a través de Josu Aztiria calificando de una muy noticia.

Pero, parece ser, que la alegría va por barrios, ya que el editorial de Gara, firmado por Iñaki Iriondo rebaja las expectativas dando un titular “el TC reprocha al TSJPV" que puede darle la razón a Vox sin acudir a él”.

Si bien, jurídicamente, es cierto que el procedimiento continúa, convertir esa hipótesis en el eje de la información traslada al lector una percepción distinta de la resolución. Y es aquí donde referimos la botella medio llena, medio vacía. Los hechos son los mismos, pero es el relato el que cambia

Unos destacan que el Constitucional no ha considerado necesario intervenir en este momento. Otros prefieren centrar la atención en la posibilidad de que el TSJPV pueda, en el futuro, estimar el recurso de Vox.

Otros prefieren dirigir la mirada hacia un escenario, más desfavorable posible, argumentando que el TSJPV todavía podría estimar parcialmente el recurso presentado por Vox.

Como comentábamos al comienzo resulta especialmente llamativo que representantes de EH Bildu calificasen públicamente la decisión del TC como una buena noticia, el editorial de su diario de referencia opte por enviar un mensaje de incertidumbre dejando en al aire una posibilidad de una futura victoria judicial de Vox.

No se trata de cuestionar la línea editorial de un medio de comunicación. Está en su legítimo derecho de interpretar la actualidad desde la perspectiva que considere oportuna. Pero sí conviene recordar que los titulares rara vez son neutrales. Un titular nunca es inocente. Antes incluso de comenzar la lectura, ya está orientando al lector sobre qué debe considerar importante y desde qué perspectiva debe interpretar los hechos.

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El euskera crece cuando convence

Las recientes declaraciones de ELA-STV y de su secretario general, Mitxel Lakuntza, anunciando que el sindicato utilizará exclusivamente el euskera en las mesas de negociación colectiva a partir del próximo mes de septiembre, vuelve a generar discusión si la mejor forma de apoyar el euskera es la imposición en lugar del convencimiento.

Si a ello unidos la exigencia de que el Consejo de Relacion es Laborales (CRL) dote de traductores e interpretes de dichas reuniones, vuelve a abrir un debate que va mas allá del ámbito sindical. Y pone en cuestión cual es la mejor estrategia para avanzar en su normalización

Patrimonializar la defensa del euskera con decisiones que no invitan a su conocimiento no es el mejor de los medios. Hay que partir de una premisa fundamental; el euskera constituye un patrimonio común de nuestra sociedad y su promoción y fortalecimiento son objetivos absolutamente legítimos.

Ha costado décadas, partiendo de épocas anteriores de retroceso, en que las instituciones vascas y la propia sociedad llevan realizando un esfuerzo enorme en la recuperación de espacios de uso de nuestra lengua. La enseñanza, los euslkategis, administración pública, etc. etc. y, por supuesto, la implicación de miles de ciudadanos, ha hecho posible que el euskara haya ganado presencia y prestigio social. Y es necesario que este camino siga asi.

Precisamente por eso resulta necesario preguntarse si todas las estrategias contribuyen realmente a ese objetivo.

Partiendo de la base de que el derecho de cualquier persona a expresarse en euskera debe ser respetado, debemos ser conscientes que en Euzkadi contamos dos lenguas oficiales. El objetivo no puede consistir en sustituir una imposición por otra. Si durante décadas el euskera sufrió una posición de inferioridad frente al castellano, la respuesta no puede ser reproducir ese mismo esquema en sentido inverso. La igualdad entre ambas lenguas exige garantizar el derecho a utilizar cualquiera de ellas sin convertir esa elección en un obstáculo para el diálogo. Ya sufrimos, y seguimos sufriendo, esa discriminación durante muchos años, del castellano con respecto al euskara.

El proceso de euskaldunización de la sociedad, ha sido mediante el convencimiento. No mediante la imposición.

Con respecto a las declaraciones del secretario general de ELA, una negociación colectiva tiene como objetivo concreto el de alcanzar acuerdos entre trabajadores y empresas. La comunicación y el consenso es en elemento esencia para que cualquier negociación llegue a buen puerto

Reclamar recursos de traducción puede ser una vía razonable para facilitar el uso del euskera allí donde resulte necesario. Otra cuestión distinta es convertir la ausencia de esos medios en un elemento de bloqueo o confrontación.

Cuando una organización anuncia que utilizará exclusivamente el euskera, aun siendo consciente de que algunos de los interlocutores pueden no comprenderlo, (empresas de implantación estatal o internacional) el idioma deja de ser un instrumento de comunicación para convertirse, inevitablemente, en el centro del conflicto. El debate ya no gira sobre salarios, condiciones laborales o derechos de los trabajadores, sino sobre la lengua utilizada durante la negociación.

No es valida cualquier iniciativa para reforzar la presencia del euskera, cuando puede servir al discurso de quienes lo presentan como elemento de confrontación n o exclusión. En Euzkadi necesitamos fortalecer la euskaldunizacion desde el convencimiento.

Quienes comenzamos a aprender euskera en los años setenta y quienes, décadas después, hemos vuelto a las aulas con más de setenta años cumplidos, no lo hicimos porque nadie nos obligara. Lo hicimos porque entendimos que el euskera forma parte de nuestra identidad y de nuestro patrimonio colectivo. Esa sigue siendo la mejor prueba de que el convencimiento transforma mucho más que cualquier imposición.

La normalización lingüística no puede construirse únicamente sobre derechos; también necesita pedagogía, complicidad y aceptación social. Las lenguas no se fortalecen porque se impongan, sino porque cada vez más personas descubren que merece la pena utilizarlas.

La verdadera fortaleza del euskera reside en conseguir que cada día haya más ciudadanos que quieran hablarlo. Porque una lengua vive cuando convence. Y ese sigue siendo el mejor camino para garantizar su futuro.

 

 

 

 

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Cuando la corrupción se utiliza para blanquear a ETA

"Al PNV le molesta más citarle a Agirre que acusarle de apartheid lingüístico" Con este titular nos sorprendía el día 7, en Gara, Iñaki Iriondo. Y dentro de su argumentación, por mucho que su intención sea vestirlo de análisis político, retrata a quien la formula conteniendo afirmaciones que merece una reflexión mas profunda. Y no, no por la crítica, legítima por otra parte, a EAJ-PNV, sino por el razonamiento empleado.

 Sostiene, como parte de su argumentario, que “cientos de miles de vascos y vascas”, Militantes de ETA”, se han sacrificado mas por Euskal Herria que los condenados por distintos casos de corrupción vinculados al PNV, citando algunos de ellos.

Decir “…. para cientos de miles de vascos y vascas los militantes de ETA se han sacrificado y han hecho más por Euskal Herria……” supone cruzar una linea ética de enorme gravedad, Y nos retrotrae a tiempos pasados de infaustos recuerdos, sumidos en años de violencia que, Al introducir esa afirmación sin matización ni distancia crítica, termina otorgándole una legitimidad política que resulta profundamente inquietante 

Intentar poner en una balanza hechos de corrupción, personas vinculadas o no a partidos políticos. Juzgadas y condenadas, en la misma balanza de quienes asesinaron a más de 850 personas, extorsionó a empresarios (¿acaso esto no es también corrupción?), que condiciono la vida política durante décadas, éticamente Sr. Iriondo, no tiene un pase. 

Hoy en día, vivimos en un Estado de derecho con los instrumentos necesarios para perseguir la corrupción. ETA pretendía sustituir ese Estado de Derecho por la violencia. Por eso inquieta que pasados los años haya quienes siguen recurriendo a viejo recurso de minimizar el terrorismo comparándolo con cualquier otra conducta por muy reprobable que sea.

Enfrentar corrupción y terrorismo para sugerir que los segundos merecen un reconocimiento histórico superior a los primeros. Ese razonamiento no repara la memoria. La distorsiona.

Es especialmente llamativo que estas posturas aparezcan cuando EH Bildu intenta reivindicar la figura del Lehendakari de José Antonio Aguirre como referente político. El lehendakari José Antonio Aguirre defendió la democracia frente al totalitarismo. Jamás justificó la violencia política y nunca sostuvo que matar pudiera ser un instrumento legitimo para construir Euzkadi

Invocar su legado mientras se normalizan afirmaciones según las cuales los miembros de ETA "hicieron más por Euskal Herria" constituye una contradicción difícil de explicar.

Y esa diferencia debería seguir siendo evidente para cualquiera que aspire a construir una memoria verdaderamente democrática.

 

 

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El Constitucional avala los perfiles lingüísticos y desmonta años de recursos

Durante años hemos asistido a continuas controversias, cuando no resoluciones judiciales sobre la exigencia del euskera en la administración pública vasca. Por fin, el Tribunal Constitucional ha dictado sentencia, dando un giro definitivo y ha tomado una decisión clave que, en la práctica, supone un importante respaldo jurídico al sistema de perfiles lingüístico en el empleo público en Euzkadi. avalando la constitucionalidad del artículo 187.5

Para partidos como EAJ-PNV, este movimiento debería servir para cerrar de una vez por todas el constante cuestionamiento en los tribunales de los requisitos idiomáticos. Pero, ¿qué es exactamente lo que ha pasado y qué consecuencias reales tiene? Vamos a desgranarlo de forma sencilla muy sencilla el devenir de esta resolución y sus consecuencias reales

El Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco (TSJPV) había acudido al Constitucional con una cuestión de inconstitucional. En concreto si el art. 187.5 de la Ley de Empleo Público vasco se ajustaba o no a la Carta Magna, a la Constitución.

El TC rechaza en sentencia esta consulta, dejando la ley intacta y plenamente vigente, dando un aval absoluto a su legalidad. Y estableciendo que todos los puestos de trabajo en la administración publicas vascas (incluidos temporales o coyunturales), debe contar con un perfil lingüístico obligatorio, determinado según las necesidades de comunicación reales de cada puesto.

Volviendo a los orígenes, el origen de este laberinto judicial y sus posteriores decisiones del TSJPV, dimana de los recursos planteados por el Partido Popular (PP) y su socio VOX muy proclives y firmes defensores de la imposición de una lengua, la suya, castellana o española, en detrimento, cuando no menosprecio de otra lengua, también oficial en Euzkadi como el euskera.

Sus recursos se dirigieron contra el Decreto 19/2024 de normalización del uso del euskera en el Sector Publico Vasco. Ha pasado el tiempo desde que el tribunal vasco decidiese congelar su veredicto final, y opto por preguntar primero al Constitucional si la ley en la que se basaba ese decreto era constitucional. Con esta resolución el TC despeja las dudas del RSJPV, y los recursos de la oposición pierden su principal punto de apoyo

Esta resolución del Tribunal Constitucional, para EAJ-PNV, para la formación jeltzale, supone un respaldo a un modelo de bilingüismo en la administración, esperando que esta decisión sirva para acabar con la judicialización de la política lingüística, y años llenando los juzgados de recursos y sentencias contradictorias.

Como dato curioso de calendario: la decisión del TC se tomó a finales de junio, apenas dos días antes de que el Parlamento Vasco aprobara una nueva reforma de la ley de empleo público con los votos a favor de EAJ-PNV y la abstención de EH Bildu, reforzando aún más el marco normativo autonómico.

Mientras EAJ-PNV optó por fortalecer jurídicamente el sistema de perfiles lingüísticos, el PSE prefirió alinearse con el voto negativo de PP, Sumar y Vox. La posterior decisión del Tribunal Constitucional refuerza la posición de quienes defendían que el problema no estaba en la ley, sino en la interpretación restrictiva que algunos tribunales estaban realizando de ella.

Aquellos que optaron por mantener reservas o distanciarse de la reforma legislativa deberán El Tribunal Constitucional avala el modelo que el PSE se negó a reforzar en el Parlamento Vasco. Y deja, políticamente, más difícil de justificar aquellas reservas

Esta resolución del Tribunal Constitucional, permitirán a las administraciones vascas tener seguridad jurídica para seguir exigiendo los perfiles de euskera, adaptados a cada puesto de trabajo. No vamos a pecar de ilusos, Sabemos que la tensión política y el debate social seguirá ahí, pero ahora si tenemos constancia de que el frente judicial parece haber encontrado su punto de destino final

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810 millones sin gastar: el relato frente a los datos

Cómo convertir una ejecución presupuestaria del 94,9 % en un supuesto problema de gestión.

El pasado 6 de julio, el editorial de El Correo abría con un titular llamativo: “810 millones sin gastar, problema de gestión” Sin extrañarnos demasiado conociendo la linea editorial de este medio de comunicación, también conocido para algunos como “El Ilustre” (título concedido, graciosamente por el gran Alkate de la Villa, Iñaki Azkuna), el texto analizaba el cierre del ejercicio presupuestario del Gobierno Vasco poniendo el foco en esos 810 millones de euros que se han quedado “sin gastar”. en la recámara.

A primera vista, la cifra asusta. "¡810 millones atrapados en los despachos mientras la ciudadanía tiene necesidades!", podría pensar cualquiera. Sin embargo, en la economía del sector público, analizar el dinero sin contextualizar el porcentaje es, en el mejor de los casos, un análisis incompleto; una interpretación parcial de la realidad presupuestaria y una lectura incompleta de los datos

La realidad de los números: ¿Qué significa un 94,9%?

En cualquier administración pública (ya sea la OCDE, la Unión Europea o tu ayuntamiento), la ejecución del 100% del presupuesto es un mito utópico. Los procesos de licitación pública que quedan desiertos, las bajas temerarias en las contrataciones o los inevitables tiempos burocráticos hacen que siempre quede un remanente. De hecho, la prudencia financiera exige tener un colchón de tesorería.

Cuando el propio editorial admite de pasada que Euzkadi ha ejecutado el 94,9% de sus presupuestos (15.728 M€ totales), lo que en realidad está describiendo —mal que pese a su línea editorial— es un éxito de gestión.

Para entender por qué, basta con levantar la vista y comparar al Gobierno Vasco con el resto de administraciones públicas:

Si aplicamos el mismo baremo de El Correo a otras latitudes, nos encontraríamos con titulares de ciencia ficción. ¿Diremos que la Comunidad de Madrid tiene un "caos administrativo intolerable" porque se ha dejado sin ejecutar más de 2.400 millones de euros? ¿O que el Gobierno Central sufre una "parálisis total" por tener 24.000 millones en el tintero? Evidentemente no. Se entiende como la lógica fluctuación de las cuentas públicas.

Una ejecución cercana al 95 % vuelve a presentar al Gobierno Vasco entre las administraciones con un elevado grado de ejecución presupuestaria, aunque esa cifra solo adquiere sentido cuando se compara con otras comunidades y con la Administración General del Estado Euzkadi se sitúa, un año más, aparece como ejemplo de gestión respecto a la eficiencia presupuestaria del Estado, perdiendo apenas un 5,1% por el camino burocrático, frente al 8% o 10% que se "dejan" de media el resto de comunidades autónomas.

Administración	Presupuesto Total	% Ejecución	% No Ejecutado	Dinero "Sin Gastar"
Gobierno Vasco	15.728 M€	94,9 %	5,1 %	810 M€
Comunidad de Madrid	~29.000 M€	91,5 %	8,5 %	~2.465 M€
Administración del Estado (IGAE)	~274.000 M€	91,2 %	8,8 %	~24.112 M€
Junta de Andalucía	~46.700 M€	90,2 %	9,8 %	~4.576 M€
Generalitat de Cataluña	~45.000 M€	89,8 %	10,2 %	~4.590 M€

 

Criticar la gestión de los recursos públicos es sano y necesario en una democracia. Discutir si esos 810 millones deberían haber ido a vivienda, Osakidetza o educación es un debate político legítimo.

Pero tildar de "problema de gestión" a una de las tasas de ejecución más altas de todo el Estado español es, simplemente, puede llevar al lector a extraer una conclusión que el dato, por sí solo, no permite sostener. Dicho de otra manera, intentar cuadrar el relato, una interpretación basada únicamente en cifras absolutas. En la pizarra de la economía real, un 94,9% sigue siendo un sobresaliente alto.

 

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