Cuando la participación ciudadana cambia el debate sobre las energías renovables

La noticia del inicio de la instalación del parque eólico de Labraza supone mucho más que la puesta en marcha de una nueva infraestructura energética. Representa un ejemplo de colaboración entre iniciativa privada, instituciones públicas y participación ciudadana, una fórmula que puede marcar el camino para futuros proyectos de transición energética.

Durante años, el parque eólico de Labraza fue presentado como un proyecto incompatible con la protección del paisaje de Rioja Alavesa. Como ha sido una constante de algunos partidos políticos, entre ellos EH Bildu, y movimientos ciudadanos de su órbita, la oposición a estos proyectos se ha manifestado en movilizaciones, presentación de recursos, alegaciones etc.etc. solicitando expresamente su paralización, apelando al impacto ambiental, patrimonial y paisajístico.

En el caso del proyecto de Labraza, una vez pasado todos los trámites administrativos y ambientales exigidos por la legislación vigente, el propio Ayuntamiento de Oion, ha resuelto conceder las autorizaciones necesarias al reconocer que no existía base jurídica para impedir su ejecución.

Todo ello ha supuesto años de recursos, alegaciones y confrontación social mientras Euskadi continúa dependiendo en gran medida de la energía producida fuera de nuestro territorio. Una realidad difícilmente compatible con el objetivo, tantas veces proclamado, de avanzar hacia una mayor soberanía energética.

La oferta de inversión ciudadana vinculada al parque eólico, por parte de Iberdrola, socia de Aixeindar junto al Gobierno Vasco, ha despertado un interés muy superior al previsto. La demanda prácticamente ha duplicado el capital que se pretendía captar y una parte significativa de los inversores procede precisamente del entorno más próximo al proyecto.

Sería fácil concluir que quienes ayer se oponían al proyecto hoy son quienes quieren invertir en él. Pero sería una conclusión que no podemos sostener con los datos disponibles. Pero si cuestiona la idea de que el rechazo social unánime e inamovible que algunos predicaban fuese tal y como argumentaban. Lo que nos permite abrir una reflexión de mayor alcance.

Cuando hablamos de transición energética uno de los desafíos debe ser explicar los beneficios ambientales de las energías renovables. Pero al margen de esto, que también, el reto debe ser conseguir que las comunidades donde se implantan estos proyectos participen de forma directa en los beneficios económicos que generan.

La pregunta que nos hacemos es ¿habría habido tanta oposición si desde el principio los vecinos hubieran podido participar también de los beneficios del proyecto?

Al hacer partícipes de la inversión a los vecinos estos dejan de ser meros espectadores al convertirse en partícipes de la inversión. Su percepción cambia, y estos proyectos necesarios para la transición energética no solamente es percibida como un sacrificio impuesto a una comunidad. Los vecinos de Labraza, Barrioibusto y Oyon así lo han entendido

Aunque veinte años después, los parques eólicos vuelven a ser una pieza en el engranaje de la transición energética. El caso de Labraza demuestra que existen fórmulas capaces de compatibilizar la protección del territorio con la implicación de la ciudadanía.

Este proyecto nos enseña que construir un parque eólico, puede y debe ser con el consenso social necesario para hacerlo posible. Una política colaborativa entre capital público y privado, donde los vecinos formen parte de estas iniciativas puede ser una de las mejores fórmulas para otros proyectos que aún están siendo cuestionados

Labraza probablemente marque un antes y un después. No porque desaparezcan los debates ambientales, que seguirán siendo necesarios, sino porque demuestra que el consenso también puede construirse compartiendo los beneficios que generan las grandes infraestructuras.

La transición energética necesita molinos, pero también necesita confianza. Y esa confianza difícilmente se consigue enfrentando a las comunidades con los proyectos que llegan a su territorio. Se consigue haciéndolas partícipes de ellos. Quizá esa sea la principal lección que deja Labraza y una de las claves para desbloquear otros proyectos estratégicos que Euzkadi seguirá necesitando durante los próximos años.

 

 

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Las viviendas no se construyen al ritmo de una flauta

Cualquier noticia que refiera soluciones al principal problema que preocupa a los ciudadanos de Euskadi, es conveniente ponerla en valor. Máxime que si las noticias implican realidades y no simples promesas. Por ello, el inicio de las obras de 98 viviendas protegidas de Ciudad Jardín, en Donostia, constituye un ejemplo de lo decimos.

Se trata de una promoción impulsada por el Gobierno Vasco, que incorpora 63 viviendas de protección oficial y 35 viviendas tasadas, todas ellas en regimen de alquiler. Formula que amplia las opciones para quienes encuentran enormes dificultades a la hora de acceder a una vivienda.

Esto es consecuencia de una labor conjunta entre instituciones, Ayto. de Donostia y Gobierno Vasco. Ya que no hubiera sido posible sin la cesión gratuita de parcelas por parte del consistorio. Once meses después de la firma del convenio, se pone la primera piedra. En definitiva, nuevamente, los hechos rompen el relato basado en promesas

Este proyecto de Ciudad Jardín no es un hecho aislado sino un eslabón más de una cadena de realidades con el objetivo de ir dando soluciones a la ciudadanía.

Ya en artículos anteriores, en este mismo blog, nos hemos hecho eco de protocolos de colaboración entre el Gobierno Vasco y el Ayto. de Donostia, que contempla futuras cesiones de parcelas, de ámbitos urbanísticos municipales, para promover mas de 5.000 viviendas protegidas y alojamientos dotacionales. Txomin Enea II, Playa de Vías de Easo, Cuarteles de Loiola, Auditz Akular, Antzita, Jolastokieta, Campos Elíseos, Apostolado, Rodil y Sarrueta presenta claros ejemplos.

Dentro de esa política de cesiones municipales, hay otras actuaciones ya comprometidas, como los 263 apartamentos dotacionales en Riberas de Loiola y Morlans Behera, en regimen de alquiler asequible, y dirigidos a jóvenes y personas mayores.

Desde el Gobierno Vasco se ha convenido en que la cesión de suelo publico es muy necesario si se quiere dar respuesta al problema de la vivienda Ese modelo demuestra una realidad evidente: sin suelo público disponible no puede construirse vivienda pública.

Dar solución a las necesidades de vivienda, exige planificación urbanística, cesión de suelo, financiación y capacidad de gestión. En este caso concreto Donostia es un buen ejemplo de colaboración institucional.

Aquí es donde se contraponen dos modelos distintos: De aquellos que se limitan a portadas en medios, presentando promesas y de quienes están manos a la obra para dar soluciones día tras día. Y prueba de ello es el reciente Contrato Programa de Visesa para 2027, que prevé la promoción de 801 nuevas viviendas protegidas alquiler, el mayor programa aprobado hasta la fecha por la sociedad pública.

Consecuencias de esta planificación, en Vitoria-Gasteiz, ya han arrancado las obras de 225 viviendas protegidas en alquiler en Salburua, integradas en un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y el Gobierno Vasco que contempla más de un millar de viviendas. Más de la mitad de esas promociones ya están entregadas o en fase de construcción, demostrando que cuando existe colaboración institucional, las actuaciones dejan de ser anuncios para convertirse en viviendas reales.

Ese es precisamente el valor del protocolo suscrito con el Ayuntamiento de Donostia. No se limita a anunciar futuras promociones; establece un marco estable para identificar suelos, agilizar el urbanismo, formalizar cesiones y acelerar el inicio de las obras.

Nos puede gustar una melodía atrayente, recordando la leyenda alemana del Flautista de Hamelin. Las familias que esperan una vivienda no necesitan música. Necesitan suelo, proyectos, grúas y llaves. Las viviendas no se construyen al ritmo de una flauta, sino con planificación, colaboración institucional y trabajo diario. Quizás convendría entonar menos musica, y ponerse a trabajar para buscar suelo público donde construir.

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María Ubarretxena entrega al ministro Ángel Víctor Torres las propuestas del Gobierno Vasco para culminar las transferencias pendientes del Estatuto de Gernika. Fuente: Gobierno Vasco / Irekia.

Autogobierno: la diferencia entre hablar y negociar

A la espera de la reunión entre el Lehendakari Pradales y el presidente de Gobierno Pedro Sánchez, al objeto de acelerar las transferencias pendientes, nos devuelve una realidad política, al margen de declaraciones electorales y demandas de Gobiernos amplios etc.etc. Y no es otra que dos actores (que no tres) llegando a acuerdos y consensos para dotar de más autogobierno a Euzkadi.

Hay quienes se empeñan en pergeñar discursos grandilocuentes reclamando mas soberanía, mas autogobierno, pero quienes luego se sientan en las mesas de negociación donde se decide el futuro de las competencias pendientes del Estatuto de Gernika, son los mismos que durante décadas siguen realizando la misma tarea.

La fotografía que acompaña la información es muy significativa. Representantes de ambos gobiernos, Gobierno Vasco en este caso María Ubarrenetxea (EAJ-PNV) y Gobierno español, implicados en la negociación.

Es llamativo que no aparezca, (ni se le espere como asi ha sido durante años) Arnaldo Otegi, o cualquier otro representante de EH Bildu. Y ante esta realidad pues surge la eterna pregunta: ¿¿Quién negocia las transferencias?? ¿Quién está realmente impulsando el desarrollo del autogobierno? ¿Quien o quienes acuden a las mesas técnicas con el Estado? ¿Quiénes dedican horas en reuniones para convertir las reivindicaciones en competencias efectivas?

La respuesta no puede ser mas grafica. Representantes del Gobierno vasco manteniendo reuniones técnicas para avanzar en materias tan relevantes como la gestión de la Seguridad Social, propuestas concretas sobre materias como las pensiones no contributivas o el FOGASA, exigiendo respuestas y calendarios. los puertos o las competencias aún pendientes del Estatuto.

Hay quienes viven en una eterna campaña electoral. Hay quienes basan su trabajo político en discursos, declaraciones y proyectos a futuro. Presentaciones, allende los mares, de planes que reportan estar todos los dias en medios de comunicación.

La acción política real se lo dejan a otros. Siguen hablando de soberanía, de autogobierno, pero con acciones encaminadas a estar presentes en los medios no se consiguen transferencias ni completar el Estatuto de Gernika.

 

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El euskera une, no segrega

Nuevamente El Correo Español, nos ofrece un editorial de hace unos dias un artículo donde presenta al euskera como un factor de división, como un factor de segregación el conocimiento del euskera. Donde se penaliza a determinadas poblaciones, especialmente migrantes. Cuando la historia nos enseña que ha sido precisamente lo contrario.

Quien decide establecer su proyecto de vida en Euzkadi debe tener presente que lo hace en una comunidad con dos idiomas oficiales y con dos comunidades lingüísticos cuyos derechos son exactamente iguales. Integrarse significa asumir esa realidad bilingüe. Lo contrario supondría aceptar que sea la sociedad de acogida la que renuncie progresivamente a una de sus lenguas para adaptarse a quienes llegan.

Argumentar una discriminación no se sostiene. Acaso aprender alemán en Baviera, francés en Quebec, Finlandia, Gales, constituye una penalización ante la población migrante. Ahora bien, cuando se trata del euskera medios y determinados grupos políticos españoles construyen argumentos que difícilmente se aceptarían respecto a cualquier otra lengua propia.

Lo que realmente genera ciudadanos de primera y de segunda es aceptar que todos los residentes deben conocer el español, en tanto que el euskera queda reservado para quien quiera aprenderlo como una opción personal o meramente cultural. Este modelo que estas fuerzas apoyan con absoluta firmeza, convierte una de las lenguas oficiales, no se nos olvide, en una lengua subordinada a la otra, Eso si es desigualdad y discriminación con la comunidad euskaltzale

No hace falta recordar que el acuerdo parlamentario objeto de críticas diversas, no nace de una imposición minoritaria. Nace de la decisión de una muy amplia mayoría democrática del Parlamento Vasco, que, ante la ola de euskarafobia, en diversos ámbitos, también en el judicial, han decidido acordar el blindaje jurídico del euskera.

Puede ser objeto de críticas, gustar mas o menos. Pero calificarse de ruptura democrática una decisión apoyada por una amplia mayoría de los representantes elegidos por los vascos, esa calificación, como digo, no deja de ser un dislate. Pero tampoco nos sorprende este tipo de editoriales de El Correo Español denunciando el riesgo de segregación cuando se trata del euskera. Declaraciones similares podemos encontrar contra perfiles lingüísticos, y cualquier avance destinado a garantizar los derechos de los euskaltzales.

Pueden cambiar gobiernos, leyes, incluso resoluciones judiciales a favor del euskera (algunas hay por aquello de la excepción confirma la regla). Pero los editoriales seguirán siendo los mismos. El euskera hay que presentarlo como un problema y no como un derecho colectivo.

Es una falsa dicotomía crear un debate sobre si un migrante debe aprender euskera o español. Si quienes llegan a Euzkadi deben incorporar a una sociedad bilingüe o si, por el contrario, somos los propios euskaltzales quienes debemos renunciar progresivamente a una de nuestras lenguas oficiales para facilitar esa integración.

Con estos titulares, El Correo Español ya nos muestra claramente su opción.

A la vez, resulta significativo que el editorial dedique toda su atención a quienes consideran excesiva la exigencia del euskera, pero apenas menciona a quienes tienen reconocido legalmente el derecho a utilizar esa lengua en su relación con las administraciones públicas. Los perfiles lingüísticos no nacen para premiar ni castigar a nadie. Nacen para garantizar un derecho ciudadano

Al editorial “euskera para unir, no para segregar” hay que contraponer una realidad y es que lo que segrega no es el euskera, es considerarla una lengua de segunda. Integrarse en Euskara también significa respetar las dos lenguas. Y no continuar con viejas proclamas, poniendo al euskera como el principal problema para la integración de una parte de la sociedad

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No hay igualdad si las reglas cambian según la asignatura

Mientras algunos hablan del euskera como un escollo para la integración de la migración, en esta ofensiva judicial en la que nos encontramos inmersos, es difícil evitar la percepción de que determinadas resoluciones judiciales terminan proyectando un trato excepcional hacia el euskera que muchos ciudadanos interpretan como una forma de desconfianza permanente hacia su normalización alimentando la percepción de una especial hostilidad hacia todo aquello relacionado con la normalización del euskera

Esta tarde hemos tenido constancia de la decisión judicial de ordenar cautelarmente que no se tengan en cuenta determinados ceros obtenidos en el examen de Euskera de la PAU. Planteando una cuestión mucho más profunda que la propia polémica sobre la corrección de unos exámenes. Plantea un problema de igualdad.

Como ha demandado la consejera de educación del Gobierno Vasco, Begoña Pedrosa, exige transparencia a la EHU en relación a la polémica de los ceros en la PAU. Si han existido irregularidades deben investigarse hasta el final. Pero mientras esas supuestas irregularidades no hayan sido demostradas en una sentencia firme, resulta inaceptable asumir porque unos alumnos reciben un tratamiento excepcional respecto al resto de alumnos.

Toda medida cautelar debe ponderar los derechos de todas las partes afectadas, no únicamente de quienes la solicitan. En este caso, la resolución parece olvidar que también existen miles de alumnos que aprobaron el examen de Euskera tras meses de estudio y esfuerzo. Ellos también tienen derecho a que las reglas del acceso a la universidad sean las mismas para todos. De lo contrario, la desigualdad deja de ser una hipótesis para convertirse en una realidad.

Para que estudiar euskera, dirán algunos, si luego tenemos el apoyo de algunos miembros de la judicatura, para aprobar. ¿¿Aprobar el que??

¿Qué ocurre con quienes sí aprobaron el examen de Euskera después de meses de estudio y esfuerzo? ¿Qué mensaje reciben esos estudiantes? ¿Que cumplir con las reglas vale menos que acudir a los tribunales?

¿¿Qué pasa con los suspensos en Lengua Castellana?? ¿Podrían aducir aquello de que la culpa del suspenso es del corrector, y no de uno mismo por haberse aplicado convenientemente? O, los suspensos de Matemáticas, ¿¿Física o Historia?? ¿¿O estamos ante un tratamiento excepcional con el riesgo de debilitar socialmente el valor del aprendizaje del euskera??

La igualdad exige que las mismas reglas se apliquen a todos. Si un examen presenta defectos de procedimiento, estos deben corregirse con criterios generales y garantizando los derechos de todo el alumnado, no únicamente de una parte.

Estas decisiones judiciales atentan a la igualdad de los jóvenes y transmiten un mensaje muy preocupante, según el cual si suspendes Euskera, y solamente euskera, siempre te quedara la vida judicial. Para que esforzarte, para que estudiar una lengua por muy oficial que sea. Unos cuantos gemidos ante papa y mama, y de ahí al juzgado correspondiente.

Eso supone un incentivo profundamente equivocado. El esfuerzo, el estudio y la superación personal no deberían quedar en un segundo plano frente a la expectativa de que una resolución cautelar pueda neutralizar las consecuencias de un suspenso.

El euskera lleva décadas intentando abrirse camino como una lengua de conocimiento, de convivencia y de igualdad de derechos. Cualquier decisión que acaba proyectando la idea de que sus evaluaciones tienen un tratamiento excepcional corre el riesgo de debilitar precisamente aquello que dice proteger.

Investigar posibles errores, sí. Garantizar un proceso impecable, también. Pero hacerlo sin olvidar un principio básico del Estado de Derecho: los derechos de unos no pueden construirse a costa de los derechos del resto de los alumnos.

La resolución cautelar, motivo del debate, pretende evitar un perjuicio a unos alumnos. Pero, a cambio genera unos agravios comparativos, porque altera las condiciones de acceso a las plazas universitarias mientras el proceso permanezca abierto

Pero también puede generar un perjuicio a quienes sí aprobaron, porque altera las condiciones de acceso a las plazas universitarias mientras el proceso sigue abierto y perjudica en gran medida la igualdad de trato de todos los estudiantes ante un mismo proceso de acceso a la universidad.

 

 

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Los acuerdos del Grupo Vasco que mejoran Euzkadi

La reciente información publicada por el Gobierno Vasco anunciando que este otoño comenzará la renovación paulatina de los trenes de Cercanías es el reflejo o la consecuencia de acuerdos urdidos por el Grupo Vasco en el Parlamento español. Los nuevos convoyes empezarán a incorporarse a la línea C3 entre Orduña y Abando, sustituyendo progresivamente a unidades con varias décadas de servicio. Serán trenes más accesibles, más cómodos y adaptados a las necesidades actuales de los usuarios.

Recordemos. Todo deriva de la decisión de trabajar acuerdos, para conseguir el traspaso de la gestión de Cercanías ferroviarias. Y pase a formar parte del autogobierno vasco. Consecuencias directas de una forma de entender la política, establecer acuerdos y convertir esos acuerdos en competencias útiles para la ciudadanía. No utilizar los escaños para meros cambalaches con prioridades que en nada tienen que ver con las necesidades reales.

Fue el resultado de una negociación política impulsada por el Grupo Vasco (EAJ-PNV) en las Cortes Generales, siguiendo una estrategia que el nacionalismo institucional ha mantenido durante décadas: aprovechar la representación en Madrid para ampliar la capacidad de decisión de Euzkadi.

La infraestructura ferroviaria —las vías, la señalización o las grandes inversiones en la red— continúa siendo responsabilidad de Adif. Conviene recordarlo porque el autogobierno también se construye por etapas. Pero precisamente por eso resulta importante valorar cada avance conseguido.

Ahora bien, conviene distinguir varios conceptos:

La gestión del servicio (horarios, frecuencias, tarifas dentro de sus competencias, planificación e inspección) corresponde al Gobierno Vasco. 

La operación de los trenes sigue realizándolo Renfe Viajeros, mediante un contrato suscrito con el Gobierno Vasco, por lo que el usuario continúa viajando en trenes de Renfe.

La infraestructura (vías, catenaria, señalización y la mayor parte de las estaciones) continúa siendo titularidad de Adif, por lo que las obras, averías de infraestructura o inversiones en la red siguen dependiendo fundamentalmente del Estado.

Hay quienes utilizan su influencia institucional para incorporar nuevas competencias, fortalecer el autogobierno y mejorar servicios públicos. Otros, en cambio, centran buena parte de sus negociaciones en cuestiones que afectan principalmente a su propio espacio político o a resolver situaciones muy concretas de su entorno.

Cada cual establece sus prioridades. En este caso, la prioridad ha sido que miles de ciudadanos dispongan de un servicio ferroviario mejor gestionado, con mayor capacidad de adaptación a las necesidades reales del territorio y con inversiones orientadas desde las propias instituciones vascas.

De hecho, desde la transferencia ya se han introducido algunas mejoras de servicio, como el incremento de frecuencias en la línea de Orduña, mientras continúa prevista la renovación progresiva del material móvil durante 2026 y 2027.

La gestión de las Cercanías permitirá planificar nuevos servicios, adaptar horarios y frecuencias, coordinar mejor el transporte público y responder con mayor rapidez a las demandas de los usuarios. La renovación progresiva del material móvil constituye uno de los primeros frutos visibles de esa nueva capacidad de gestión.

Desde la transferencia ya se han podido poner en marcha nuevos servicios ferroviarios largamente reclamados y ahora comienza una renovación progresiva del material móvil que mejorará la accesibilidad y la calidad del servicio. Son decisiones que afectan al día a día de quienes utilizan el tren para trabajar, estudiar o desplazarse.

Es cierto que todavía quedan ámbitos que siguen dependiendo del Estado. La infraestructura ferroviaria —las vías, la señalización o las grandes inversiones en la red— continúa siendo responsabilidad de Adif. Conviene recordarlo porque el autogobierno también se construye por etapas. Pero precisamente por eso resulta importante valorar cada avance conseguido.

Sin embargo, cuando un pacto permite gestionar un servicio público desde Euzkadi, cuando posibilita renovar una flota ferroviaria o mejorar la movilidad diaria de miles de personas, ese acuerdo deja de ser un simple documento firmado en Madrid para convertirse en una mejora tangible de la vida cotidiana.

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