Cuando el respeto solo juega con una camiseta

Vivimos en una vorágine futbolística, donde los sentimientos de pertenencia se exaltan en demasía, y donde los que, en sus discursos sempiternos acusan a otros de tener problemas identitarios, enardecen de fervor patrio cuando la roja consigue que el balón se cuele en la portería contraria.

No voy a ser yo quien deslegitime este derecho a disfrutar de acontecimientos como los actuales. Pero, legítimamente, y porque asi lo ha reclamado en repetidas ocasiones la gran mayoría de la ciudadanía vasca, por medio de sus representantes en el Parlamento Vasco (más del 75% de representación parlamentaria), quiero que se me reconozca el mismo derecho.

Cuando, a la pregunta de a que selección, española o argentina, apoyar muestras indiferencia o rechazo a una selección, Federación Española de Fútbol que impide que mi selección, Euskal Selekzioa (Selección de fútbol de Euzkadi), se nos tildan poco mas o menos de herejes, apóstatas y traidores. Aunque difícilmente puede ser uno un traidor a una patria, España, que no la siente como suya.

Es por ello que me pregunto: Los que pregonan el respeto hacia su selección, la roja, los que demandan ese respeto a los demás, ¿tienen alguna capacidad moral para exigir a los demás lo que ellos mismo deniegan? ¿Que respeto existe ante quienes nos sentimos representados única y exclusivamente por la selección de Euzkadi?

Estamos hartos de que asocien el sentimiento identitario al nacionalismo vasco, tildándola de complejos, problemas identitarios, etc. Sin embargo, pocas expresiones identitarias son tan evidentes como convertir una final deportiva en un acontecimiento institucional. Si eso es perfectamente normal cuando la selección es España, ¿por qué deja de serlo cuando hablamos de Euzkadi?.

Estamos hablando de fútbol o de un problema político donde se impone una identidad no compartida sobre otra claramente definida, defendida y sentida por, como ya hemos comentado, más del 75% del parlamento vasco?

Quien niega que el trasfondo de esta final no tiene un gran  componente político, está negando la realidad.

No hay nada más que ver algunas balaustradas de ciertas instituciones bilbainas, engalanadas para la ocasión, incapaces de lo mismo cuando jueguen las selecciones vascas de pelota, en el Mundial. 

La igualdad también consiste en reconocer que existen diferentes sentimientos de pertenencia. Y una democracia madura no debería tener miedo a que todos ellos puedan expresarse con normalidad.

No estamos reclamando ningún privilegio excepcional. En el fútbol internacional ya compiten selecciones nacionales que no representan a Estados soberanos, como Escocia, Gales, Irlanda del Norte, las Islas Feroe o Gibraltar. La oficialidad de la selección vasca no supondría una anomalía deportiva, sino la incorporación de un modelo que ya existe y que nadie cuestiona en otros lugares.

Cada cual debería ser libre de sentirse representado por la selección que desee. Lo que reclamamos es exactamente el mismo derecho: poder sentirnos representados por Euzkadi sin que ello sea considerado una extravagancia, una provocación o una reivindicación inaceptable.

La igualdad también consiste en reconocer que existen diferentes sentimientos de pertenencia. Y una democracia madura no debería tener miedo a que todos ellos puedan expresarse con normalidad.

Del mismo modo, y con motivo de la final de futbol entre España y Argentina, numerosas instituciones y ayuntamientos han impulsado la colocación de pantallas gigantes para que la ciudadanía pueda seguir el partido de forma colectiva. Como ya hemos dicho, quien se siente representado por la selección española tiene todo el derecho a disfruta de ese acontecimiento.

A finales de octubre tendrá lugar el Campeonato Mundial de Pelota, donde nuestra selección participara con amplias posibilidades de llegar a distintas finales. Ahora la pregunta: Las mismas corporaciones que han permitido (en algunos casos, por la paz un Ave María, como bien suele decir un buen amigo mío), que una parte de sus vecinos puedan ejercer su derecho, permitirán en las mismas condiciones, que los que sentimos la verde, la selección de Euzkadi, como propia, ¿tengamos el mismo derecho a compartir momentos especiales para nosotros? ¿Se instalarán pantallas gigantes en plazas y espacios públicos? ¿Se movilizarán recursos con el mismo entusiasmo? La experiencia nos dice que no.

Unas identidades reciben respaldo institucional y otras continúan esperando el reconocimiento más básico. El problema no es de quienes reivindican la oficialidad de sus selecciones. El problema es de quien sigue negando que ese sentimiento exista y merezca el mismo respeto.

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Entre titulares y suplentes

Las políticas sociales se juegan en el campo

Vivimos en una permanente campaña preelectoral donde las grandes proclamas, están construidas con promesas, discursos grandilocuentes y, por supuestos, eslóganes construidos al objeto de ocupar titulares. Y en esta precampaña habrá partidos que hablarán de vivienda, sanidad, educación, dependencia y políticas sociales.

Como espectadores de un encuentro de futbol, vaya por delante que no soy un aficionado como tal a este deporte del balompié, salvo cuando juega mi Athletic de Bilbao. Como decía, como espectador, estamos atentos a que jugador participa de una jugada decisiva que allana el camino para ganar el partido, y quien permanece en el banquillo, comentando lo que hacen los jugadores titulares.

Estos dias los medios nos han informado un gran acuerdo para Euzkadi. El Estado financiará el 50% del gasto del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia en Euzkadi.

lLa aportación estatal alcanzará los 280,4 millones de euros en 2026 y ascenderá hasta los 407,2 millones en 2027, frente a los 153,3 millones recibidos en 2024. Estamos hablando, por tanto, de cerca de cerca de 250 millones de euros adicionales al año respecto a la financiación de hace apenas unos ejercicios.

Consecuencia de ello se verán reforzados los recursos destinados a atender a personas dependientes, sostener servicios de ayuda a domicilio. Incrementar y financiar plazas residenciales, reforzar centros de día, apoyar a las familias cuidadoras y responder al progresivo envejecimiento de nuestra sociedad. En definitiva, reforzar las políticas sociales construidas desde nuestras instituciones.

Como todo acuerdo, no ha sido cuestión de un día, sino después de un proceso de negociación iniciado el pasado año. Acuerdo adoptado por unanimidad en la Comisión Mixta del Concierto Económico, incorporando al marco bilateral del Concierto la aportación estatal, reforzando su seguridad al albor de futuros cambios legislativos o de voluntades políticos de los distintos ejecutivos que gobiernen el Estado.

Deberíamos situar el eje de estos acuerdos, la figura del Lehendakari Imanol Pradales y el equipo de negociación del Gobierno Vasco que ha sabido utilizar las herramientas del autogobierno Vasco en resultados concretos para la ciudadanía, ya que el liderazgo consiste en eso: formar un equipo, señalar el camino y conseguir que las instituciones alcancen objetivos tangibles.

Hay quienes observan el partido desde el banquillo impartiendo lecciones teóricas sobre cómo debería darse un pase o cuál debería ser la mejor posición sobre el terreno de juego. Después, cuando termina el encuentro, saltan al césped para felicitarse del resultado.

Frente a quienes pretenden presentar al Gobierno Vasco como falto de iniciativa o instalado en la mera administración de lo existente, los hechos ofrecen una imagen diferente. La negociación desarrollada por el Ejecutivo de Pradales ha conseguido elevar sustancialmente la financiación estatal de la dependencia y, además, protegerla dentro del Concierto Económico.

Como decíamos anteriormente, el jugador suplente, y no quiero citar nombres que a todos nos viene a la cabeza, continúa tratando de apropiarse del discurso de las políticas sociales, como si mencionar reiteradamente la vivienda, la sanidad pública, los cuidados o la desigualdad fuese suficiente para acreditar una supuesta superioridad social.

Volviendo al símil futbolístico, una cosa es dibujar en una pizarra las distintas jugadas posibles, construir un relato de fácil digestión, y otra muy distinta asumir la responsabilidad de estar en el campo y llevar a cabo los objetivos marcados. En definitiva, gobernar.

Seguiremos hablando de “prioridades nacionales” y “prioridades sociales”, intentando enfrentar ambos modelos. Pero la realidad nos enseña que uno de los principales instrumentos para desarrollar policitas sociales se basa en la capacidad de nuestro autogobierno

En las próximas semanas y meses escucharemos nuevamente que existen dos modelos enfrentados: quienes representan las denominadas “prioridades sociales” y quienes supuestamente están más preocupados por las llamadas “prioridades nacionales”.

Y una de las herramientas al servicio de la ciudadanía vasca es el Concierto Económico, que permite negociar bilateralmente, proteger los intereses de Euzkadi y conseguir mas recursos para mejorar la vida de las y los vascos. Y en esa negociación los 407 millones de euros que recibirá Euzkadi en 2027 son una demostración tangible y palpable.

El Gobierno de Imanol Pradales está jugando ese partido. Puede acertar o equivocarse, y deberá ser juzgado por sus resultados. Pero en esta ocasión ha logrado un acuerdo que supone más financiación, mayor estabilidad y una garantía reforzada para uno de los pilares fundamentales de nuestro sistema de bienestar.

Y es labor de la oposición controlar al Gobierno, señalar sus errores y presentar alternativas. Es su función democrática para la cual ha sido elegida. Pero también resulta legitimo recordar quien, en este partido de futbol, asume el rol de capitán, y que jugadores están situados en el terreno de juego, que, a su vez, deben asumir la responsabilidad de ganar el partido. De convertir las propuestas en decisiones.

Otros, mientras tanto, continúan calentando en la banda, esperando que llegue la campaña electoral para presentarse ante la ciudadanía como los verdaderos defensores de las políticas sociales. Sin embargo, las políticas sociales no se miden por la intensidad de los aplausos al final del partido. Se miden en presupuestos, servicios, profesionales y atención a las personas.

Y se miden en acuerdo como el alcanzado esta semana.

 

 

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La política útil desarma los eslóganes. 

Y la gestión convierte los proyectos en viviendas

Cuando hablamos de vivienda, y no se la primera vez que, en este blog, que citamos este problema que acucia a la mayoría de la ciudadanía vasca, es necesario hacernos eco de la información que dedica El Correo Español al inicio de la construcción de 73 viviendas en Loiu.

Es la culminación de una gestión y una colaboración institucional de un proceso urbanístico bloqueado durante años, y que, después de, como decimos, trabajos constantes por parte del Ayuntamiento de Loiu presidido desde hace once años por Josu Andoni Begoña (EAJ-PNV) revalidando la confianza mayoritaria de sus vecinos durante ese tiempo, han hecho posible que proyectos terminen convirtiéndose en realidades, después de que superar limitaciones derivadas de las servidumbres aeronáuticas y acústicas haya obtenido el visto bueno de distintos organismos estatales.

 Lo mas sencillo seria quedarnos con el dato, con la noticia, de que las 73 viviendas, promovidas por Amenábar, serán viviendas libres con un coste de 325.000 euros. Pero eso no seria comprender la verdadera dimensión de la operación.

Ese es el titular de la información, con un gran despliegue tipográfico. Sin embargo, queda relegado al final aquello que realmente afectará a la ciudadanía vasca en el corto y medio plazo.

Como decimos, lo realmente importante aparece al final de la información. El desarrollo urbanístico permitirá generar un importante patrimonio público de suelo. Tanto le Ayto. de Loiu como la Diputación Foral de Bizkaia cederán parte de estos terrenos para la construcción de vivienda pública en régimen de alquiler, incrementando así el parque público residencial y ofreciendo nuevas oportunidades de acceso a la vivienda para quienes más lo necesiten

Durante años resultó mucho más fácil prometer viviendas que hacer posible su construcción. Sin embargo, detrás de cada promoción existe un trabajo silencioso que pocas veces ocupa titulares: modificaciones del planeamiento, informes técnicos, negociaciones entre administraciones y una enorme perseverancia para resolver problemas que parecían enquistados.

Mientras otros municipios son remisos, cuando no contrarios, a la cesión de suelo público, Loiu constituye un buen ejemplo de trabajo para favorecer el desarrollo de promociones públicas. Después de décadas de parálisis urbanística, por motivos ajenos, pero con trabajo tendente a desbloquear planeamientos, edificando consensos entre administraciones, el municipio vuelve a construir viviendas y, al mismo tiempo, sienta las bases para ampliar el parque público de alquiler mediante la colaboración entre Ayuntamiento, Diputación y Gobierno Vasco.

En diversas ocasiones nos hemos hecho eco de planes, proyectos destinados a generar debate público, o, quizás mejor, ruido electoral. Anuncios de miles de viviendas en diez años, presentaciones internacionales para rellenar papel y medios gráficos.

La política de vivienda no empieza cuando se entrega la llave de una casa. Empieza muchos años antes, cuando una administración es capaz de generar suelo, desbloquear planeamientos y trabajar con otras instituciones para que las viviendas, públicas y privadas, dejen de ser una promesa y se conviertan en una realidad.

Sin embargo, las y los ciudadanos vascos necesitan proyectos que se ejecuten ahora. No dentro de una década. Y cuando observen que las grúas empiecen a levantarse, como en el caso de Loiu, tendrán la certeza de que los proyectos dejan de ser tales, para pasar a ser realidades tangibles.

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No hay bienestar sin capacidad de decidir

El secretario general del PSE, Eneko Andueza, durante la reunión del Comité nacional de su partido, en declaraciones efectuadas reivindico un proyecto basado en el fortalecimiento de los servicios públicos, la vivienda, el empleo y las políticas sociales. Lo que el denomina “prioridad social”, en contraposición con lo que para su socio de gobierno, EAJ-PNV, dice ser “prioridad nacional”, sin más argumentos que el slogan.

Nuevamente nos encontramos que un socio de gobierno, necesita marcar perfil propio, más en modo preelectoral que real. Y para ello abre un debate artificial que plantea una cuestión de calado como es la incompatibilidad entre ambas prioridades.

Acusa a EAJ-PNV, repetimos, su socio de gobierno, de “coqueteos” con una agenda nacionalista con propuestas fiscales de “sesgo neoliberal”, situándose en debates identitarios en lugar de en la mejora de la vida cotidiana de la ciudadanía vasca.

Desde su posición “socialdemócrata” es un planteamiento legítimo, aunque bastante superficial. Ya que la experiencia, en Euzkadi, demuestra a lo largo de décadas, el desarrollo de políticas sociales ha sido posible gracias a un mayor grado de autogobierno, con ejecutivos presididos por EAJ-PNV, en coalición con otras fuerzas políticas.

Como socio de gobierno, como integrante del Gobierno Vasco, el propio PSE conoce que cada transferencia asumida amplía la capacidad de las instituciones vascas para diseñar políticas públicas adaptadas a su realidad. Cuanto mayor es el grado de autogobierno, mayores son las herramientas para diseñar políticas sociales. 

Establecer consensos, y hacer cumplir una ley cual es el Estatuto de Gernika, supone negociar traspasos de transferencias que permitan establecer dinámicas para que la ciudadanía mantenga el estado de bienestar del que ahora mismo goza.

Basta observar la evolución del autogobierno vasco durante las últimas décadas para comprobar que competencias como la sanidad, la educación, las políticas activas de empleo, la protección social o la gestión de la RGI han permitido desarrollar un modelo propio que, con sus aciertos y sus carencias, presenta indicadores sociales superiores a la media estatal en numerosos ámbitos.

El propio presidente del EBB, Aitor Esteban, calificó las declaraciones de Andueza de “puro teatro” y las interpretó como un intento de marcar perfil político en el inicio de un nuevo ciclo electoral, pero, incluso EH Bildu, tampoco comparte el planteamiento presentado por el Sr. Andueza

El PSE-EE necesita reforzar un perfil propio dentro del Gobierno Vasco y diferenciarse de su socio principal. Es una estrategia habitual en los gobiernos de coalición cuando comienza a aproximarse una etapa electoral. Y, quizás por ese motivo, el Sr. Andueza, de vez en cuando intente distinguir su discurso de su socio en el gobierno.

En declaraciones de Mertxe Aizpurua, portavoz de la coalición EH Bildu en el Congreso, calificó de “falsa dicotomía” contraponer prioridad nacional y prioridad social. Para EH Bildu el fortalecimiento de los derechos sociales son consecuencia de un mayor reconocimiento nacional.

Dos formaciones políticas que, a su vez, mantienen profundas discrepancias sobre el modelo institucional de Euzkadi, pero que representan a una amplísima mayoría de la ciudadanía vasca, coinciden en rechazar esa incompatibilidad entre agenda nacional y agenda social. No en vano, Euzkadi lleva demostrado, como decíamos, décadas de que ambas dimensiones pueden avanzar de forma paralela.

Una agenda nacional en aras a fortalecer nuestra capacidad de gestión sobre los recursos públicos, mejoras en el Concierto Económico o del Cupo, etc.etc. permite a Euzkadi disponer de instrumentos financieros propios para establecer políticas adaptadas a la realidad del entorno, a la realidad de la ciudadanía vasca.

La “prioridad nacional”, el fortalecimiento del autogobierno, no constituye necesariamente un fin en sí mismo. Es precisamente el instrumento que permite construir una sociedad con mayores cotas de bienestar, igualdad y cohesión social.

La prioridad nacional no compite con la prioridad social. La hace posible. Pero sin capacidad para decidir, tampoco existe capacidad para desarrollar políticas sociales propias.

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La RGI no está en cuestión; su gestión, sí.

Hoy, los medios de comunicación se han hecho eco de una información según la cual, el Servicio Vasco de Empleo, Lanbide, se ha visto obligado a remitir mas de 41.400 notificaciones mediante el Boletín Oficial del País Vasco, como último recurso al no haber conseguido localizar por los cauces ordinarios a miles de afectados durante el último año.

Añadamos un dato: A pesar de la publicación, apenas el 1,13% de los aludidos acude a una oficina a recoger su notificación en los cinco días hábiles de plazo legal. Y, lo preocupante es que hay una tendencia al alza, ya que en 2022 y 2023 la cifra de expedientes no entregados se mantenía por debajo de los 40.000 anuales. Sin embargo, a lo largo del 2025 se rozaron los 75.000 requerimientos fallidos.

El número de avisos no entregados supera el total de personas que perciben la ayuda, ya que en el último ejercicio cerrado el número de titulares de la RGI se situó en 71.807 personas (esto indica que sobre un mismo beneficiario pueden recaer múltiples avisos sin contestar).

Estas comunicaciones, su contenido esta relacionados directamente con el mantenimiento y regularización de la prestación: Aproximadamente un tercio de los avisos corresponde a expedientes y reintegros por medio de los cuales Lanbide reclama la devolución de importes económicos que han sido indebidamente, en su cuantía, a los titulares

Según la información publicada, el resto son expedientes sancionadores que conllevan suspensión temporal o extinción definitiva del derecho a percibir RGI. Ya que una de las condiciones indispensables, por ley, para cobrar esta prestación es estar localizable y empadronado correctamente.

¿Cuáles pueden ser los motivos que lleven a un beneficiario a no responder a los requerimientos? Pues pueden ser varios: Descuidos administrativos, cambios de vivienda no informados, no actualización del padrón o simplemente, o incluso situaciones que pudieran esconder irregularidades, extremo que únicamente puede determinar la propia Administración tras la correspondiente comprobación

Simplemente estos datos deberían haber provocado la comparecencia inmediata de los responsables políticos, en este caso del Consejero Javier Hurtado Mendoza y del director de Lanbide Francisco Moreno Pedraza. Cuando el mismo dia que salta esta información el director general de Lanbide hace declaraciones valorando positivamente las reformas impulsadas desde tres años atrás, reforzando los sistemas de control para evitar fraudes y reducir los indebidos, que, según el mismo añade, han caído a la mitad en un año. Incomprensible estas declaraciones si nos atenemos a sus resultados.

No estamos hablando de un trámite administrativo cualquiera. Estamos hablando del principal instrumento de protección social del Gobierno Vasco, financiado con dinero público y cuya correcta gestión constituye una obligación irrenunciable de cualquier administración seria.

Si se confirman estas informaciones dadas por los medios de comunicación, nos lleva a deducir que las costuras de una administración publica y moderna, en cuanto al Servicio Vasco de Empleo, es, cuando menos, deficiente y nos obliga a establecer algunas preguntas:

¿Qué mecanismos de seguimiento existen realmente?

¿Cuánto tiempo permanecen estos expedientes sin actualizar?

¿Cuántos corresponden simplemente a cambios de domicilio y cuántos esconden otras irregularidades?

¿Cuántos expedientes han terminado suspendidos? ¿Cuántos se han extinguido? ¿Cuántos continúan pagando prestaciones mientras la Administración ni siquiera consigue comunicarse con sus titulares?

Y no para alimentar discursos populistas, donde el racismo y la xenofobia encuentran su ámbito ideal, ya que seria profundamente injusto convertir en sospechosos a miles de personas sin conocer sus circunstancias personales. Lo que está claro es que esconder un problema administrativo de estas dimensiones bajo el silencio institucional es la peor solución.

La excelencia en la transparencia de cualquier administración pública, y ciñéndonos a este caso en concreto, exige conocer cuántas personas distintas están realmente afectadas, por qué no pudieron ser localizadas, qué porcentaje representa sobre el conjunto de perceptores, cuántos expedientes derivaron en suspensión o devolución de prestaciones, y qué medidas piensa adoptar Lanbide para evitar que esta situación vuelva a repetirse.

La RGI constituye uno de los pilares del modelo de protección social vasco. Cuando una Administración no consigue localizar a miles de perceptores de una prestación pública, no basta con publicar anuncios en el BOPV. Debe ofrecer respuestas. Y esas respuestas, por respeto a la ciudadanía, deberían darse donde corresponde: en el Parlamento Vasco.

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La inmigración también envejece: el debate que España sigue sin abordar

Se ha instaurado en la sociedad un debate sobre los flujos migratorios y, casi exclusivamente, en torno a su papel como motor económico, y la necesidad para cubrir determinados puestos de trabajo, para suplir el envejecimiento de la población, incorporar nuevos cotizantes a la Seguridad Social, etc.etc.

Sin embargo, hay una realidad que apenas ocupa espacio en ese debate: la población inmigrante también envejece, y lo hace a un ritmo cada vez más acelerado.

Un estudio reciente de Funcas señala que en 2025 el 22 % de la población inmigrante residente en España tiene 55 años o más y concluye que la inmigración actúa como un factor de amortiguación del envejecimiento, pero no constituye por sí sola una solución estructural.

El Estado necesita inmigración para sostener el sistema de pensiones. Basta observar la evolución del mercado laboralpara comprobar la enorme aportación que realizan millones de trabajadores extranjeros a la economía y a la Seguridad Social, como cotizantes de nuestro sistema.

Ahora bien, si analizamos la inmigración desde la perspectiva del número, y no de otros factores como su edad, su cualificación profesional. Su incorporación al mercado laboral y su permanencia en España, nos faltaría analizar la composición de las unidades familiares que se establece en el pais. Y este aspecto merece una atención especial

La legislación reconoce el derecho a la reagrupación familiar. Principio legítimo que protege la unidad de las familias y que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico. En ese momento la unidad de análisis deja de ser una persona y pasa a ser una familia

Porque junto al trabajador pueden incorporarse el cónyuge, hijos menores, y en determinados supuestos, familiares de mayor edad. Presentando cada uno de ellos una realidad diferente.

De hecho, el estudio de Funcas sobre los límites de la inmigración `pàra el ajuste demográfico arroja una cifra contundente: entre 2021 y 2024 llegaron a España 558.000 personas con 55 años o más. Este flujo de reagrupación familiar introduce un perfil demográfico que no se incorpora de manera activa al mercado de trabajo, sino que pasa a depender de manera directa del paraguas de cobertura de los servicios públicos del Estado y en el ámbito laboral puede ser muy diferente en función de la edad, la formación o la situación familiar, lo que hace necesario evaluar su impacto demográfico y económico a medio plazo

No se trata de cuestionar ninguno de esos derechos Uno de los vectores políticos y sociales que más acelera esta transformación estructural es la reagrupación familiar, un derecho gestionado bajo las directrices del Ministerio de Inclusion, Seguridad Social y Migraciones. A medida que los proyectos migratorios se consolidan en el territorio tras años de arraigo, se incrementa de forma natural la tramitación para traer a los progenitores (ascendientes). 

El envejecimiento de la población (tanto nativa como extranjera) altera por completo la balanza fiscal del Estado del bienestar. Las necesidades presupuestarias cambian radicalmente al desplazarse la pirámide hacia tramos de edad avanzada, impactando con especial dureza en tres áreas: 

1. El gasto sanitario por habitante se mantiene bajo durante la juventud y se dispara exponencialmente a partir de los 55 años debido a la cronicidad. Si tomamos como referencia el gasto sanitario medio en España, la distribución por tramos de edad evidencia el esfuerzo presupuestario para las Comunidades Autónomas:

Tramo de Edad	Gasto Anual Estimado por Habitante	Multiplicador del coste
Adultos (20-44 años)	~1.100 € - 1.300 €	Línea de base del sistema
Punto de Inflexión (55-64 años)	~2.400 €	Se duplica respecto al tramo joven
Tercera Edad (65-74 años)	~3.800 €	Se triplica (gasto intensivo en farmacia)
Mayores de 75 años	> 5.500 €	Se cuadruplica o quintuplica la base

https://www.airef.es/es/sostenibilidad/ 

https://www.bde.es/wbe/es/publicaciones/

Cuando el sistema nacional de salud asume de forma universal a ciudadanos reagrupados de edad avanzada, pasa a absorber directamente la etapa de máximo coste diario e inversión farmacéutica, sin haber desarrollado necesariamente una carrera completa de cotización en España.

 2. La reagrupación de ascendientes añade una presión directa sobre un mercado inmobiliario ya fuertemente tensionado en las grandes áreas urbanas. Al incorporar a los mayores en hogares donde habitualmente conviven ya padres e hijos en edad escolar, aumentan los índices de densidad habitacional por metro cuadrado. Esto incrementa la demanda potencial de vivienda y de determinados servicios sociales y multiplica la demanda de servicios de asistencia comunitaria, ayudas al alquiler y viviendas de protección social específicas para la tercera edad. 

3. En su reciente Estudio sobre la Regla de Gasto de las Pensiones de la AiReF, la Autoridad Independiente advierte que el mero incremento poblacional a través de flujos migratorios no garantiza la sostenibilidad financiera a largo plazo. La AIReF destaca que la presión sobre el gasto en pensiones, sanidad y dependencia terminará tensionando los niveles de deuda pública si las oleadas de población activa no se acompañan de un cambio estructural en la productividad y en la convergencia de rentas de los hogares de origen extranjero. 

Tres preguntas que inevitablemente habría que realizar:

¿Conocemos la edad media de los familiares reagrupados? ¿Sabemos cuántos trabajan? ¿Existe un estudio oficial que analice su impacto económico veinte años después? Me temo que no.

La inmigración ha funcionado como un factor de amortiguación indispensable que ha retrasado el invierno demográfico en España, pero no es una cura mágica. Los inmigrantes que llegaron jóvenes a principios de siglo hoy rozan los 60 años, reproducen con rapidez las bajas tasas de natalidad del país de acogida y comienzan a demandar las mismas coberturas de jubilación y cuidados que la población nativa. 

El verdadero desafío de la próxima década para las administraciones públicas no será únicamente vigilar la cifra mensual de afiliados a la Seguridad Social, sino redimensionar los presupuestos de salud, dependencia y servicios sociales para gestionar con éxito una sociedad envejecida y multicultural.

 

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