El conflicto en torno a Irán vuelve a colocar sobre la mesa una cuestión esencial: ¿quién decide cuándo empieza una guerra y bajo qué legitimidad?
La Carta de la Organización de las Naciones
Unidas establece con claridad la prohibición del uso de la fuerza salvo en dos
supuestos: legítima defensa ante un ataque armado o autorización expresa del
Consejo de Seguridad. Todo lo demás entra en el terreno del unilateralismo,
cuando no directamente en la vulneración del orden jurídico internacional.
La pregunta es evidente:
¿Se puede combatir una teocracia autoritaria saltándose las reglas del derecho
internacional?
¿O el remedio termina erosionando el mismo orden jurídico que se dice defender?
Otro debate es el uso de bases militares situadas
en terceros países para operaciones ofensivas.
Desde el punto de vista jurídico, el uso de
instalaciones militares en territorio de un Estado requiere consentimiento del
país anfitrión. Pero ese consentimiento no es neutro: implica asumir
responsabilidad política e incluso jurídica por las acciones realizadas desde
ese territorio.
Si una operación militar no cuenta con cobertura
de Naciones Unidas ni responde a un ataque previo en legítima defensa, el
debate deja de ser meramente estratégico y pasa a ser jurídico y ético.
Nadie discute que el régimen iraní presenta
rasgos teocráticos y restricciones severas de derechos políticos y civiles.
Pero el derecho internacional no contempla la “abolición de una dictadura” como
causa autónoma para iniciar una guerra.
Aquí aparece la otra dimensión: la geopolítica.
Equilibrios regionales, seguridad energética, rivalidades globales, alianzas
estratégicas.
Cuando el discurso de la liberación en este caso de Irán, convive con
intereses estratégicos, la línea entre principios y poder se vuelve difusa.
Si el orden internacional se basa en reglas, esas
reglas deben aplicarse también cuando resultan incómodas para las grandes
potencias.
La coherencia en política exterior no consiste en
elegir enemigos correctos, sino en mantener principios estables.
Porque si hoy se normaliza que cada Estado decida
unilateralmente cuándo intervenir, mañana ese mismo criterio podrá aplicarse en
cualquier otro lugar.
El conflicto en torno a Irán vuelve a plantear
una pregunta incómoda: ¿quién decide cuándo empieza una guerra?
La Carta de la Organización de las Naciones
Unidas es clara: el uso de la fuerza solo es legal en caso de legítima defensa
o con autorización del Consejo de Seguridad. Fuera de esos supuestos, hablamos
de decisiones unilaterales que erosionan el orden internacional.
Nadie discute que el régimen iraní sea una
teocracia con graves déficits democráticos. Pero el derecho internacional no
contempla el “cambio de régimen” co
mo causa legítima para iniciar una guerra.
Si se normaliza que cada potencia actúe por su cuenta invocando valores, el
sistema de reglas se convierte en papel mojado.
Y entonces la cuestión ya no es Irán.
La cuestión es si queremos un orden internacional
basado en normas… o en el u la fuerza.

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