El Gobierno Vasco estudia una “mochila escolar”
para que el alumnado vulnerable escolarizado en centros concertados tenga
cubiertos comedor, transporte o material. La medida nace dentro de la Mesa
contra la segregación escolar, con casi 100 agentes trabajando en nueve
proyectos.
Y aquí surge una pregunta: si ya existe una red
pública que debe ser la columna vertebral de la integración, ¿por qué el debate
se desplaza ahora a financiar el acceso gratuito a la concertada?
Además, no es cierto que la pública esté
abandonada: el Gobierno Vasco ya impulsa procesos de integración en centros
públicos de Bizkaia para combatir la segregación, y también mantiene líneas
como transporte escolar público, comedor y planes de transformación de la
escuela pública.
Lo peligroso no es ayudar al vulnerable. Eso es
obligación moral y política. Lo peligroso es aceptar sin discusión un lenguaje
que convierte cada problema social en una factura nueva para el contribuyente,
sin exigir responsabilidad, integración, esfuerzo compartido ni evaluación de
resultados.
“Vulnerabilidad”, “segregación” o “equidad” no
pueden ser palabras mágicas para justificar cualquier gasto, en cualquier red,
sin control y sin preguntarnos si el sistema público —que pagamos entre todos—
está siendo reforzado o simplemente utilizado como excusa.
También conviene evitar una trampa: no se puede
decir simplemente “ni un euro a la concertada”. Si la concertada forma parte
del sistema educativo vasco y escolariza alumnado vulnerable, debe asumir
obligaciones reales. Pero entonces la financiación debe estar condicionada: transparencia,
cero cuotas encubiertas, escolarización equilibrada, control público y
resultados medibles.
Ayudar al alumno vulnerable, sí. Convertir la
vulnerabilidad en un cheque en blanco ideológico, no.
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