Talgo: el PP busca frenar la operación que convertiría la empresa en símbolo de la nueva política industrial vasca

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Hace apenas una semana celebrábamos que Euzkadi recuperaba peso industrial con la operación de rescate de Talgo, una empresa estratégica cuyo futuro peligraba tras el fracaso de la OPA húngara. La entrada de la SEPI —tras un acuerdo directo entre el lehendakari Imanol Pradales y Pedro Sánchez— desbloqueó una operación que permitirá trasladar la sede social de Talgo de Madrid a Álava y reforzar la apuesta vasca por la industria ferroviaria. Sin embargo, el Partido Popular ha comenzado a poner palos en las ruedas.

El grupo parlamentario popular ha registrado una batería de preguntas en el Congreso para exigir al Gobierno que haga públicos los informes en los que se ha apoyado la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para sumarse al consorcio vasco. Reclaman conocer tanto los criterios como los argumentos técnicos que avalan la operación.

El PP intenta proyectar la imagen de un rescate improvisado, fruto de un “apretón de manos” más que de una estrategia consensuada. Sin embargo, la realidad es que el fracaso de otras alternativas —como la entrada de Criteria o CAF— forzó al Gobierno Vasco a liderar una solución con riesgo, sí, pero también con visión a largo plazo. El compromiso del Ejecutivo central, especialmente en el aplazamiento de las sanciones de Renfe y la implicación de la SEPI, resultó clave para cuadrar una operación de más de 1.200 millones de euros.

Talgo, con una deuda superior a los 400 millones y una cartera de pedidos de 4.000 millones, necesita una reestructuración seria y no una batalla política. La intervención del PP, más que fiscalizar con responsabilidad, parece destinada a entorpecer un acuerdo que molesta a quienes prefieren un modelo centralizado y ajeno a la corresponsabilidad institucional.

Reflexión final:

La pregunta que queda en el aire es: ¿quién gana con una Talgo debilitada o troceada, y quién pierde si su centro de decisiones se traslada al País Vasco? Mientras el Gobierno Vasco asume riesgos por una política industrial activa y estratégica, el PP recurre a la táctica de la sospecha para debilitar una operación que no ha liderado. De nuevo, el uso partidista de las instituciones amenaza con frenar lo que debería ser un proyecto compartido de país.