Los pactos de la exclusión y sus consecuencias para Euzkadi

Los recientes pactos de gobernabilidad que, sucesivamente, están siendo firmados entre el Partido Popular y Vox en aquellas comunidades como Aragón, Castilla y León, Extremadura y más recientemente Andalucía suponen el rechazo frontal al reparto de menores no acompañados.

Cláusulas pactadas como vetos explícitos a la apertura de nuevas plazas, reducción drástica de recursos de acogida de los ya existentes, etc.etc. suponen blindar sus fronteras internas y dar la espalda, no ya al Decreto estatal sobre esta problemática, introduciendo medidas que numerosos juristas y organizaciones de defensa de la infancia consideran difíciles de conciliar con el principio del interés superior del menor recogido

Las directivas de la UE así como la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU son claras e insisten que la condición del menor y su protección deben prevalecer siempre sobre cualquier política de fronteras. Pero observamos que el Partido Popular con sus acuerdos, por motivos absolutamente espurios avanza hacia una insolidaridad institucional sin precedentes

Por mucho que se empeñen ambas formaciones políticas, las fronteras administrativas de una comunidad no van a detener las dinámicas migratorias. El ocultar un problema no lo resuelve. En este caso, invisibilizar a los menores no los hace desaparecer. Privados de una tutela efectiva o ante la perspectiva de un sistema asistencial precario y hostil se desplazan, por sus propios medios hacia otras comunidades, en este caso a Euzkadi.

Debido a un modelo de servicios sociales fortalecido y con una histórica responsabilidad con los derechos humanos se convierte en el destino final de un flujo migratorio desordenado. Prueba de ello las recientes noticias de que Euzkadi se está convirtiendo en el destino final de un número creciente de menores migrantes que en teoría, habían sido asignados ala Comunidad de Madrid en el marco del reparto de acogidos procedentes de Canarias. Según informa el Correo, medio centenar de estos jóvenes, en su mayoría de origen gambiano, han llegado en las ultimas semanas “por oleadas” a Bizkaia, algunos dias hasta tres de una vez.

Euzkadi mantiene cerca de un millar de menores bajo su protección, que no corresponde con la densidad poblacional en comparación con comunidades de mayor extensión territorial. La consecuencia directa de este fenómeno la asumen las tres Diputaciones Forales que ostentan la competencia directa de tutela

Mantener una red de centros de acogida con una ocupación del 150% de su capacidad exige una reordenación constante de los presupuestos para tal fin. Gastos no planificados en personal especializado, mediadores y programas de reinserción deben ser asumidas por las diputaciones.

El derecho internacional y la propia normativa vasca exigen una atención médica, una escolarización o formación profesional inmediata. Pudiendo causar sobresaturación de las plazas de educación secundaria y de los módulos de Formación Profesional en determinados municipios

La atención de estos jóvenes no debe terminan al alcanzar la mayoría de edad. A diferencia de otras comunidades las instituciones vascas han desarrollado programas para evitar que caigan en la exclusión social y la marginalidad. Y eso perpetúa la inversión pública

Euzkadi, el Gobierno español, reconociendo el esfuerzo y la labor de Euzkadi ha eximido, temporalmente a nuestro territorio d recibir nuevos grupos procedentes de Canarias.

Determinadas comunidades autónomas regidas por el PP, con el concurso de VOX ateniéndose a los acuerdos pactados en aras de poder conservar el poder, no pueden hacer de una obligación jurídica y humanitaria, un activo electoral de consumo interno.

El modelo vasco de bienestar no puede seguir asumiendo un sobreesfuerzo humano y económico, mientras otras comunidades se ponen de soslayo. Euzkadi no puede seguir pagando en solitario el cumplimiento de las directivas que sobre protección al menor están reconocidas, como señaláramos al principio, por las directivas de la UE así como la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU.

Ello no exime al Estado de su responsabilidad. La política migratoria corresponde al Gobierno central y la distribución de menores debe ir acompañada de financiación suficiente, planificación y mecanismos eficaces de seguimiento para evitar que unos territorios soporten cargas muy superiores al resto