La vivienda y el articulo 47 de la Constitución Española

El Articulo 47 de la Constitucion establece que corresponde a los poderes públicos garantizar el acceso a una vivienda digna. Determina con claridad que es responsabilidad de los poderes públicos garantizar el derecho constitucional a la vivienda asumiendo un coste presupuestario sostenido.

En Euzkadi, y ante falsos relatos, es conveniente recurrir a los datos públicos:

En 2024 el Gobierno Vasco destino 460,5 millones de euros a políticas públicas de vivienda

Eso supone, aproximadamente 206 euros por habitante, es decir, representa uno de cada cinco euros invertidos por las comunidades autónomas en vivienda en el conjunto del Estado, pese a que Euzkadi representa apenas el 5% del PIB estatal.

La Comunidad Autónoma Vasca triplica la media estatal en parque público de vivienda protegida y alcanza 17,7 pisos por cada 1.000 habitantes frente a las 6 de media en España

Además, la inversión vasca creció un 30,3% en 2024, frente al 6,4% de media estatal. Lo que determina que el problema estatal es presupuestario.

Ante un parque publico del 2-3%, el Ejecutivo estatal liderado por PSOE y SUMAR determina regular limites de renta, zonas tensionadas, presión fiscal sobre propietarios

Traslada la responsabilidad de los ejecutivos, que asi lo determina su propia constitución, a los propietarios, y a la inversión privada.Y, a la vez, mantiene un déficit estructural de política pública que dura décadas. 

El Estado invierte cuatro veces menos por habitante que Euzkadi en vivienda. Y cuando la inversión es baja, la regulación intensa puede convertirse en un populismo regulatorio que se limita a ofrecer soluciones políticas en vez de corregir ese déficit estructural previo.

Da la impresion que limitar precios es más sencillo que construir vivienda pública

En Euzkadi mas de 75.000 viviendas están protegidas, en torno al 20% del parque de viviendas con algún régimen de protección, Más del 40% de la vivienda protegida, en alquiler. con un sistema estructurado a través de Etxebide.

Cuando los datos se ponen en valor, reflejan la responsabilidad institucional del GV, frente al populismo regulatorio.